Actualmente es a través del Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno del Estado que se cumplen los compromisos con sus proveedores
Santiago García C.
05 Marzo, 2026.
Hermosillo, Sonora.- El diputado del Partido del Trabajo, René Edmundo García Rojo, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado para que este Poder cuente con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) propio ante el SAT, contar con una autonomía administrativa que no la hay ya que actualmente es gasto de sus compromiso se hace a través del registro del Gobierno del Estado.
El legislador señaló que en otras entidades del país, algunos Congresos Legislativos ya cuenta con un Registro Federal de Contribuyes propio y operan directamente sus obligaciones administrativas ante las autoridades competentes permitiéndoles fortalecer el cumplimiento directo sus responsabilidades fiscales.
“La experiencia comparada demuestra que esta práctica no rompe la coordinación institucional con el Poder Ejecutivo sino que ordena y clarifica responsabilidades. La reforma que se propone no altera el equilibrio entre poderes ni genera ruptura institucional, por lo contrario, reafirma el principio de división de poderes desde una perspectiva técnica y administrativa garantizando que cada poder del estado asuma de manera directa las responsabilidades que les corresponden”.
Dijo que la autonomía administrativa no es un privilegio sino una responsabilidad que exige reglas claras, procedimientos definidos y mecanismos formales que respalden su ejercicio.
“La presente iniciativa responde a una lógica de modernización institucional, ordenar lo que ya se ejerce y reconocer lo que corresponde y establecer con claridad las bases jurídicas que permitan al Poder Legislativo cumplir con una función con mayor eficiencia, transparencia y responsabilidad. No se busca confrontar sino consolidar, no se pretende duplicar funciones sino precisar competencias, no se trata de generar burocracia sino de fortalecer la estructura administrativa del Poder Legislativo en beneficio del interés público”.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.
