Defensores de inmigrantes y la comunidad de Tucson, Arizona, fueron fundamentales para que una migrante y su hija recién nacida fueran liberadas por la CBP
La presión ejercida por la comunidad logró salvar de la deportación acelerada a una guatemalteca, que dio a luz en un hospital poco después de cruzar el desierto de Arizona, lo que supone una de las primeras victorias contra la dura política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La rápida respuesta de los defensores de los inmigrantes y de la comunidad en Tucson (Arizona) fue fundamental para que la migrante, identificada solo como Erika, y su bebé recién nacida fueran liberadas por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) este fin de semana, tras las protestas.
“Es una abominación que el Gobierno de Trump hubiera pretendido tratar de deportar a una mujer con su hijo, es un crimen a la humanidad”, dijo a Efe Lenzy Hernández, una de las docenas de personas que se hicieron presentes a las afueras del hospital este sábado para protestar.
Como hija de migrantes, la manifestante asegura tener mucho enojo de que Trump inclusive amenazó con quitar el derecho a la ciudadanía a los hijos de migrantes indocumentados como ella.
El caso de Erika se dio a conocer después de que el abogado de inmigración Luis Campos denunciara el peligro que corría de ser deportada rápidamente de regreso a Guatemala sin tener derecho al debido proceso para presentar su caso.
El abogado contó a EFE que la familia lo contactó desde Guatemala pidiéndole representarla, pero inicialmente los agentes de CBP le impidieron el acceso.
“Oficiales de migración se encontraban custodiando su puerta en el hospital, cuando intenté verla la primera vez me negaron la entrada, ni siquiera me dejaron hablar con ella por teléfono”, ahondó.
El abogado llegó a calificar las acciones del CBP como “un secuestro”, por lo que decidió convocar a la comunidad para que le ayudara a evitar la expulsión acelerada de la guatemalteca. Decenas respondieron al llamado frente al hospital y miles replicaron el caso en las redes sociales.
La inmigrante cruzó la frontera de Arizona con México la semana pasada. Después de varios días de caminar por el desierto fue arrestada por la Patrulla Fronteriza y llevada a un centro de detención.
Comenzó con dolores de parto el pasado miércoles por lo que fue transportada al hospital donde dio a luz ese mismo día por la noche a una niña.
“Ella (la inmigrante) vino a este país huyendo de una amenaza de muerte en su contra en Guatemala, con la esperanza de obtener asilo, dijo Campos.
Menos de una docena
Después de juramentar por segunda vez como presidente de los Estados Unidos, Trump firmó una orden ejecutiva que limita que los migrantes puedan solicitar asilo tras cruzar la frontera.
La dura política ha reducido a mínimos históricos el ingreso de indocumentados por la frontera.
Desde enero pasado solo se ha permitido el ingreso de nueve inmigrantes, cuatro de ellos son testigos esenciales en una investigación criminal, a otros cuatro se les permitió el ingreso debido a sus condiciones médicas y uno más por razones humanitarias, según cifras dadas por la Casa Blanca.
Campos asegura que la inmigrante guatemalteca no cuenta con ningún récord criminal, tampoco ha sido deportada previamente por lo que “es una buena candidata para solicitar asilo”.
Erika fue liberada junto a su hija y recibió una orden para comparecer ante un juez de migración, por lo que tendrá la oportunidad de presentar su caso.
Pero otras madres de ciudadanos estadounidenses no han corrido con la misma suerte.
Las hondureñas Jenny Carolina Lopez-Villela y Reachel Alexas Morales-Valle fueron deportadas a finales de abril junto a sus hijos nacidos en Estados Unidos.
Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional dijo a EFE que “ambas madres decidieron ser deportadas con sus hijos”.
Las migrantes, ambas hondureñas, habían perdido sus casos en los tribunales de inmigración y toda oportunidad, según alega el Gobierno Trump.
La victoria en el caso de Erika se muestra como una pequeña esperanza para los defensores de los migrantes, que tendrán este mes una gran batalla en la Corte Suprema cuando se escuche el caso contra la orden ejecutiva de Trump que elimina el derecho a la ciudadanía por nacimiento de los hijos de inmigrantes indocumentados.
