CONTRALUNEA
El Grupo México –propiedad del magnate Germán Larrea– ha retrasado todo lo posible la última parcialidad del pago relacionado con el saneamiento del Río Sonora y la remediación de la zona afectada desde 2014. Fuentes consultadas por Contralínea revelan que la trasnacional aún adeuda 500 millones de pesos, monto que representa la tercera parte de lo acordado con el gobierno federal para saldar su responsabilidad medioambiental y social en el derrame de tóxicos más grave en la historia de la minería en México. Respecto de la posible responsabilidad penal, el caso se mantiene pendiente de reactivación, luego de que la denuncia penal interpuesta el sexenio pasado por la Semarnat se detuviera por este acuerdo. El ultimátum para la empresa vence el próximo 21 de agosto, y se espera que con ese recurso se adquieran las plantas de tratamiento y potabilización de agua para beneficio de la población afectada
Propiedad del magnate Germán Larrea y del fondo de inversión BlackRock, el Grupo México se resiste a liquidar el adeudo para sanear el Río Sonora y remediar la zona afectada por el derrame de tóxicos más grave en la historia de la minería en el país, ocurrido el 6 de agosto de 2014. Fuentes consultadas por Contralínea confirman que aún no paga la última parcialidad, por 500 millones de pesos.
A la fecha, la trasnacional minera ha saldado 1 mil millones de pesos, recursos que ya se invierten en la construcción de un hospital y, más recientemente, en las labores asociadas al retiro de sedimentos para limpiar los metales pesados –causantes de enfermedades terminales, como cánceres y tumoraciones– del afluente.
La resistencia de la empresa no es reciente: en la coyuntura del Mundial de Futbol FIFA 2026, el Grupo México retrasó lo más que pudo el segundo pago, por 500 millones de pesos, acordado con el gobierno federal desde diciembre de 2025 para saldar su responsabilidad medioambiental y social en este caso.
De hecho, en diciembre la empresa había acordado de forma verbal que el recurso se saldaría a más tardar en abril pasado, lo que claramente se incumplió.
Acerca de los 500 millones de pesos que aún adeuda, las fuentes consultadas por este semanario indican que se trata del recurso que se destinará a la adquisición de plantas de tratamiento y potabilización de agua. Asimismo, advierten que el gobierno ya manifestó a los directivos y abogados del Grupo México un ultimátum que vence el próximo 21 de agosto.
Esta exigencia del último pago se da en un contexto de tensión con la empresa de Germán Larrea, porque las autoridades federales también están monitoreando el más reciente caso de contaminación ligado a la trasnacional. Y es que como se recordará, la madrugada del pasado 26 de julio, un tren de carga de Ferromex (subsidiaria de Grupo México) se descarriló en el municipio de Naco, Sonora. De acuerdo con los reportes, esto provocó el derrame de unos 70 mil 300 litros de hidrosulfuro de sodio en el ejido Cuauhtémoc.
Las fuentes consultadas también indican que, de no pagar, se reactivaría la denuncia penal por este caso, que interpuso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Fiscalía General de la República el sexenio pasado.
Como Contralínea ha informado, dicha denuncia fue interpuesta contra Grupo México en 2023, por la presunta negligencia que habrían cometido las personas morales Mexicana de Cananea, SA de CV; Buenavista del Cobre, SA de CV, y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, SA de CV, así como personas físicas que resulten responsables por los mismos hechos relacionados con el derrame tóxico.
Entre las personas físicas no sólo se señaló a ejecutivos y encargados de las filiales mineras, sino también a exfuncionarios de la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Semarnat, que estaban en funciones en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Los delitos que se denunciaron fueron contra el ambiente y la gestión ambiental, así como hechos de corrupción al omitir atender medidas técnicas, correctivas y de seguridad necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental.
Específicamente a las empresas del Grupo México se les acusó de autoría intelectual y material de conductas activas y omisas que derivaron en la extinción del fideicomiso para atender los daños ambientales y de salud derivados del derrame tóxico. Es decir, para cubrir la mitigación del desastre ambiental, así como indemnizar en materia social, sanitaria y económica a las personas afectadas.
A los exservidores públicos del gobierno de Peña Nieto se les acusó de incumplimiento de funciones, pues no verificaron de forma directa el cumplimiento de los términos de la concesión minera. Así, retirar la denuncia penal contra todos ellos implica desistirse de acciones que podrían incluir penas de cárcel.
