Hay una frase que escuchamos con frecuencia: “la política es para servir a la gente”. Y sí… en teoría, ese debería ser su propósito. Pero ¿qué pasa cuando la política deja de ser un servicio y se convierte en un negocio particular?…
Yo creo que ahí comienza uno de los problemas más graves de cualquier sociedad.
Porque un cargo público no debería ser una oportunidad para enriquecerse, para colocar familiares, para beneficiar amigos, para conseguir contratos o para utilizar el poder en beneficio propio. Un cargo público es una responsabilidad que se recibe temporalmente… no una propiedad personal.
Y cuando alguien llega al gobierno y empieza a utilizar su posición para favorecer sus propios intereses, algo cambia. Ya no estamos hablando solamente de política. Estamos hablando de intereses particulares utilizando recursos y poder que pertenecen a todos.
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Lo preocupante es que muchas veces esto no ocurre de manera evidente. No siempre aparece alguien llevándose una bolsa de dinero. A veces ocurre mediante contratos dirigidos, puestos para personas cercanas, permisos especiales, favores políticos o decisiones que benefician a unos cuantos.
Y mientras unos ganan… alguien más termina pagando.
Lo paga el ciudadano cuando una obra cuesta mucho más de lo que debería. Lo paga cuando un servicio público funciona mal. Lo paga cuando se desperdicia dinero que podría utilizarse en hospitales, escuelas, seguridad o infraestructura.
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Yo no creo que la política sea mala por naturaleza. Al contrario. La política puede ser una herramienta extraordinaria para transformar una sociedad. El problema aparece cuando la ambición personal sustituye al interés colectivo.
Porque gobernar debería significar administrar lo que es de todos.
El dinero público no pertenece al político.
Los edificios públicos no pertenecen al funcionario.
Los programas sociales no pertenecen al partido.
Y los recursos del gobierno tampoco son propiedad de quien ocupa temporalmente un cargo.
Todo eso pertenece a la sociedad.
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Por eso, cuando la política se convierte en negocio particular, no solamente se pierde dinero. También se pierde algo mucho más difícil de recuperar: la confianza.
Y cuando la gente deja de confiar en sus instituciones, comienza a pensar que todos los políticos son iguales, que nada puede cambiar y que participar no sirve para nada.
Y eso también es peligroso.
Porque una sociedad que deja de exigir cuentas… termina dejando el camino libre a quienes quieren utilizar el poder para beneficio propio.
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Yo pienso que la política debería medirse de una manera muy sencilla: preguntándonos quién se beneficia con una decisión.
¿Se beneficia la comunidad?
¿Se beneficia la mayoría?
¿Se resuelve realmente un problema?…
¿O solamente se beneficia quien tomó la decisión y su círculo cercano?
Esa pregunta puede revelar muchas cosas.
Porque servir a los demás y servirse de los demás son dos cosas completamente diferentes.
Y entre ambas existe una frontera que nunca debería cruzarse.
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La política debería ser una responsabilidad, no un negocio.
Porque cuando alguien entra a la política para servir, deja una obra.
Pero cuando entra para servirse… deja una factura.
Y esa factura, tarde o temprano, la termina pagando la sociedad.
