HERMOSILLO, Sonora.– La diputada local Ernestina Castro Valenzuela presentó una iniciativa para implementar un sistema de vigilancia digital en la cadena de suministro de insumos médicos y sancionar con hasta 12 años de prisión el robo y la venta ilícita de medicamentos en el estado.
La propuesta plantea reformar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) y el Código Penal estatal.
“La presente iniciativa tiene por objeto establecer un sistema de trazabilidad digital que permitan garantizar el derecho a la salud de los derechohabientes mediante el blindaje digital absoluto de la cadena de suministros de medicamentos, así como prevenir, castigar y sancionar el robo, compra y venta de medicamentos sustraídos en los centros hospitalarios o de salud del estado de Sonora”, declaró Castro Valenzuela.
El proyecto contempla la creación de una plataforma digital con códigos bidimensionales para registrar en tiempo real la ubicación, lotes, costos y fechas de caducidad de los fármacos desde su compra hasta la entrega final, además de alertas automáticas ante posibles sobreprecios.
En la etapa de dispensación, el texto propone utilizar recetas electrónicas vinculadas al expediente clínico del paciente, la cancelación automática de folios tras la entrega y la verificación de identidad de los receptores para evitar duplicidades.
Asimismo, contempla auditorías digitales mensuales automatizadas. La alteración o manipulación de los registros de inventario se catalogaría como falta administrativa grave, sin eximir de responsabilidades penales.
En el ámbito penal, la iniciativa busca castigar con seis a 12 años de prisión el robo de insumos médicos propiedad del sistema de salud estatal cuyo valor supere las 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Las penas se incrementarían hasta en una tercera parte si el delito es cometido por personal de las instituciones de salud, sumado a la inhabilitación definitiva para el servicio público y la posible cancelación de la cédula profesional o licencia técnica.
La sanción también aplicaría a quienes adquieran, transporten o comercialicen estos insumos con conocimiento de su origen ilícito, incluyendo la venta realizada a través de plataformas digitales y redes sociales.
