Fernando Camacho, Enrique Méndez y Fabiola Martínez
De 2014 a 2025, cinco empresas con vínculos entre sí y simulando competencia recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos de organismos públicos locales electorales (OPLE), informó el titular del Órgano Interno de Control (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras.
Al comparecer en la Cámara de Diputados, señaló que las compañías involucradas tienen en común a los hermanos José Alfredo y Ray-mundo Hernández Casillas, entre otros, integrantes de una red que derivó esta semana en la renuncia de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, acusada de vínculos personales con ellos, a quienes habría favorecido con numerosos contratos.
Al detallar algunos de esos documentos y otras presuntas irregularidades de las compañías no sólo con los OPLE, sino con el propio INE, Carvente Contreras reveló que por los “casos mediáticos” conocidos en días recientes ya se inició un procedimiento de responsabilidad administrativa “por faltas graves” en contra de cinco personas, cuya identidad se reservó para no alterar –dijo– el debido proceso.
Asimismo, indicó que el OIC tiene un “expediente maestro”. Aunque fue extremadamente cuidadoso para no mencionar a los presuntos responsables, manifestó que se indagan irregularidades halladas desde mayo de 2025. En ese paquete hay, a su vez, cuatro carpetas abiertas por potenciales casos de conflicto de intereses y ocultamiento de esos conflictos.
En una primera exposición ante diputados de las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de Transparencia, el fiscalizador dio información sobre algunos de los expedientes abiertos, la mayoría relacionados con sobreprecios (por ejemplo, una adjudicación favoreció una oferta 26 millones de pesos superior a la propuesta de la empresa pública Talleres Gráficos de México), adjudicaciones directas sin la justificación que prevé la norma y otras, en las que se encontraron vínculos entre postores y servidores públicos e incluso contratos otorgados por servicios que podría realizar el personal del INE.
Aludió también a un caso que incluyó la contratación de un representante de las empresas del entramado como alto funcionario del instituto. No mencionó nombres, pero es sabido que se trata de Jesús Octavio García González, antes representante jurídico de provedoras de materiales electorales, quien fue nombrado encargado de despacho de la dirección ejecutiva de Administración del INE, del 24 de septiembre de 2025 al 15 de mayo del año en curso.
En las láminas presentadas, Carvente Contreras identificó a las empresas que han obtenido contratos por 2 mil 461 millones de pesos de los OPLE: Cajas Graf ingresó a estos beneficios en 2014 y hasta el corte de 2025 acumulaba contratos por mil 72 millones.
Corporativo ZEG empezó a firmar en 2016 y sumaba, nueve años después, convenios por 278.7 millones; Comercializadora JVLY aparece con uno en 2021 y otro más en 2024, para sumar 208.3 millones; Formas Finas y Materiales ingresó en 2017 y hasta el informe del año pasado tenía 815.9 millones, mientras Seriplast de México reportó uno en 2016 y otro en 2018, con una suma de 85.1 millones. Todo ello sólo en OPLE, porque presentó auditorías específicas del INE, aunque con idéntico patrón de las posibles irregularidades y delitos.
En otra imagen, el titular del OIC mostró la manera en que estas empresas se relacionan entre sí, también explicó que se ha documentado la relación de accionistas, apoderados y/o representantes.
Por ejemplo, José Alfredo Hernández Casillas aparece como accionista de Cajas Graf y Seriplast, mientras su hermano está en todas las compañías mencionadas.
Igualmente, se refirió al mecanismo identificado para obtener contratos: dos empresas de un mismo grupo presentan ofertas con precios excesivamente elevados, lo que incrementa artificialmente la mediana, de ahí que durante la licitación, al descalificarse la segunda empresa del grupo –por precios inflados y/o incumplimiento de requisitos técnicos– queda un único licitante que es declarado ganador.
Sin recursos humanos
Además de la concentración del mercado y la simulación de competencia y alza artificial de los precios, el OIC reportó colusión en licitaciones. Adicionalmente, las compañías no acreditan los recursos humanos para la producción de los materiales.
“Se advierte una problemática histórica y estructural del mercado electoral, ya que el mercado de materiales electorales revela un monopolio”, alertó a los legisladores. También les dijo que mientras no se ataque el origen de esta circunstancia y se genere un padrón de integridad empresarial y un esquema de precios, cada año el OIC seguirá fiscalizando lo mismo.
Prometió dar vista a las autoridades ministeriales apenas se tengan elementos para cerrar esta etapa, aunque dejó en claro que si bien el OIC se encarga de sustanciar los expedientes, toca fijar las sanciones al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo presidente, José Ramón Amieva, estaba sentado en un extremo de la mesa de la comparecencia.
Carvente Contreras indicó que los recientes “hechos noticiosos” corresponden apenas a 4 por ciento de las adquisiciones: 247.3 millones respecto de un universo de compras de 5 mil 341 millones.
Al final de la comparecencia se le preguntó si deben ser suspendidos los contratos del INE firmados con firmas de ese oligopolio, a lo cual respondió que se trata de una decisión de la dirección de Administración del órgano comicial.
Reporte de la ASF
Aparte, la ASF presentó –en comparecencia posterior– un informe en el que señala que de 2014 a 2026, un conjunto de ocho empresas facturó con entes públicos 8 mil 870.3 millones de pesos, 42.7 por ciento de los cuales corresponden específicamente a materiales electorales: 3 mil 360 con los OPLE y 430 millones con el INE.
Tanto en el reporte del OIC como de la ASF, el común denominador es José Alfredo Hernández Casillas, con transacciones que no sólo incluyen sobreprecios, sino también irregularidades básicas en datos patronales, como reducido e incluso nulo registro de trabajadores ante el IMSS.
