Por Matthew Furlong
Entrevista y análisis político-social
Un choque contra la opacidad institucional
En febrero de 2024, la escena a la salida de las oficinas centrales del Infonavit en la Ciudad de México reflejaba una frustración añeja. César del Pardo Escalante, codirector nacional de la Central Unitaria de Vivienda (CUV), abandonaba el edificio tras tropezar nuevamente con el hermetismo burocrático.
Del otro lado del escritorio, un delegado del instituto estatal había esquivado las solicitudes de la CUV para obtener datos sobre embargos hipotecarios y desalojos. “Ni yo conozco esos números a menos que los necesite por una razón concreta”, argumentó el funcionario al escudarse en la protección de datos personales.
Para del Pardo, la maniobra era harto conocida: el mayor originador hipotecario de América Latina afirmaba no saber —o no poder revelar— a cuántas familias estaba desplazando.
Sin embargo, el reclamo de la CUV iba más allá de la transparencia. La organización exigía detener un modelo en el que las casas embargadas eran transferidas a comercializadoras privadas para ser rehabilitadas y reintroducidas al mercado a precios inaccesibles para las familias que ya las habitaban. La propuesta de la CUV era clara: las viviendas recuperadas debían venderse directamente a sus ocupantes actuales y repararse después.
La crisis del abandono y las grietas de la política habitacional
El debate no es menor. El Censo de 2010 reveló una cifra alarmante que sacudió al país: 5 millones de viviendas desocupadas, una cantidad casi equivalente a la totalidad de las casas construidas durante la década previa de expansión inmobiliaria de interés social impulsada por créditos subprime. Para el Censo de 2020, la cifra superó los 6 millones de inmuebles abandonados.
El conflicto por el control de la vivienda de bajos ingresos, abandonada o embargada, toca la fibra sensible del país: el derecho práctico de las y los mexicanos a habitar sus ciudades con dignidad financiera.
“Quien controla las viviendas abandonadas y embargadas en el país determina si las familias trabajadoras tienen o no el derecho real a vivir en sus ciudades.”
Aunque en 2024 la propuesta parecía congelada en los pasillos administrativos, el escenario dio un giro dos años después. En junio de 2026, durante un encuentro en Sonora, del Pardo detalló la puesta en marcha de “Alianza Para la Vivienda”, un programa piloto del Infonavit que comienza a incorporar elementos clave de las exigencias históricas de la CUV.
Memoria colectiva y pragmatismo: La evolución de la lucha social
La CUV surgió en el calor de la resistencia posterior a la crisis financiera global de 2008, defendiendo a familias del noroeste de México ante desalojos e impagos. César del Pardo atribuye la versatilidad táctica de la organización a su formación en las luchas populares urbanas y la política comunista de los años 70 y 80 en Sinaloa, particularmente en Los Mochis.
Si bien la política habitacional de la extrema izquierda del siglo XX se centraba en la “invasión” organizada de terrenos periféricos, el contexto actual demanda nuevas herramientas:
- Estrategia dual: La CUV mantiene la capacidad de movilización mediante manifestaciones, litigios, tomas de oficinas públicas u ocupación de tierras.
- Institucionalización y regularización: Al mismo tiempo, colabora con gobiernos locales y agencias de vivienda para elaborar padrones, diagnosticar la certeza jurídica de los inmuebles y traducir la posesión irregular en derechos reconocidos legalmente.
De la toma de tierras a la regularización de la vivienda abandonada dejada por quiebras inmobiliarias y carteras vencidas, la trayectoria de la CUV y de figuras como César del Pardo ofrece un espejo indispensable para entender cómo se reconfigura hoy el derecho a la ciudad en el México contemporáneo.
Quien es Matthew Furlong?
Matthew Furlong es profesor de Antropología y del Programa de Honores de la Universidad de Illinois en Chicago. Su investigación y docencia abordan cuestiones de vida urbana, economía política y migración, con especial énfasis en la vivienda pública y la infraestructura en México y la zona fronteriza entre Estados Unidos y México. Basándose en un extenso trabajo de campo etnográfico en ciudades como Tijuana y Querétaro, explora cómo las infraestructuras urbanas configuran las experiencias de las personas en materia de vivienda, deuda, gobernanza y movilidad.
Su trabajo ha aparecido en revistas como Envaronen and Planning C: Politics and Space, así como en español en un volumen editado sobre zonas fronterizas latinoamericanas publicado por Teseo Press (Buenos Aires). Antes de incorporarse a la UIC en 2024, fue becario postdoctoral e instructor en el Centro Pozen para los Derechos Humanos de la Universidad de Chicago. En la UIC, ha impartido cursos sobre Geografía Económica, Vivienda Asequible y El Medio Oeste como Zona Fronteriza, e integra regularmente la investigación participativa, la historia oral y la cartografía digital en su docencia de pregrado.
