Entrevista a César Del Pardo por Matthew Furlong, investigador de la Universidad de Chicago.
Segunda Parte
LOS MOCHIS, México — Un movimiento social iniciado en el noroeste de México tras la crisis financiera de 2008 desencadenó una ola masiva de ocupación informal que hoy afecta a cientos de miles de inmuebles en el país, en medio de una cartera vencida bancaria y millones de fincas abandonadas, afirmó el codirector de la Central Unitaria de Vivienda (CUV), César del Pardo.
De acuerdo con el dirigente, la organización surgió en Los Mochis, Sinaloa, tras la interrupción de un desalojo en 2008. El incidente derivó en la creación del Frente Nacional en Defensa del Patrimonio Familiar en 2009, entidad por la cual Del Pardo y el activista Juan Murguía Franco fueron arrestados bajo cargos de despojo y daño en propiedad ajena en perjuicio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Tras ser liberados, los activistas conformaron la Coordinadora Nacional en Defensa de la Vivienda Popular en 2011, que posteriormente cambió su nombre a Central Unitaria de Vivienda.
Del Pardo señaló que, tras una serie de protestas en el palacio municipal de Los Mochis, miembros del grupo y residentes locales ocuparon unas 4,000 viviendas en un periodo de seis meses. Las acciones se extendieron posteriormente a municipios como Culiacán, Mazatlán, Ciudad Obregón, Tijuana y la Ciudad de México.
Según estimaciones de la CUV, actualmente existen alrededor de 1.2 millones de viviendas ocupadas irregularmente en territorio nacional. Datos oficiales citados por la organización indicaban la presencia de hasta cinco millones de inmuebles deshabitados en México para el año 2018.
El dirigente explicó que el problema se originó por la quiebra de empresas desarrolladoras que sobreconstruyeron vivienda de interés social antes de 2008 y posteriormente vendieron la cartera vencida a instituciones bancarias internacionales, entre ellas JP Morgan.
Respecto al panorama actual, Del Pardo sostuvo que la eliminación de subsidios federales directos a la vivienda después de 2018 y la insuficiencia de los montos de crédito del Infonavit han mantenido la paralización en la construcción del sector social.
A nivel estatal, las respuestas institucionales han variado. Mientras en Sonora se planteó una propuesta de reforma legal para regularizar la estancia de los ocupantes, en Sinaloa la Comisión Estatal de Vivienda ha destinado fondos públicos para la adquisición directa y recuperación de fincas deshabitadas.
Texto original de la entrevista:
Matthew Furlong (MF): Eres codirector nacional de la Central Unitaria de Vivienda (CUV), una organización por el derecho a la vivienda fundada en Los Mochis, Sinaloa. ¿Qué tuvo de particular esa región y tu relación con ella para que la CUV surgiera precisamente ahí?
César del Pardo (CP): Todo comenzó después de 2008. En ese entonces yo ya me había retirado de la lucha popular. En 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, eso tuvo repercusiones en México. Ese mismo año estaban desalojando a un vecino mío. Entonces organizamos espontáneamente una resistencia, evitamos el desalojo y terminamos con un documento emitido por el juez que yo analicé. Ese análisis que elabore empezó a circular por todo México.
Después me buscó un periodista llamado Javier Valdez Cárdenas, una figura muy importante de La Jornada y autor de varios libros sobre los narcos en Sinaloa. Y precisamente ahí, en Sinaloa, fue asesinado por el Cártel de Sinaloa. Bueno, ese análisis se publicó en la primera plana de La Jornada y fue reproducido por prácticamente todos los medios nacionales.
En realidad, fue una entrevista basada en el análisis que yo había escrito previamente.
Después de eso comenzaron a buscarme distintos grupos que estaban resistiendo el despojo por parte del Infonavit y formamos el Frente Nacional en Defensa del Patrimonio Familiar. Eso fue en 2009. Inmediatamente después de formar el Frente nos detuvieron: a Juan Murguia Franco lo detuvieron en Ciudad Obregón y a mí en Hermosillo. Nos encarcelaron y posteriormente nos liberaron.
MF: ¿Cuáles fueron los cargos?
CP: Los cargos fueron daño en propiedad ajena del Infonavit y despojo de inmueble. Después de esa ola de represión decidimos formar otro grupo: la Coordinadora Nacional en
Defensa de la Vivienda Popular, que se consolidó en 2011.
Al año siguiente, en 2012, hubo elecciones nacionales en México. Era el momento en que salía Calderón y entraba Peña Nieto. En ese contexto surgió un movimiento encabezado por jóvenes llamado YoSoy132. Uno de sus dirigentes era Juan Francisco Soltero Sánchez; otro era Norberto Soto y, por supuesto, muchos otros jóvenes. Muchos de ellos estudiaron con nosotros y terminaron integrándose a la Coordinadora Nacional en Defensa de la Vivienda Popular.
