“Al verificar las firmas de la asambleas realizadas se desprende la probable comisión de conductas ilícitas del orden penal”, señala el documento del acuerdo
Santiago García C.
25 Septiembre, 2026.
Hermosillo, Sonora.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, acordó se de vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, así como de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado de Sonora, por la probable comisión de conductas ilícitas del orden penal detectadas en el proceso de solicitud presentada de cambio de nombre al PRD a Maciso.
Dichas conductas ilícitas estarían en la presentación de firmas y documentos de las asambleas realizadas como parte del proceso para hacer el cambio solicitado que en la sesión del jueves 24 se declaró improcedente.
“Por otra parte, y en virtud de las múltiples irregularidades e inconsistencias detectadas en el procedimiento aprobado mediante Acuerdo CG32/2026, para la verificación de las firmas contenidas en las listas de asistencia de la primera y segunda convocatoria, así como en la lista de recepción de documentos, de la sesión de fecha diecinueve de abril de dos mil veintiséis, celebrada por el Consejo Estatal del PRD Sonora, y el propio Dictamen pericial solicitado por este IEEyPC, de los cuales se desprende la probable comisión de conductas ilícitas del orden penal, es procedente hacer de conocimiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, así como de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado de Sonora”, señala el acuerdo.
El documento señala que el dar vista a las autoridades de estas posibles irregularidades se hace de conformidad con lo establecido en el artículo 222, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que, quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público.
“Proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia y, que quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes”, señala el documento.
