No hay manera de salir indemne del affair Rubén Rocha. Si el gobernador de Sinaloa resulta inocente según la fiscalía mexicana o es improcedente la petición de Estados Unidos para expatriarlo, Sheinbaum será criticada por “proteger a uno de los suyos”. Por el contrario, si Rocha termina en la cárcel o es enviado a Nueva York, se acusará a la Presidenta por su actitud “entreguista”. Por donde se vea es un caso sobrepolitizado, en el que la parte estrictamente jurídica queda subordinada, aun cuando sea lo que en verdad importa.
Por un lado, es obvio que el gobierno de Trump es intervencionista y utiliza el combate a las drogas como un pretexto para debilitar la posición de México y para obtener réditos electorales frente a su público. Como jefa de Estado, Sheinbaum está en su derecho (y obligación) de enarbolar la carta de la soberanía y no subordinarse a peticiones sesgadas por un interés político. Pero también es cierto que el gobierno de Morena ha sido omiso para afrontar la corrupción en las altas esferas de sus propias filas, incluyendo aquellas que podrían estar vinculadas con el crimen organizado. Es justamente esto último lo que dificulta, políticamente hablando, el legítimo discurso de la soberanía respecto a la acusación de Estados Unidos en contra de Rocha y otros nueve mexicanos.
En ese sentido, el gobierno de la 4T es víctima de su propia negligencia. La Presidenta rechazó este lunes que su gobierno pueda ser acusado de corrupción, alegando las muchas acciones de justicia social, los logros en materia de inseguridad pública y la responsabilidad fiscal mostrada hasta ahora. Sin embargo, la percepción de la población se alimenta menos del análisis y más de vivencias directas, sea por “las mordidas” que sigue padeciendo en multas y gestiones o sea por enterarse de golpes mediáticos en temas de corrupción, lo cual no ha faltado. Allí está la lista de casos en los que las investigaciones, cuando las hubo, se quedaron en las segundas parrillas, ignorando la responsabilidad de los titulares: cártel La Barredora en Tabasco, Segalmex, Secretaría de Marina, gobiernos estatales, Pemex, Instituto de Migración, entre otros.
En el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, atribuyo el desinterés en “limpiar las escaleras comenzando desde arriba” a una visión polarizada, según la cual resistir a los intereses que se oponían al cambio obligaba a cerrar filas y a no detenerse ante irregularidades entre los suyos. Las razones de Sheinbaum habrían sido distintas. Aunque ha estado más interesada que su predecesor en combatir la corrupción en la cúpula, me parece que no se decidió a actuar en contra de figuras prominentes, hasta no sentirse en condiciones de resistir el golpeteo interno que dejaría una investigación abierta en contra de personajes como Adán Augusto López o el ex secretario de Marina, por mencionar a algunos.
Para su desgracia, el destino la alcanzó. Todo habría sido distinto si hace meses se hubiera separado a Rocha de su cargo para emprender una investigación. Motivos había, desde el extraño proceder de la fiscalía estatal durante el secuestro de Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén, enemigo político de Rocha, hasta las muchas evidencias del apoyo de los narcos durante su campaña electoral, pasando por críticas continuas respecto a los negocios de sus hijos. Hoy el gobierno mexicano, o su fiscalía, deben investigarlo no por iniciativa propia, sino por presión de la opinión pública generada por la acusación de Estados Unidos.
No habrá salidas fáciles, pero sin duda hay unas con más impacto político que otras. Un primer escenario es que prevalezca la actitud “soberanista”, la investigación sobre Rocha lo exonere de culpas y, en consecuencia, se niegue a Estados Unidos su aprehensión y eventual extradición. Esa sería políticamente la más costosa, desde luego. No sólo por las consecuencias internacionales, imposibles de predecir dado el carácter volátil de Trump, sino por la inevitable interpretación de que Morena prefirió proteger a uno de los suyos.
Y aquí un paréntesis sobre la culpabilidad o no de Rocha. Como se ha señalado arriba habría sospechas legítimas de que el comportamiento del gobernador ha sido cuestionable, pero hasta ahora las pruebas remitidas (servilletas borroneadas y declaraciones de capos desesperados por disminuir sus penas) distan de ser categóricas. Por improbable que parezca, existe la posibilidad de que Rocha no sea más culpable que cualquiera de los gobernadores del norte del país, obligados a hacer pactos de no agresión mutua con el cártel dominante: “no me meto con ustedes ni sus familias, ustedes tampoco lo hagan en contra de los ciudadanos”. ¿Complicidad? Sin duda, pero es también una actitud hasta cierto punto inevitable, habida cuenta la incapacidad real de los mandatarios estatales para enfrentar al crimen organizado. Rocha podría ser el primero que tuviera que pagar por ello. Para Claudia Sheinbaum será una decisión más sencilla si la investigación muestra, como parece probable, que el gobernador fue mucho más allá de eso.
Un segundo escenario sería ese justamente, incriminar al mandatario porque las pesquisas de la fiscalía mexicana o las pruebas ofrecidas por Estados Unidos así lo exijan. En tal caso se abrirían dos posibilidades: entregarlo a la unión americana o procesarlo en tribunales mexicanos. Supongo que Palacio Nacional optaría por esta última variante, enjuiciarlo en México, para no ser acusado de entreguista.
Los dos escenarios son costosos políticamente. La única respuesta consistente como jefa de Estado es atenerse a los elementos jurídicos y actuar en consecuencia, aun sabiendo que su gobierno será cuestionado por una u otra razón.
Siendo así, me parece que la mejor defensa, además de transparentar los hechos y la investigación misma, consistirá en una estrategia que ponga fin al “sospechosismo” que existe sobre la renuencia de la 4T a investigar a sus propias cabezas. Con Rocha o sin Rocha, ha llegado el momento de llevar a tribunales a figuras destacadas que así lo ameriten.
Irónicamente, todo este asunto podría haber pavimentado el camino para Sheinbaum. Lo de Rocha demuestra, a propios y a extraños, que la 4T ya no puede titubear frente a las malas prácticas de la cúpula. Si la Presidenta temía resistencias insoportables, esto las habrá disminuido. Además, sienta un precedente en contra de la usual e inadmisible relación entre gobernadores y crimen organizado. Para Claudia no es un mal resultado si lo utiliza como argumento para la purga ética que se necesita.
