El exgobernador de Sinaloa asegura que en su tiempo hizo lo que pudo para impedir que el problema del narco llegara a las dimensiones actuales
EL PAIS
Francisco Labastida Ochoa muestra, orgulloso, una fotografía de febrero de 1988. En la imagen aparece él, como gobernador de Sinaloa, recibiendo en Mazatlán a los presidentes Ronald Reagan y Miguel de la Madrid. “¿Usted cree que esto sería posible hoy?“. El excandidato presidencial en el 2000 lanza esta pregunta retórica luego de explicar que esa fue la última visita de un presidente de Estados Unidos al Estado que hoy es noticia, y que ha llevado su nombre al atril presidencial de la conferencia mañanera.
La presidenta Claudia Sheinbaum acusó al veterano político de creerse juez, al sugerir que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, sea extraditado de inmediato en respuesta a la solicitud formulada por el fiscal del distrito sur de Nueva York. “No soy juez, pero sí doy mi opinión y defiendo los puntos de vista en los cuales creo, aunque no le gusten a algunos. Lo siento, lo lamento, pero eso no va a cambiar”, responde el político, quien pasó a la historia por ser el primer priista en perder las elecciones presidenciales hace 26 años.
“La presidenta tiene que aplicar la ley. No es cuestión de cooperación. Tiene que cumplir con el tratado firmado entre Estados Unidos y México, a fuerza, no tiene para dónde hacerse. Y no es un asunto de nación subordinada o protectorado, es la ley”, comenta Labastida que, a sus 83 años, defiende su trayectoria y su derecho a disentir con el Gobierno como una de sus últimas batallas.
Son muchos cargos los que ocupó Labastida en su largo paso por los gobiernos priistas, pero destacan cinco que marcaron su biografía: la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, entre 1982 y 1986, durante el sexenio de Miguel de la Madrid; la gubernatura de Sinaloa entre 1987 y 1992; la embajada de México en Portugal, que se convirtió en su refugio en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; la Secretaría de Agricultura (1995-1998) y la Secretaría de Gobernación (1998-1999), en el sexenio de Ernesto Zedillo, y la candidatura presidencial en 2000, cuando perdió frente al panista Vicente Fox. Su último cargo público fue el de senador de la República, de 2006 a 2012, y entonces decidió retirarse. Hace dos años renunció al PRI, inconforme con la dirigencia de Alejandro Moreno y publicó el libro La duda sistemática (Grijalbo), una autobiografía política en la que analiza el poder desmesurado de los presidentes, del que fue testigo, beneficiario y también víctima.
Cuando se le pregunta en qué momento se pudrió Sinaloa, Labastida no menciona a Rubén Rocha Moya, ni a Morena, ni a los exgobernadores priistas que lo sucedieron en el cargo. Prefiere remontarse a los años 40 del siglo XX, cuando México y Estados Unidos acordaron sembrar amapola en el Triángulo Dorado para producir opioides que el ejército norteamericano necesitaba para aliviar el dolor de sus soldados en la Segunda Guerra Mundial. Luego hace un largo relato que pasa por la llegada del primer estadounidense que convenció a campesinos sinaloenses de sembrar droga para hacer negocio, hasta el surgimiento de los carteles, en los años 80. Y solo entonces da un dato preciso: en enero de 1987, cuando llegó a la gubernatura, publicó un decreto en el que se ordenaba depurar a la Policía Estatal con exámenes de confianza que no fueron aprobados por el 70% de los elementos. De ellos, casi la mitad se fueron a la cárcel, pues se comprobó que trabajaban para el narco. Eran los años dorados de personajes como Miguel Ángel Félix Gallardo, que había sido policía sinaloense, fundó la primera gran organización de carteles, con sede en Guadalajara, y fue capturado en 1989.
Entre decenas de historias, Labastida recuerda cuando tuvo que reunirse con Enrique Álvarez del Castillo, primer procurador del presidente Salinas, y Guillermo González Calderoni, excomandante de la Policía Judicial Federal a quien se le atribuye haber colaborado con el crimen organizado en los 80. La reunión fue ordenada por Salinas para aclarar el homicidio de la abogada Norma Corona, defensora de derechos humanos asesinada en Culiacán en 1990, y ahí, según recuerda Labastida, los dos altos funcionarios de la Procuraduría hicieron todo para encubrir a los asesinos reales, pertenecientes al Cartel de Sinaloa. “Aquí ha habido en la historia de México, ligadas al narcotráfico, básicamente dos piezas clave: la Procuraduría y la Dirección Federal de Seguridad”, dice, categórico.
Labastida admite que incluso a él se le ha acusado de acordar con los narcos sinaloenses, pero asegura que fueron señalamientos tan endebles que decidió no responderlos en su momento. Defiende su paso por la gubernatura afirmando que en esos años se redujeron los homicidios, depuró a la policía local y se enfrentó a la Policía Judicial Federal, poblada por personajes como González Calderoni. “Sí es cierto que había problemas antes; no puede uno negarlo, hay que admitirlo, hay que hacer autocrítica. Yo luché contra ello, hice lo que pude. Pero no teníamos esta dimensión del problema que tenemos hoy”, afirma.
Lamenta que la influencia del narcotráfico haya crecido con los gobernadores priistas que lo sucedieron: Renato Vega Alvarado, Juan S. Millán, Jesús Alberto Padilla, Mario López Velarde Malova (quien renunció al PRI y se postuló por una coalición opositora) y Quirino Ordaz, el actual embajador de México en España, a quien señala de haber pactado con Andrés Manuel López Obrador el triunfo de Rubén Rocha Moya en 2021, a cambio de no ser investigado. “Rubén Rocha fue jefe de asesores de Quirino y la rumorología dice que él era el contacto con Los Chapitos, que era el encargado de ir por portafolios llenos de dinero. No puedo decir que me consta, digo lo que dicen los rumores”, recuerda Labastida.
En 2021, el año en el que Morena ganó Sinaloa, Labastida acompañó al entonces candidato del PRI a la gubernatura, Mario Zamora, hoy senador. Y recuerda que en esa campaña atestiguó la presión que se ejerció sobre los candidatos y candidatas priistas, los levantones a los operadores territoriales del tricolor (documentados también por la prensa local) y el secuestro de los familiares de candidatos para obligarlos a declinar por los aspirantes morenistas. Todo ello fue a dar a la demanda de nulidad de la elección presentada por Zamora ante el Tribunal Electoral del Estado, que contiene argumentos muy parecidos al expediente con el que un Gran Jurado está demandando a México la extradición de Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde Juan de Dios Gámez y siete exfuncionarios del gobierno de Sinaloa. Labastida afirma que Zamora no presentó su denuncia ante instancias federales, porque “no encontró un abogado que se la firmara, por miedo”.
