¿Qué valor le asigna un país a sus reservas estratégicas? ¿Se pueden someter a la lógica de mercado bienes que sostienen la vida misma?
“La función principal de todos los glaciares y de todo el entorno periglaciar es actuar como reservorio de agua dulce” Greenpeace
En política, pocas decisiones son tan reveladoras como aquellas que obligan a elegir entre el corto plazo económico y electoral, y la supervivencia de las personas a largo plazo. La reciente reforma a la Ley de Glaciares en Argentina cae exactamente en ese terreno incómodo, ese punto donde el desarrollo promete divisas inmediatas, pero amenaza con hipotecar el recurso más estratégico del siglo XXI: el agua y la temperatura del planeta.
Durante más de una década, Argentina presumió -con razón- una de las legislaciones más avanzadas del mundo en materia de protección glaciar. El principio era claro y contundente: los glaciares no se tocan. No porque sean postales turísticas, sino porque son reservas naturales de agua dulce, reguladores climáticos y garantes silenciosos de la vida en amplias regiones del país. En un contexto de crisis climática global, esta protección no es un lujo ideológico, sino una política de Estado para proteger al mundo.
La reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei rompe con esa lógica. El cambio parece técnico, pero es profundamente político, pues desplaza el eje de la precaución hacia la permisividad. Ahora, la carga de la prueba recae en demostrar que un glaciar tiene “función hídrica relevante”, abriendo la puerta a interpretaciones flexibles, presiones locales y decisiones atravesadas por intereses económicos inmediatos. El argumento oficial no es menor: atraer inversiones, detonar la minería, aprovechar el boom del litio y el cobre. En un país golpeado por la inflación crónica y la fragilidad macroeconómica, la tentación de abrir la puerta a capitales es comprensible y ahí precisamente es donde radica el problema.
El verdadero debate, entonces, no es -si la minería sí o no-. Es algo más profundo: ¿qué valor le asigna un país a sus reservas estratégicas? ¿Se pueden someter a la lógica de mercado bienes que sostienen la vida misma? La reforma argentina parece responder afirmativamente, al menos en los hechos. Milei no comprende que el daño no siempre es inmediato ni visible, pero suele ser acumulativo y, en muchos casos, irreversible. Y cuando el recurso comprometido es el agua, no hay plan B.
En este sentido, México observa este debate con una familiaridad incómoda. Aquí también el agua comienza a perfilarse como el eje de los conflictos futuros, mientras proyectos extractivos y energéticos avanzan en territorios con estrés hídrico creciente. La diferencia es que, en muchos casos, ni siquiera contamos con marcos de protección tan robustos como los que Argentina está desmontando.
Así, la lección es incómoda pero necesaria, el desarrollo que compromete el agua no es desarrollo, es diferimiento del colapso. Y en tiempos de cambio climático, ese diferimiento cada vez dura menos. Al final, la pregunta no es cuánto oro, litio o cobre puede extraer un país, sino cuánta agua está dispuesto a perder en el proceso. Y esa, más que económica, debería ser una decisión civilizatoria.
POR ADRIANA SARUR
COLABORADORA
@ASARUR
