Hermosillo, Sonora; 14 de abril de 2026.- En un firme compromiso con la protección de la niñez, la diputada Alejandra López Noriega presentó una iniciativa para cerrar cualquier vacío legal que permita el matrimonio infantil en Sonora y sancionar la cohabitación forzada de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta plantea eliminar definitivamente las excepciones que aún permiten el matrimonio entre una persona mayor de edad y una menor, así como tipificar como delito la cohabitación forzada, una práctica que, aunque muchas veces no se formaliza legalmente, reproduce condiciones de vulnerabilidad y riesgo.
“La realidad es clara; aunque el matrimonio infantil está prohibido, las uniones siguen existiendo bajo otras formas. No podemos permitir que el problema solo cambie de nombre mientras el daño sigue siendo el mismo”, expresó Alejandra López Noriega.
La iniciativa también establece de manera contundente que la edad mínima para contraer matrimonio, vivir en concubinato o cohabitar en Sonora será de 18 años, sin excepciones, reforzando así el principio del interés superior de la niñez.
Alejandra López Noriega señaló que el matrimonio infantil representa una grave violación a los derechos humanos, ya que limita el desarrollo integral de niñas y adolescentes, las expone a violencia, abandono escolar y riesgos en su salud.
“Esto no es una tradición que debamos respetar, es una realidad que debemos transformar. No estamos hablando de costumbres, estamos hablando de vidas”, sostuvo Alejandra López Noriega.
La legisladora destacó que esta reforma no busca confrontar culturas, sino garantizar que ninguna niña sea obligada a asumir responsabilidades para las que no está preparada.
“Como sociedad, tenemos que ser claros: la infancia no se negocia. No podemos seguir normalizando decisiones que roban sueños y cancelan futuros”, afirmó Alejandra López Noriega.
Con esta propuesta, el Congreso del Estado de Sonora avanza hacia un marco legal más sólido que protege de manera efectiva a niñas, niños y adolescentes, cerrando cualquier espacio a prácticas que vulneren sus derechos.