Entonces asumimos la responsabilidad de registrar legalmente esa organización. Sin embargo, el gobierno de Sinaloa contrató a unas personas para registrar ese nombre. Cuando nos dimos cuenta de que ya habían registrado el nombre de Coordinadora Nacional en Defensa de la Vivienda Popular, dijimos: “¡Ni modo!”. Entonces decidimos cambiar el nombre por el que hoy conocemos: Central Unitaria de Vivienda. Entendemos la CUV como un grupo frentista que unifica y articula otras fuerzas.
MF: Ese contexto es muy útil. Pero quisiera regresar a mi pregunta inicial: ¿cuál fue la importancia específica de Ahome para los orígenes del grupo?
CP: Antes de 2008 yo era un dirigente de luchas populares muy conocido en Sinaloa, y especialmente en Ahome; al grado de que algunos querían que fuera candidato a presidente municipal. Ahí tenía una base importante de apoyo popular, y todavía la tengo.
MF: ¿Ese apoyo era resultado de tu participación previa en la lucha popular antes de que te “retiraras”?
CP: Sí. Yo empecé en la lucha popular cuando tenía dieciocho años, en la región de Los Mochis. Debido a participaciones como la mía existía una memoria histórica de las luchas populares. Sabíamos que, si en la década de 2010 nos volvíamos a presentar públicamente, esa memoria iba a resurgir y la gente nos iba a reconocer.
Después de 2009, cuando nos detuvieron, tuve que salir de Sonora porque el gobernador Guillermo Padrés Elías me amenazó. Así que Sali huyendo con mis dos hijos a Chihuahua; después pasé de Chihuahua a Durango y permanecí ahí durante dos años. En una reunión de la CUV en Durango, los compañeros me animaron a volver a aparecer públicamente en Sinaloa y Sonora. En ese tiempo yo seguía escribiendo comunicados, pero sin mostrar mi rostro. Entonces fuimos a Los Mochis y participamos en una marcha. Después apareció un editorial en Debate que decía: “Alerta: César del Pardo ha llegado a Los Mochis.”
MF: ¡Qué honor! [Risas]
CP: Sí, pero entonces los empresarios empezaron a decir que ahora la gente tenía que proteger sus propiedades porque venía una ola de invasiones. Era un artículo con un tono como de: “¡Ha llegado Robin Hood!”,
Cuando los Desarrolladores de vivienda se reunieron con el gobierno, vieron una oportunidad para detenerme y hubo un intento de detenerme en el palacio municipal de Los Mochis. Pero organizamos muy bien la protesta porque llenamos el palacio municipal de gente. Así que cuando yo entré, nadie se dio cuenta de la cantidad de personas que había ahí. Estaban el presidente municipal y otros funcionarios electos, pero nadie dimensionó cuánta gente estaba presente.
MF: ¿Estamos hablando de cientos de personas? ¿Miles?
CP: Miles. Además, todo el palacio municipal estaba rodeado. Cuando finalmente la policía intentó detenerme, la gente dijo que, si lo hacían, iban a quemar el palacio municipal.
Entonces la policía dijo: “No, mejor déjenlo ir.” Durante los días siguientes se acostumbraron a mi presencia, pero en ese periodo también surgieron nuevos dirigentes; en particular, varias mujeres que yo había conocido veinte o treinta años antes. Regresaron a la actividad política y hoy son directoras de la CUV. También surgieron jóvenes dirigentes, como Juan, pero la mayoría fueron mujeres. En menos de seis meses invadimos cuatro mil casas. Esa es una cifra histórica. En ninguna parte de México se había visto una cantidad semejante de invasiones.
Después vino un efecto dominó. Las invasiones se extendieron a Culiacán, Sonora y la Ciudad de México, hasta el punto de que ya era imposible detenerlas. Las primeras fichas del dominó en caer fueron Culiacán, Ciudad Obregón y Mazatlán; era la señal de que la situación se había salido de control.
Cuando llegamos a Tijuana y a la Ciudad de México, ahí también ya estaba todo invadido. Cuando fuimos a la Ciudad de México ya había miles y miles de personas ocupando casas invadidas. Los efectos de nuestras acciones fueron sutiles y silenciosos porque nadie logró controlar las invasiones. Nosotros fuimos los autores intelectuales de la inspiración para las invasiones, pero no pudimos articularlas porque el fenómeno era masivo. No es como en España, por ejemplo, donde existe una economía formal fuerte y, por lo tanto, los trabajadores pueden hacer demandas al gobierno que permiten formar organizaciones amplias, incluso grupos como Podemos. Quienes no lograban organizarse se integraban a lo que allá llaman las ocupaciones. En nuestro caso no fue algo espectacular, pero sí fue algo que nadie pudo controlar.
MF: Me gustaría dar un paso atrás para hacerte una pregunta sobre lo que describiste como la reactivación de participantes de luchas sociales anteriores. Cuando hablas de esas luchas anteriores, ¿te refieres a personas que participaron en invasiones de tierra?
