La revisión de la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) identificó 171 mil 323 registros clasificados como adjudicaciones directas.
Durante la gestión de Lorenzo Córdova Vianello como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), las adjudicaciones directas superaron en una proporción de casi 318 a uno a las licitaciones públicas, de acuerdo con un análisis realizado por MILENIO a los registros de contratación correspondientes a 2019, 2021, 2022 y 2023.
La revisión de la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) identificó 171 mil 323 registros clasificados como adjudicaciones directas, frente a 539 correspondientes a licitaciones públicas, una diferencia que refleja el predominio numérico de las contrataciones sin concurso abierto en las bases de datos examinadas.
En términos económicos, las adjudicaciones directas concentraron 3 mil 608 millones 880 mil 854 pesos, equivalentes a 57.75 por ciento de los 6 mil 249 millones 631 mil 759 pesos identificados en el periodo analizado.
En contraste, las licitaciones públicas sumaron 2 mil 438 millones 273 mil 113 pesos, es decir, 39.01 por ciento del gasto registrado.
La diferencia económica entre ambas modalidades alcanzó mil 170 millones 607 mil 741 pesos, mientras que la relación por monto fue de 1.48 pesos destinados a adjudicaciones directas por cada peso correspondiente a licitaciones públicas.
Adjudicaciones directas dominaron los registros
El contraste más pronunciado aparece en el número de registros de contratación.
Por cada licitación pública identificada en las bases de datos examinadas, aparecen aproximadamente 318 registros clasificados como adjudicaciones directas.
La diferencia es considerablemente mayor que la observada en los montos económicos, donde las adjudicaciones directas representaron casi seis de cada diez pesos del gasto analizado.
Los resultados corresponden exclusivamente a los cuatro años revisados y no representan, por sí mismos, la totalidad de las contrataciones efectuadas durante la presidencia de Lorenzo Córdova.
Asimismo, la diferencia entre ambas modalidades no acredita automáticamente irregularidades en los procedimientos, pues la legislación permite recurrir a adjudicaciones directas bajo determinados supuestos.
Sin embargo, las cifras permiten identificar el peso que tuvieron estas contrataciones dentro de los registros del organismo electoral y abren la posibilidad de examinar las justificaciones, características y condiciones bajo las cuales fueron realizadas.
Más de mil 170 millones de pesos de diferencia
La concentración del gasto también favoreció a las adjudicaciones directas.
Mientras esta modalidad acumuló más de 3 mil 608 millones de pesos, las licitaciones públicas representaron poco más de 2 mil 438 millones.
En conjunto, ambas concentraron 96.76 por ciento de los recursos identificados en el análisis, mientras que el porcentaje restante corresponde a otras modalidades o registros cuya clasificación debe precisarse.
Una investigación que ya alcanza a dos presidencias
La revisión de MILENIO a estos contratos se hace en un momento en que las investigaciones sobre el manejo de recursos del INE dejaron de concentrarse exclusivamente en la administración de Guadalupe Taddei y comenzaron a recuperar antecedentes de contrataciones realizadas durante la presidencia de Lorenzo Córdova.
El escándalo que colocó bajo escrutinio al organismo electoral se originó en señalamientos sobre una red de empresas proveedoras de urnas, mamparas, boletas y otros materiales utilizados en los procesos electorales.
En el centro de las indagatorias aparecen los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, relacionados con distintas compañías que durante años participaron en contrataciones del INE y de organismos electorales estatales.
Entre las firmas señaladas figuran Cajas Graf, Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México y Diseño, Reconstrucción y Comunicación.
Las investigaciones buscan establecer si existieron vínculos empresariales que permitieron aparentar competencia entre proveedores, influir en los precios o conseguir contratos mediante procedimientos irregulares.
La posible existencia de esas prácticas no implica que todas las contrataciones realizadas por las compañías investigadas sean ilegales ni que los funcionarios vinculados con los periodos examinados hayan cometido alguna falta.
No obstante, los antecedentes muestran que la relación comercial de varias de estas empresas con las autoridades electorales comenzó antes de la llegada de Taddei a la presidencia del INE, en abril de 2023.
Los proveedores ya participaban con Córdova
La presencia de estas compañías en los procedimientos de contratación electoral no comenzó con la administración que recientemente quedó bajo investigación, según publicó MILENIO este martes 10 de noviembre.
Registros públicos examinados muestran que Cajas Graf, Corporativo ZEG y Formas Finas y Materiales ya participaban en procedimientos para suministrar materiales electorales durante la presidencia de Lorenzo Córdova.
La participación de una empresa en una licitación no significa necesariamente que haya obtenido el contrato. Sin embargo, estos antecedentes permiten establecer que algunas de las compañías que hoy aparecen en las investigaciones ya tenían actividad en el mercado electoral desde años anteriores.
El alcance de las indagatorias también ha rebasado al propio INE.
Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), responsables de organizar comicios en las entidades federativas, aparecen en la revisión de contrataciones realizadas con empresas relacionadas con los mismos empresarios.
De acuerdo con información presentada por el Órgano Interno de Control (OIC) del INE ante la Cámara de Diputados, las contrataciones vinculadas con esta red empresarial alcanzaron aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos al considerar al instituto nacional y a los organismos electorales locales.
Las investigaciones alcanzan al órgano de vigilancia
El caso también ha puesto bajo escrutinio los mecanismos internos que debían vigilar la contratación de bienes y servicios del INE.
En un informe entregado a la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control, reportó 16 expedientes de investigación abiertos durante 2025 y 2026.
De ellos, 11 están relacionados con contrataciones públicas e involucran al menos a 15 servidores y exservidores públicos, ocho personas físicas y 18 empresas.
A esos procedimientos se agregan otras 25 investigaciones derivadas de auditorías y revisiones de control.
Entre las conductas examinadas aparecen posibles conflictos de interés, irregularidades en los requisitos de contratación, deficiencias en la supervisión de bienes y servicios y eventuales afectaciones a los recursos públicos.
Las investigaciones también han generado cuestionamientos sobre la oportunidad con la que actuaron las instancias encargadas de detectar y atender posibles irregularidades.
El problema, por tanto, ya no se limita a establecer qué empresas recibieron contratos, sino que alcanza a los procedimientos mediante los cuales fueron seleccionadas y a los controles que debían garantizar el uso adecuado del presupuesto electoral.
El INE abre la puerta a revisar diez años de contratos
La dimensión del caso llevó al Consejo General del INE a aprobar, el 5 de noviembre, un plan de auditorías y controles para atender los señalamientos sobre las contrataciones del organismo.
Entre las medidas se encuentra solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un ejercicio extraordinario de fiscalización sobre compras, arrendamientos y servicios contratados entre 2016 y 2026.
El periodo comprende tanto la etapa final de la presidencia de Lorenzo Córdova como la administración de Guadalupe Taddei, cuya salida del organismo ocurrió en medio de los señalamientos sobre presuntas irregularidades.
La revisión de una década busca ampliar el análisis más allá de los contratos recientes y establecer si los problemas detectados responden a operaciones aisladas o a prácticas que pudieron mantenerse durante distintas administraciones.
En este contexto, los datos obtenidos por MILENIO incorporan otro elemento a la revisión: el predominio de las adjudicaciones directas en los registros de contratación correspondientes a cuatro años de la gestión anterior.
