La noticia de la semana que hoy inicia volverá a ser la Universidad de Sonora. Mañana martes, el sindicato de académicos (STAUS) decidirá en asamblea general si estalla la huelga. El sindicato de trabajadores manuales y administrativos (STEUS) hará lo propio un día después, el miércoles.
Las negociaciones, que las ha habido y muy intensas no han sido fáciles porque no solo tienen que ver con el tema salarial, que por cierto se encuentra ‘topado’ desde el gobierno federal en un 4% directo al salario y dos por ciento en prestaciones.
Para el caso del STAUS, el paquete completo lo integran una larga, pero en verdad larga lista de demandas contractuales de la más diversa índole: salud laboral, pensiones, promoción laboral, plazas, vivienda, Isssteson, ISR, becas y otras tantas contenidas en cláusulas que de acuerdo con el sindicato se han venido violando desde hace años por parte de la autoridad universitaria. El STEUS se encuentra en una situación muy similar, con sus naturales variantes.
Ninguna negociación, decíamos, ha sido sencilla. Pero la de este año tiene peculiaridades que despiertan un interés cuasi morboso porque recién concluyó un proceso de elección de rectora que dejó muchas heridas abiertas entre los grupos que tradicionalmente se disputan el poder en la Máxima Casa de Estudios.
Solo para contextualizar brevemente, recuérdese que esa elección la ganó en la consulta universitaria y la votación en el Colegio Universitario la doctora Dena Camarena a quien sus contrincantes señalaron siempre como la candidata de la actual administración que encabeza la rectora Rita Plancarte.
Esta elección de rectora es la primera que se lleva a cabo bajo los lineamientos de la recientemente aprobada Ley 169, que sustituyó a la Ley 4 impuesta en 1991 por el entonces gobernador Manlio Fabio Beltrones a contrapelo de un gran movimiento estudiantil y magisterial que se oponía a la misma.
No sobra decir que durante los más de 30 años que duró vigente la Ley 4, aquellos opositores fueron conquistando y escalando espacios en las estructuras académicas, administrativas y señaladamente las sindicales desde las cuales mantuvieron una oposición con diferentes matices respecto a las sucesivas administraciones universitarias y del gobierno estatal.
De hecho, y aquí radica una de las peculiaridades de este proceso, al menos tres candidatos a la rectoría en el pasado proceso electoral que se definió en marzo pueden identificarse fácilmente como afines a esa corriente que en su momento se opuso a la Ley 4 y que además, impulsaron con ahínco la nueva Ley 169, ya como parte del Movimiento de Regeneración Nacional que llevó a Alfonso Durazo a la gubernatura.
Nos referimos a Cuauhtémoc González, que por cierto dejó la dirigencia del STAUS para competir como candidato; Aarón Grageda Bustamante, que llegó a ocupar la Secretaría de Educación y Cultura en la primera mitad de este sexenio y Judith Tánori, que fue diputada federal por Morena de 2018 a 2021.
Los tres perdieron frente a Dena Camarena, pero intentaron crear, de último momento y ya conocidos los resultados de la consulta, un frente para presionar al Colegio Universitario para que la decisión final recayera en uno de ellos bajo el argumento de que entre todos representaban una intención del voto en favor del cambio y no de la continuidad. A este frente se sumó otra de las candidatas, María Elena Robles, que junto a Judith Tánori fueron las que obtuvieron el menor porcentaje de votación.
Sus cuentas, evidentemente no fueron compartidas por el Colegio Universitario, donde de inicio se esperaba una votación en segunda vuelta, asumiendo que nadie ganaría la mayoría calificada en la primera, tal como lo establece la Ley 169. Al parecer la intención frentista de última hora les resultó contraproducente, pues Dena Camarena les ganó en la primera vuelta del Colegio Universitario.
Todo eso es historia, pero precisamente por eso tendrá incidencias en la decisión de las asambleas generales que decidirán si estalla la huelga o no en la Universidad de Sonora.
En la administración de Alfonso Durazo que inició en 2021 han estallado dos huelgas bajo dirigencias sindicales afines, o por lo menos cercanas al gobierno estatal. Por lo menos, más cercanas de lo que han estado respecto a gobiernos del PRI o el PAN. Y eso obedece a que la base sindical, en los temas de negociación salarial y contractual no necesariamente acatan la intención de la cúpula sindical, de llevar la fiesta en paz con el gobierno.
El punto es que hoy, esa base sindical -tanto del STAUS como del STEUS- parece dispuesta a irse a la huelga, algo que las dirigencias sindicales no ven con malos ojos después de la derrota que les propinó no tanto la administración universitaria, sino una comunidad de estudiantes, maestros y trabajadores que no votaron por sus candidatos.
Este es un punto interesante. Porque las demandas de las bases sindicales tienen justificaciones sobradas, considerando el añejamiento de asuntos que no se han resuelto, pero en las cúpulas sindicales, señaladamente en la del STAUS se agrega el sentimiento de que la administración universitaria les pegó un baile en la elección de rectora.
Y de eso culpan a Rita Plancarte, aunque parece ser que de nuevo no están haciendo una lectura correcta, al menos en una parte.
Es cierto que la actual rectora no es la gran operadora política a quien habría que endosarle la derrota que sufrieron y que en realidad fue porque la comunidad universitaria en sus tres sectores no vio con buenos ojos a los y las candidatas identificadas con el gobierno estatal, que además llegaron divididos a una elección que pudieron ganar si hubieran presentado desde el principio un frente común por el cambio y contra la continuidad. Pero no lo hicieron porque en ese microcosmos que es la Universidad, se encierra el cosmos de lo que hoy pasa en Morena, donde hoy se están dando hasta con la cubeta.
Aunque en la otra parte tienen razón: Rita Plancarte tampoco es un dechado de virtudes en materia de administración y de gestión, lo que permitió la acumulación de rezagos que en este proceso justificarían una votación en favor de la huelga.
Vistas así las cosas, las posibilidades de que estalle la huelga en la Unison son muy altas y esta sería la tercera en la administración de Alfonso Durazo, con la gran paradoja de que nunca antes en los últimos 40 años, las dirigencias sindicales se suponen más cercanas al gobierno estatal en turno.
Claro, cabe la posibilidad de que la operación política desde el gobierno del estado realmente funcione para evitar el estallamiento, pero si por la víspera se saca el día…
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