De acuerdo con los expedientes judiciales a los que ha tenido acceso Proceso, el empresario y amigo de los hijos del expresidente López Obrador, buscó que jueces y magistrados federales les dieran el trato de autoridades para frenar la divulgación de su nombre y actividad empresarial, pero no lo consiguió.
Octavio Martínez
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo. (apro).- El empresario Amílcar Olán Aparicio intentó frenar la divulgación de su nombre en plataformas digitales y silenciar a medios de comunicación a los que demandó por la vía del amparo, por la difusión de su actividad empresarial, presuntamente efectuada al cobijo del poder público y de su cercanía a Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López.
Señaló a las plataformas Google, Facebook, YouTube, TikTok y X, además de medios de comunicación como Aristegui Noticias, El Universal, Latinus y El Economista, y buscó que jueces y magistrados federales les dieran el trato de autoridades para frenar la divulgación de su nombre y actividad empresarial, pero no lo consiguió.
En total, fueron 14 medios a los que intentó bloquear su contenido en un litigio iniciado el año pasado.
Para ello recurrió a un amparo solicitado en Villahermosa, Tabasco, contra actos que señaló le han afectado a través de “la difusión y emisión de diversas publicaciones, tanto visuales como escritas, en medios electrónicos que atentaban contra el honor, decoro, vida privada y reputación”.
De acuerdo con los expedientes judiciales a los que ha tenido acceso Proceso, la solicitud fue rechazada el 14 de marzo de 2025, cuando magistrados del Tribunal Colegiado de Materia Administrativa de Villahermosa declararon improcedente la solicitud del empresario tabasqueño, al argumentar que los medios de comunicación y las plataformas digitales no cumplen con los requisitos para ser considerados autoridades contra quienes procede el juicio de garantías, según lo establecido en la Ley de Amparo.
Olán Aparicio, beneficiado con múltiples contratos millonarios ganados en los gobiernos federales y estatales de la 4T, alegó que los medios de comunicación mencionados no le han dado acceso a su derecho de réplica.
No obstante, los magistrados del citado tribunal señalaron que no había efectuado una solicitud formal por la vía judicial. Además, le advirtieron que el derecho de réplica está supeditado a las aclaraciones, no a la censura.
“Así el derecho de réplica se considera un mecanismo que no tiene como objetivo censurar opiniones o reparar agravios en un sentido de compensación económica, sino que al hacer alusión a información inexacta o falsa, debe entenderse como un mecanismo de tutela al equilibrio informativo, que requiere necesariamente que los datos o hechos publicados falten a la verdad o que, por su origen, por su forma de presentación o por su ubicación en los espacios dispuestos en un medio de comunicación, den la apariencia de objetividad cuando en realidad inducen a conclusiones equívocas o incompletas al haberse presentado de manera selectiva o haberse omitido información relevante”, se aprecia en el recurso de queja fallado del expediente 155/2024, con el que Olán Aparicio insistió en demandar a las plataformas digitales y medios de comunicación.
Olán y sus vínculos
Cercano a “Andy” y “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Amílcar Olán ha sido exhibido en la prensa por diversos contratos lucrativos obtenidos por sus empresas con los gobiernos de la llamada 4T.
El miércoles 16, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que no existe ninguna orden de aprehensión en su contra, tras señalamientos de estar presuntamente involucrado también con el tema del huachicol.
Proceso, en su edición mensual correspondiente a septiembre, publicó que Olán Aparicio adquirió departamentos de lujo en Puerto Cancún, en la zona hotelera de Cancún, con un costo superior a los 31 millones de pesos.
La adquisición la hizo en 2023, luego de ser beneficiado por el gobierno de la morenista de Quintana Roo, Mara Lezama, con un contrato para la compra de medicamentos, en una operación contractual de más de 295 millones de pesos.
Al año siguiente, desde Cancún, solicitó también un amparo contra la intervención de comunicaciones privadas que pudieran efectuar autoridades ministeriales y judiciales, tanto locales como federales, en su contra.
La justicia federal rechazó el recurso luego de que las autoridades federales y estatales negaron cualquier intervención de sus comunicaciones.
