José Luis Jara / Diálogos Urgentes
En medio de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Hermosillo, mientras funcionarios hablaban de obras, programas y acciones de gobierno, también estuvieron presentes ciudadanos que llegaron con una realidad distinta: la de quienes llevan años esperando que las instituciones respondan.
Entre ellos estaba Alexis Viridiana Urías Coronado, una joven que desde 2017 mantiene una batalla jurídica después de perder a su madre y a sus dos abuelos en un accidente ocurrido a la salida de Hermosillo.
Alexis acudió al encuentro con la presidenta con un propósito concreto: entregarle personalmente un escrito y pedirle que se cumpla una sentencia que, de acuerdo con su testimonio, ya es firme.
Según relató, su familia demandó a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes por los hechos derivados del accidente. El proceso comenzó en Hermosillo y posteriormente llegó a instancias de justicia administrativa en la Ciudad de México.
La familia obtuvo una resolución favorable. Sin embargo, asegura Alexis, el cumplimiento de la sentencia continúa pendiente.
Y aquí aparece una de las preguntas centrales de esta historia:
¿De qué sirve obtener una sentencia favorable si una familia tiene que pasar años luchando para que el Estado la cumpla?
El argumento que se repite: no hay recursos
Alexis afirma que, desde hace años, la respuesta de las autoridades ha sido prácticamente la misma: no hay recursos para cumplir con la sentencia.
Incluso señala que el plazo que se les había planteado para atender el pago concluyó en agosto de 2024 y que, desde entonces, la situación permanece sin solución.
La afectada asegura que ha presentado solicitudes y denuncias mediante plataformas oficiales y que ha recibido respuestas en las que, según su relato, se mantiene el argumento de la falta de recursos.
Mientras tanto, la familia continúa esperando.
Y el problema deja de ser solamente jurídico para convertirse también en una cuestión profundamente humana.
Han pasado nueve años desde el accidente.
Nueve años desde que Alexis perdió a tres integrantes de su familia.
Nueve años de trámites, abogados, resoluciones y traslados.
Y, de acuerdo con su testimonio, todavía no llega el momento de cerrar este capítulo.
Un expediente que también tiene un costo para la familia
Alexis explica que su abogado ha tenido que trasladarse a la Ciudad de México para dar seguimiento al proceso y que los gastos han corrido por cuenta de la propia familia.
También afirma que se han emitido resoluciones y aplicado multas a funcionarios por el incumplimiento de determinaciones judiciales.
Estos señalamientos deberán ser contrastados con el expediente y con las autoridades involucradas. Pero hay un hecho que permanece como eje de la denuncia ciudadana: una familia sostiene que existe una sentencia firme que todavía no se cumple.
Y cuando hablamos de justicia, el tiempo también importa.
Porque para quien espera una reparación, cada año que pasa no es simplemente una fecha en un expediente.
Es tiempo de vida.
Alexis buscó a la presidenta
Durante la visita presidencial, Alexis decidió dejar de esperar únicamente las respuestas burocráticas y buscó entregar directamente su petición a Claudia Sheinbaum.
Lo consiguió.
Le entregó personalmente una copia de su escrito y solicitó que su caso sea atendido.
Ahora la petición está en manos de las instituciones correspondientes.
La pregunta es qué harán con ella.
Desde la comunidad
Desde la óptica de Diálogos Urgentes y Observatorio Ciudadano, esta historia merece ser conocida porque detrás de los grandes discursos gubernamentales también existen historias particulares que revelan cómo funciona –o deja de funcionar– el aparato institucional.
La justicia no debería quedarse atrapada entre oficinas, presupuestos y trámites.
Si existe una sentencia firme, corresponde a las autoridades explicar con claridad qué ordenó el tribunal, quién tiene la obligación de cumplirla, por qué no se ha cumplido y cuál es la ruta concreta para hacerlo.
No se trata de un favor.
Se trata de conocer qué ocurre cuando un ciudadano obtiene una resolución favorable frente al Estado y, aun así, tiene que continuar luchando para hacerla efectiva.
Alexis lo resumió durante nuestra conversación:
“Lo que tenga que hacer, lo voy a hacer.”
Y esa frase sintetiza la lucha de una familia que no quiere que la muerte de su madre y sus dos abuelos termine convertida solamente en un expediente más.
La comunidad tiene derecho a conocer estas historias.
Y las autoridades tienen la obligación de responder.
Porque una sentencia que no se cumple también plantea una pregunta sobre el acceso real a la justicia.
