De las escasas irregularidades detectadas, prácticamente todas –el 90%– fueron encontradas en malas gestiones de gobiernos estatales, y casi ninguna en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en su último año de gestión.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La segunda entrega de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relativa a la revisión de los recursos federales erogados en la Cuenta Pública 2024 tiene, de nueva cuenta, el sello de su titular David Colmenares Páramo: en las miles de páginas de los 546 informes dados a conocer hoy, el ente fiscalizador determinó irregularidades por apenas 5 mil 100 millones de pesos, un monto equivalente al 0.13% de los 3 billones 933 mil millones de pesos que revisó.
De las escasas irregularidades detectadas, prácticamente todas –el 90%– fueron encontradas en malas gestiones de gobiernos estatales, y casi ninguna en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en su último año de gestión. Y no solo esto: en una sola auditoría a la administración del entonces gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, la ASF encontró irregularidades por mil 78 millones de pesos.
Los otros 4 mil millones de pesos de presuntos daños a la Hacienda Federal se repartieron en los 545 informes de auditorías restantes, aunque en cientos de ellos no se determinó un solo peso por aclarar. Al presentar su informe, David Colmenares presumió que “los gobiernos de la Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas no registraron montos por aclarar, lo que constituye un reconocimiento a su buen desempeño”.
A lo largo de su gestión David Colmenares Páramo ha sido señalado por vaciar a la ASF de su rol como actor central de la lucha contra la corrupción, y por convertirla en una oficina eminentemente política, donde él y su equipo negocian con gobiernos para realizar auditorías “a modo”, intercambian favores con líderes de los partidos, y hacen gestiones para quedar bien con el poder, como lo ha documentado Proceso en meses recientes.
Este modus operandi se repitió en esta entrega. Un ejemplo: la ASF publicó una auditoría forense a los gastos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), una instancia del antiguo Poder Judicial de la Federación (PJF) que en 2024 era presidido por Norma Piña Hernández, quien era considerada por López Obrador y el oficialismo como una enemiga del régimen. En un informe de 138 cuartillas, donde revisó con lupa los contratos, la ASF le encontró irregularidades que derivaron en 34 acciones y un monto 272 millones 437 mil pesos por aclarar.
En contraste, la misma ASF auditó la gestión financiera de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, ambas controladas por Morena y por sus respectivos líderes, Ricardo Monreal Ávila y Adán Augusto López Hernández. Tras revisar más de 11 mil millones de pesos de erogaciones, el ente fiscalizador no encontró un solo centavo mal gastado.
Esto sucedió en decenas de auditorías, donde los auditores revisaron miles de millones de pesos sin encontrar ningún problema: fue el caso entre otros en la revisión a los 9 mil millones de pesos gestionados por la paraestatal Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V., en los 6 mil 190 millones de pesos erogados por el FONATUR para el Tren Maya, o en los 32 mil 481 millones de pesos pagados a través del programa Sembrando Vida.
