Comunidades afectadas por el derrame en el río Sonora en 2014 denuncian falta de agua segura, incumplimiento de promesas y desinterés institucional, mientras impulsan una agenda para regular a las empresas
REPORTE INDIGO
El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, Sonora, derramó 40 mil metros cúbicos de solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacánuchi y Sonora. El vertido es considerado uno de los peores desastres ambientales en la historia minera de México.
El incidente afectó a siete municipios y a cerca de 22 mil personas, quienes enfrentaron la contaminación del agua con metales pesados, con consecuencias directas en su salud y en sus actividades económicas.
Ante esta situación, habitantes de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y la zona rural de Hermosillo se organizaron en un movimiento social para exigir atención a la emergencia.
A casi 12 años del derrame, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) continúan trabajando para enfrentar la crisis ambiental en su territorio, así como en la búsqueda de justicia y la reparación integral de los daños atribuidos a la empresa.
Sin embargo, los comités han denunciado que, tras la firma de un convenio entre el Gobierno de México y Grupo México para transferir recursos destinados a un plan de justicia, el contenido del acuerdo se ha mantenido en reserva. Esta falta de transparencia ha profundizado la incertidumbre y la desconfianza entre las comunidades afectadas, pese a que cuentan con un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoce su derecho a ser informadas y a participar en todas las etapas del proceso de reparación del daño.
“Todos estos años se han ido en diálogos, en mesas de trabajo, pero nada concreto. Mientras están violando nuestro derecho a la salud y a un medio ambiente sano. Estamos viviendo constantemente en un ambiente contaminado por una incompetencia, luchando contra enfermedades como el cáncer, a diario”, señala Martha Aguirre, miembro de los Comités de Cuenca Río Sonora.
Añade que la falta de regulación empresarial en México afecta a los pueblos indígenas de manera sistemática y profunda, lo que impacta sus derechos humanos, su cultura y sus territorios, por lo que es necesario se pongan en pie políticas que responsabilicen a las empresas de los daños ambientales que pueden ocurrir dentro de sus acciones. Pues pese a mantener reuniones con autoridades federales como Semarnat y Profepa, todo se ha quedado en diálogos que hasta la fecha no tienen resolución.
De acuerdo con un informe de la organización Poder, el principal reclamo es de habitantes es la falta de agua potable, así como la imposibilidad de garantizar que el agua sea de calidad.
Añaden que la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), cuya construcción fue prometida por el Fideicomiso Río Sonora (FRS) que presuntamente daría atención médica hasta el año 2029, ya no se construirá tras retirarse el apoyo.
Sumado a ello, el FRS prometió atender las consecuencias del derrame, con la instalación de 36 plantas potabilizadoras para eliminar los metales pesados en el agua. Sin embargo, en abril del 2017, se anunció que se construirían solamente nueve de ellas.
Falta de regularización vulnera derechos humanos y daña el medio ambiente
Diversas organizaciones han señalado que la poca regulación a empresas genera múltiples daños hacia los derechos humanos y medio ambiente, esto en medio del contexto donde el Gobierno de México se encuentra en búsqueda de nuevas inversiones y con la necesidad de equilibrar hidrocarburos con las exigencias de sostenibilidad y protección ambiental.
Ante esta situación alrededor de de 80 organizaciones se convocaron para la creación de la Unión de Movimientos por la Regulación Empresarial para la Defensa de los Derechos Humanos (UMREDDH). Esta nueva organización busca crear un marco legal para establecer regularización clara a las empresas que pueden poner en riesgo al medio ambiente, así como violencia que sufren los activistas defensores del territorio de donde son originarios.
“Sabemos que México cuenta con muchas leyes, tanto del territorio como del medio ambiente, pero no basta con esas leyes porque están muy dispersas y no tienen un deber claro.
“Lo que nosotros estamos buscando es que estas leyes obliguen de cierta manera a las empresas a identificar, prevenir, mitigar y reparar los daños de manera sistemática, los impactos del medio ambiente, de nuestros derechos humanos”, puntualizó Martha Aguirre, también miembro de la UMREDDH.
Los firmantes de dicha organización señalan que la propuesta es que el Estado dé prioridad al bien común frente a los intereses económicos, ademas de garantizar la transparencia. Por otro lado recalcan que regular la actividad empresarial no frena su desarrollo, al contrario da certeza jurídica y crea un modelo de bienestar sostenible.
Entre sus exigencias para el marco legal, plantean obligar a empresas matrices, filiales, contratistas y cadenas de suministro a evaluar y gestionar los riesgos e impactos de sus actividades sobre las personas y el medio ambiente.
También demandan garantizar la reparación integral de los daños, establecer mecanismos efectivos de supervisión y sanción, y asegurar la participación real de las comunidades y personas trabajadoras potencialmente afectadas. Asimismo, exigen el respeto al derecho al desarrollo, así como a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, conforme al Convenio 169 de la OIT.
Martha Aguirre enfatiza que es necesario continuar tejiendo redes y unir a diversas comunidades para amplificar todas las luchas a lo largo del país. Al ser muchos, esperan que su voz “llegue más lejos”, y con ello tengan mayor oportunidad de ser escuchados para continuar con la lucha que encabezan desde hace años.