El destino de los 1 mil millones
De acuerdo con la información oficial, los 1 mil millones de pesos que ya pagó la trasnacional, junto con presupuesto público federal, se invierten en la construcción del hospital en Ures. La primera piedra de esta obra se colocó el pasado 5 de agosto, y en el acto –encabezado por el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo– se expuso que la obra contempla una inversión de 597.6 millones de pesos y una superficie de 10 mil 177 metros cuadrados, de los cuales 6 mil 458 corresponden a áreas cubiertas. El hospital tendrá 14 camas censables, 18 no censables, 10 consultorios, un quirófano y una sala de tococirugía.
Los funcionarios explicaron que la construcción y operación del hospital forma parte del Plan de Justicia para Cananea, con el objetivo de resarcir los daños ocasionados por la contaminación del Río Sonora, que data del 6 de agosto de 2014.
Para garantizar la salud de la población, se detalló que en materia de toxicología, el hospital brindará servicios de análisis de metales pesados y seguimiento epidemiológico. En dicho proyecto han participado las secretarías de Gobernación; Medio Ambiente; e Infraestructura; así como el IMSS Bienestar y el gobierno de Sonora.
Aunado a ello, el pasado 12 de junio la Semarnat arrancó las labores del saneamiento del Río Sonora. Además del gobernador, estuvo presente la secretaria Alicia Bárcena, quien detalló que se invertirán 654 millones de pesos para la segunda etapa de remediación del afluente.
La funcionaria explicó que los trabajos de remediación de la zona afectada por el derrame de sulfato de cobre de 2014, iniciarán en septiembre y se estima concluyan en diciembre próximo. Indicó que el Plan de Justicia de Cananea busca garantizar la salud de la población no sólo con el hospital, sino también con un entorno y agua limpios.
“Todo proceso serio de remediación comienza con evidencia”, afirmó. Por ello, dijo que se realizaron estudios a lo largo de toda la cuenca y con los resultados se pasará del diagnóstico a la acción. Bárcena Ibarra agregó que las intervenciones serán bajo los más estrictos estándares de seguridad.
El acuerdo entre Grupo México y el gobierno
Como Contralínea lo reveló, el convenio entre Grupo México y el gobierno federal para la aportación de los 1 mil 500 millones de pesos fue firmado por los secretarios de Hacienda –Édgar Amador Zamora– y de Gobernación –Rosa Icela Rodríguez– y los representantes legales de la trasnacional: Julián Jorge Lazalde Psihas, secretario de Southern Copper Corporation; y Leonardo Contreras Lerdo de Tejada, director de Administración y Finanzas de Americas Mining Corporation.
En el documento se estableció que el pago de los 1 mil 500 millones de pesos se haría en tres ministraciones, conforme a los lineamientos que estableciera la SHCP. Es decir que no se estableció una fecha fatal o plazos específicos para los pagos; no obstante, las fuentes consultadas indican que sí se había apalabrado que se harían antes de abril. De hecho, recuerdan que el primer pago se realizó en diciembre, pero luego se fue aplazando cada vez más el adeudo restante.
En su cláusula primera, el convenio –que en su parte superior exhibe los logotipos de las dos secretarías de Estado y de la empresa– refiere que el objetivo del convenio es implementar proyectos en materia de salud, agua y remediación de suelo. En cuanto al recurso económico, en esa misma cláusula Grupo México manifiesta “su voluntad” de realizar una aportación “voluntaria y solidaria” de “hasta 1 mil 500 millones de pesos a favor del gobierno federal”.
Además, incluye una cláusula de confidencialidad que establece no hacer público dicho documento, en tanto no se concluyan las acciones establecidas en el mismo. En otro apartado establece mecanismos anticorrupción, para evitar que alguna de las partes incurra en delitos de esa naturaleza.
Otro aspecto relevante es que el gobierno federal manifiesta que quienes ejercerán los recursos aportados por la trasnacional serán: IMSS Bienestar, Conagua y Semarnat. Además, el documento indica que la Secretaría de Gobernación se compromete a coadyuvar con la empresa en procesos administrativos que se encuentran en curso o pendientes de resolver.
ENLACE: Grupo México se resiste a liquidar adeudo de 500 millones para remediar Río Sonora
