Auditoría señala dificultad para conocer con precisión cómo se contrató deuda y quién autorizó movimientos durante el último año del gobierno de AMLO
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que, durante el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Manuel Bartlett Díaz al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no se actualizó el manual interno que regula la gestión financiera de la empresa, lo que dificultó conocer con precisión cómo se contrató deuda y quién autorizó esos movimientos.
De acuerdo con la segunda entrega de la Cuenta Pública 2024, esta omisión limita la transparencia y el control interno de la CFE, pues no existe un procedimiento claro ni se ha identificado el área responsable de autorizar y formalizar los financiamientos.
“No se evidenciaron las actividades para la actualización del Manual de Procedimientos de Planeación Financiera, que permitieran verificar la integración del procedimiento de contratación de certificados bursátiles a corto plazo, ni la descripción del área encargada de elaborar y enviar los oficios de asignación de pasivos financieros”, se lee en el documento oficial.
Esta falta de actualización representa una debilidad en la rendición de cuentas y en la trazabilidad de las operaciones financieras de la empresa pública, que en 2024 mantuvo niveles de endeudamiento significativos.
Ese año, la CFE contó con su Propuesta Global de Financiamiento, aprobada por su Consejo de Administración, la cual estableció un monto de endeudamiento neto interno de hasta 600 millones de pesos y un endeudamiento neto externo de hasta mil 188 millones de dólares, cifras que fueron enviadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para su incorporación en la Ley de Ingresos de la Federación.
Al cierre del ejercicio fiscal, el saldo de la deuda reportado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024 ascendió a 419.5 mil millones de pesos, integrado por 58.3 mil millones de pesos en deuda de corto plazo y 361.2 mil millones en deuda de largo plazo, cantidades que coincidieron con lo reportado en la Cuenta Pública 2024.
