Oposición y ambientalistas demandan aclarar la situación legal de 114 hectáreas otorgadas a la empresa LNG AMIGO para una planta de licuefacción. Bancadas oficialistas defienden el proyecto por su impacto en el desarrollo económico y energético del estado de Sonora.
HERMOSILLO, México — Diputados de oposición en el Congreso del Estado de Sonora solicitaron formalmente a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones un informe detallado sobre la situación jurídica del contrato de comodato otorgado a la empresa privada LNG AMIGO. El acuerdo contempla el uso de 114 hectáreas de terreno público para la instalación de una planta de licuefacción de gas natural destinada a la exportación hacia mercados asiáticos.
La solicitud fue presentada durante la sesión parlamentaria por la legisladora Gabriela Félix, de Movimiento Ciudadano (MC), y el diputado Juan Pablo Arenivar, del Partido Acción Nacional (PAN). Ambos parlamentarios señalaron la existencia de contradicciones sobre el estatus del convenio, argumentando que mientras el Gobierno de Sonora sostiene que el contrato fue invalidado, la compañía continúa utilizándolo para tramitar autorizaciones de operación.
“La ciudadanía sonorense merece saber por qué la administración pública estatal suscribió un contrato que condenaría a nuestro Estado a un retroceso en materia ambiental”, afirmó Félix durante su intervención en el Pleno. La legisladora señaló además que la petición formulada por colectivos ambientalistas para citar a comparecer al titular de Bienes y Concesiones no fue incluida en el orden del día.
Asimismo, los legisladores hicieron un llamado a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que realice una fiscalización del proceso de firma del comodato y verifique su apego al marco normativo aplicable.
Por su parte, el diputado Juan Pablo Arenivar sostuvo que la infraestructura representa un riesgo potencial para los ecosistemas marinos del Golfo de California en caso de eventuales fugas o derrames en los gasoductos. Arenivar aclaró que la postura de su bancada no busca frenar la inversión ni la generación de empleo, sino garantizar el cumplimiento de la ley y la protección del patrimonio estatal.
En contraste, representantes de las bancadas oficialistas defendieron la viabilidad del megaproyecto y la gestión del ejecutivo estatal. El diputado Omar del Valle Colosio, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), argumentó que toda obra de infraestructura conlleva un impacto ambiental y calificó las críticas como intentos de desinformación que buscan frenar el desarrollo regional.
En la misma línea, el legislador Próspero Valenzuela Muñer, del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), rechazó las acusaciones de encubrimiento hacia la administración del gobernador Alfonso Durazo. Valenzuela enfatizó que el proyecto responde al interés de asegurar el acceso a recursos energéticos estratégicos para el país y reducir la dependencia de insumos importados.
