Fernando Camacho y Enrique Méndez
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió este miércoles a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, con el propósito de cambiar el concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada”, así como para fomentar la cooperación de las instituciones que otorguen créditos habitacionales para los trabajadores.
También se establece en la propuesta de la mandataria que dichos organismos “podrán adquirir, rehabilitar y construir viviendas, demoliciones y realizar financiar la autoproducción de vivienda”, para garantizar ese derecho humano.
De esta manera, se busca dotar a las instituciones del sector “de las herramientas normativas necesarias para contribuir a subsanar la insuficiencia de vivienda social”.
En el texto, de 130 páginas, se recordó que en 2024 se aprobó la reforma a los artículos 4º y 27 de la Constitución para instituir el concepto de “vivienda adecuada”, y así armonizar su contenido con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El texto de la iniciativa subraya que entre los elementos que debe cumplir una vivienda adecuada están la accesibilidad; la adecuación cultural; la asequibilidad; la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; la habitabilidad; la seguridad en la tenencia, y la ubicación.
El proyecto enviado hoy a San Lázaro por la mandataria y que se dio turno a comisiones, agrega al artículo 6 de la Ley de Vivienda que deben incorporarse estrategias que fomenten la concurrencia de los sectores público, social y privado, “así como de los organismos e instituciones que otorguen crédito, financien, ya sea por sí o por terceras personas, o construyan vivienda para las personas trabajadoras o para cualquier persona que busque resolver sus necesidades de vivienda”.
Además, se especifica que “para hacer efectivo el derecho a la vivienda adecuada de las personas trabajadoras, dichos organismos e instituciones podrán adquirir, rehabilitar y construir viviendas, demoliciones y realizar financiar la autoproducción de vivienda, así como adquirir o urbanizar terrenos destinados a formar unidades habitacionales, con los recursos de sus fondos, para enajenar o arrendar viviendas”.
Lo anterior, para generar “las condiciones adecuadas que permitan a las personas trabajadoras obtener un crédito barato y suficiente”.
Asimismo, se indica que las instituciones “podrán transmitir bienes inmuebles y las unidades privativas con uso distinto a vivienda, de su propiedad, conforme a las disposiciones que al efecto se establezcan. Los conjuntos habitacionales que, en su caso, se construyan, rehabiliten o adquieran podrán incluir unidades privativas destinadas a servicios complementarios”.
En la exposición de motivos del documento, la mandataria subrayó que la iniciativa busca “incorporar el concepto de vivienda adecuada con los elementos que lo integran, y robustecer la coordinación institucional con los organismos encargados de hacer efectivo el derecho a la vivienda de las personas trabajadoras, regulando en la Ley de Vivienda los instrumentos conceptuales, institucionales y operativos que permitan materializar el derecho humano a la vivienda adecuada para toda persona”.
