Es inocultable el designio de presentar a la Cuarta Transformación y a su principal componente político, Morena, como nidos de corrupción y complicidad con la delincuencia organizada. Es un golpeteo constante, 24/7/365, que busca convencer a la mayor cantidad de gente posible de que las dirigencias y los gobiernos de la 4T sufren una descomposición generalizada. Este discurso desplaza incluso la calumnia predominante durante el sexenio pasado: que AMLO llevaba al país a la militarización y a la dictadura. Íbamos a ser Venezuela.
Invariablemente, estas insidias tienen su origen en círculos políticos y mediáticos de Estados Unidos, y de allí abrevan opositores, plumíferos del viejo régimen y, lo de hoy, ejércitos de bots e “influenciadores” que han convertido en un albañal las redes sociales, poseídas y programadas por los caciques digitales ultramillonarios alineados con el programa de demolición de Donald Trump. Una vez que han instalado un piso mínimo de opinión, los círculos de poder de Washington formulan señalamientos directos (imputación) o sibilinos (retiro de visa) en contra de alguna figura gubernamental o del movimiento y con ello “confirman” habladurías sin fundamento.
En días pasados, la acorralada gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, deslizó que la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, se había reunido con un narco. No ha presentado la menor prueba de tal aseveración, pero el columnista Héctor de Mauleón “validó” la especie citando “un reporte de inteligencia federal” de “autenticidad confirmada” por “fuentes de seguridad” que reseñaría un encuentro entre Montiel y un hermano de Joaquín Guzmán, conocido como El Guano. El Gabinete de Seguridad negó que tal documento exista.
De Mauleón es un difamador consumado; en 2022 se inventó unos papeles llenos de sellos tipo “confidencial”, “secreto” y hasta pegatinas holográficas como las de la verificación vehicular, y quiso hacerlos pasar por informes que la embajada gringa enviaba a diversas instancias de Washington. En ellos, se decía que el entonces senador José Narro Céspedes (Morena) se había reunido con un narco para conseguirle fondos a la campaña electoral del hoy gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. El ex jefe de la legación, Ken Salazar, lo desmintió y negó que esos papeles pertenecieran al gobierno estadunidense o que procedieran de la embajada. El embustero ofreció a regañadientes las disculpas que en esta ocasión se ha negado a dar, aunque admite no saber si el encuentro atribuido a Ariadna Montiel tuvo lugar o no, y se rehúsa a exhibir el documento en el que dice haberse basado.
En ese tenor, medios, plumíferos, bots, trolls y políticos vociferantes adjudican a la 4T la responsabilidad por el nombramiento de Guadalupe Taddei, como si no supieran que llegó al cargo tras un tortuoso procedimiento legislativo que terminó de resolverse en una tómbola; que la referida inició su carrera de funcionaria electoral en 2014 con un nombramiento de su antecesor Lorenzo Córdova y que los contratos corruptos que se le imputan –y que, por supuesto, deben ser investigados y sancionados– se han venido firmando con el mismo empresario desde antes de que el organismo electoral alcanzara su autonomía. Ciertamente, Taddei no exhibió ante los gobiernos de López Obrador y de Claudia Sheinbaum la abierta hostilidad –y por tanto, la parcialidad– que caracterizaba al grupo de Córdova, pero eso no la hacía ni la hace afiliada o simpatizante de la 4T.
Una insidia particularmente infame se ha deslizado contra algunos de sus parientes que vienen de las luchas de izquierda de décadas o que se han formado en ella. En Sonora hay miles de personas que comparten ese apellido. Es el caso de Jorge Taddei Bringas, primo de Guadalupe, quien a diferencia de su familiar, ha participado en las luchas estudiantiles, sindicales y ambientales; fue candidato a la alcaldía de Hermosillo en 2006 y a diputado federal en 2009, ambas veces por el PRD; se integró al movimiento obradorista desde entonces, y en 2018 coordinó la campaña de Morena en Sonora. Luego fue coordinador honorífico de los programas sociales y delegado del Bienestar. En 2024 concluyó su encargo y se jubiló de la Universidad de Sonora, en donde había trabajado durante 40 años.
Esta diferencia sustancial también se aplica a los hijos de Jorge: Jorge Carlos, Pablo Daniel e Ivana Celeste. El primero, ambientalista, participó en el plantón de Reforma, trabajó en la Conamp y se retiró del servicio público en 2020. Pablo, con doctorado en Sustentabilidad, fue nombrado director de LitioMx en 2022, un año antes de que Guadalupe llegara al INE. Celeste, por su parte, tiene maestría en Innovación Educativa, participó en #YoSoy132, estuvo desde muy joven en las primeras etapas del movimiento obradorista y en 2021 fue electa diputada al congreso del estado, en donde presidió la Comisión de Hacienda. En su gestión legislativa logró la reducción de las bonificaciones a los diputados y el dinero ahorrado se ha invertido en becas estudiantiles.
