Tras la presentación de una denuncia de la Auditoría Superior ante la FGR, el vicecoordinador de Morena en San Lázaro llamó a esclarecer la presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos.
Redacción
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos durante el gobierno de Samuel García, en Nuevo León, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal por estas operaciones.
En un pronunciamiento difundido este domingo 1 de noviembre, el legislador se refirió al presunto esquema como “la estafa regia” y acusó al mandatario estatal de convertirse en el “rey de la triangulación de recursos públicos y la facturación falsa”.
“La justicia debe llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar los nombres, los cargos ni los partidos políticos”, sentenció.
Por ello, vinculó sus exigencias de investigación con una iniciativa de reforma constitucional que presentó el pasado 30 de octubre para eliminar el fuero y fortalecer los procedimientos de juicio político contra servidores públicos.
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De acuerdo con la información de la ASF retomada por Ramírez Cuéllar, se identificaron cuatro rutas de transferencias de recursos públicos a través de distintas empresas, mediante las cuales 928.13 millones de pesos habrían llegado a un despacho jurídico relacionado con el gobernador y su padre.
Reportes periodísticos previos habían reportado que el desglose de estas operaciones habría ascendido a al menos 728 millones de pesos.
El diputado sostuvo que estos señalamientos no pueden reducirse a una confrontación política, pues involucran el posible uso del presupuesto público para favorecer intereses particulares.
Por ello, demandó que la FGR investigue las rutas del dinero, identifique a los beneficiarios finales, determine la legalidad de las operaciones y, en caso de acreditar conductas delictivas, proceda contra los responsables.
“La exigencia es clara: investigaciones rápidas, exhaustivas e independientes, sin encubrimientos ni privilegios para nadie. Ningún gobernador, legislador, funcionario público o empresario puede colocarse por encima de la ley. Los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía y deben destinarse al bienestar colectivo, no al enriquecimiento de particulares ni a la consolidación de redes de intereses políticos y económicos”, declaró.
Busca eliminar el fuero y fortalecer el juicio político
En el mismo pronunciamiento, Ramírez Cuéllar informó que el viernes 30 de octubre presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar el artículo 109 de la Constitución, con el propósito de eliminar el fuero y fortalecer los mecanismos de responsabilidad política de los servidores públicos.
Explicó que la propuesta busca impedir que los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad paralicen los procedimientos de juicio político o impidan ejecutar las sanciones correspondientes.
El legislador sostuvo que las modificaciones permitirían agilizar estos procesos sin menoscabar el derecho a la defensa ni el control constitucional.
“Quien recibe el mandato de la ciudadanía asume una responsabilidad mayor frente al pueblo, no adquiere privilegios para evadir la justicia. Ningún cargo público puede servir de protección frente a posibles actos de corrupción. Por eso estamos impulsando cambios para que el juicio político no sea letra muerta, para que las sanciones se cumplan y para que nadie, absolutamente nadie, esté por encima de la ley”, expresó.
También señaló que impulsa iniciativas contra la facturación falsa y el huachicol fiscal, mediante las cuales busca fortalecer la supervisión de proveedores del sector público, identificar empresas sin capacidad económica real, mejorar el seguimiento de los recursos y detectar operaciones simuladas.
Los antecedentes de sus señalamientos contra Samuel García
Las acusaciones de Ramírez Cuéllar contra el gobernador de Nuevo León no son nuevas. Recordó en su comunicado que desde el 17 de octubre de 2025, durante la discusión de la Ley de Ingresos para 2026, había advertido públicamente sobre el presunto involucramiento de García en esquemas de facturación falsa.
En esa ocasión, desde tribuna en la Cámara de Diputados, señaló al mandatario estatal y pidió a las autoridades actuar contra quienes incurrieran en la simulación de operaciones y la emisión de facturas por servicios inexistentes.
Después, el 29 de julio de 2026, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para solicitar a la ASF una auditoría integral de los recursos federales transferidos y ejercidos por el Gobierno de Nuevo León, particularmente los relacionados con contratos de prestación de servicios y ejecución de obra pública.
La propuesta fue aprobada por el Pleno de la Comisión Permanente el 19 de agosto y, según consideró el legislador morenista, la ASF atendió esa exigencia de fiscalización y realizó una revisión cuyos resultados derivaron en la presentación de una denuncia penal ante la FGR.