CP: Sí, invasiones planificadas. En los años setenta y ochenta hubo invasiones masivas de terrenos. Estamos hablando de alrededor del setenta por ciento de las colonias populares que hoy ves en México. La izquierda las organizó.
Por ejemplo, en Los Mochis hubo una colonia popular que se formó con el nombre de Rubén Jaramillo, en referencia al dirigente zapatista asesinado por el gobierno de López Mateos. Esa invasión fue exitosa. Fueron invasiones masivas. Después de ese vino otra, llamada 28 de Julio, que también fue masiva. Los dirigentes de esas invasiones provenían de la izquierda: gente del Partido Comunista, trotskistas y otros grupos. Las últimas invasiones de tierra ocurrieron en los años noventa. Ésas fueron las últimas.
En los años dos mil y dos mil diez, los desarrolladores empezaron a adoptar el modelo expansivo de vivienda para trabajadores. Una de las tácticas de los desarrolladores —lo que utilizaron estratégicamente— fue hacerse de toda la tierra: comprarle terrenos al gobierno, a los estados y a particulares. Empezaron a construir, a sobreconstruir, produciendo mucha más vivienda de la que realmente existía como demanda, exactamente igual que en Estados Unidos.
Cuando esos desarrolladores quebraron, vendieron sus propiedades a bancos como JP Morgan. Entonces, cuando la gente empezó a invadir casas, ya no estaba ocupando únicamente viviendas propiedad del Infonavit, sino también viviendas propiedad de los bancos. Ahora estamos en una situación en la que existen 1.2 millones de casas o propiedades invadidas, y esa es una estimación conservadora porque no existe precisión al respecto. En 2018 el gobierno todavía hablaba de cinco millones de viviendas abandonadas. Cinco millones son más viviendas que todas las casas existentes en los cinco países de Centroamérica juntos.
Es irónico hablar de un déficit de vivienda cuando existen cinco millones de viviendas abandonadas. Así que seguimos viviendo un periodo de crisis, en el que los desarrolladores ya no construyen vivienda de interés social. El Infonavit dice: “Tenemos quinientos mil derechohabientes que quieren utilizar su crédito de vivienda”. Sin embargo, esos créditos ya no alcanzan para comprar una vivienda de interés social, ya que el subsidio federal a la vivienda desapareció después de 2018.
Ahora López Obrador viene con su propio modelo de vivienda. Están diciendo: “Vamos a juntar al gobierno, a los bancos y a los desarrolladores para construir vivienda de interés social”. Pero ¿dónde la van a construir ahora? En tu terreno, en tu propiedad ya existente. En realidad, están explorando esa opción porque ya no les queda otra. Los desarrolladores no quieren construir. Pero aun si este nuevo modelo tan extraño llegara a funcionar, terminará fracasando porque siguen utilizando hipotecas subprime.
MF: Mi pregunta ahora es la siguiente: cuando hablas de que, después de 2008, la gente empezó a invadir casas, ¿eso fue una estrategia colectiva o fue algo espontáneo?
CP: No, no fue una estrategia. Fue consecuencia de la falta de vivienda y del enorme número de casas abandonadas. En 2009 tuvimos un enfrentamiento con Víctor Manuel Borrás [entonces director del Infonavit]. Nosotros le dijimos: “Si ustedes siguen desalojando gente, van a provocar una crisis de viviendas abandonadas y eso va a derivar en un problema de viviendas invadidas.” Él nos respondió: “Si ustedes invaden casas, los vamos a meter a la cárcel.” Eso nos lo dijo a Juan Murguia y a mí en las oficinas centrales del Infonavit, en la Ciudad de México.
Nosotros le contestamos: “Creemos que sí nos van a meter a la cárcel, pero eso no les va a servir para evitar las invasiones.” Tomemos el caso de Sinaloa. Muy aproximadamente, estamos hablando de unas veinte mil casas invadidas. El problema de la vivienda en México es muy serio. No tiene las mismas características que el problema de vivienda en Europa o en Estados Unidos, precisamente porque aquí no existe una economía formal fuerte.
Lo que ha sucedido es que entre el cinco y el diez por ciento de las viviendas abandonadas quedaron en un limbo. No pertenecen a los fideicomisos, ni a los desarrolladores quebrados, ni al gobierno, ni realmente a nadie. Cuando esto ocurrió en España, ¿qué hizo España? Reformó la legislación para otorgar cierto grado de seguridad jurídica a los ocupantes. Entonces, en Sonora, yo le propuse al gobernador que buscáramos una manera de permitir que quienes ocupaban viviendas también pudieran permanecer en ellas.
Actualmente Sonora no lo permite y sería necesario modificar la legislación nacional. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, Sonora tiene la legislación más avanzada en este tema. En términos operativos, el modelo más avanzado está en Sinaloa, donde el estado ha destinado recursos para comprar viviendas recuperadas. La Comisión Estatal de Vivienda está haciendo eso con recursos del propio estado.
