Un análisis de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley concluye que la vigilancia intrusiva sin orden judicial, las campañas digitales de acoso y la estigmatización desde el poder público durante el sexenio de López Obrador pueden encuadrarse bajo la figura del crimen de lesa humanidad de persecución.
Aldo Canedo
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya cuenta con pruebas suficientes para evaluar la apertura de una investigación formal en contra del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, derivado de una campaña sistemática de persecución y espionaje ilegal contra periodistas y defensores de derechos humanos en México, concluyó un análisis del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley).
Dicho análisis, liderado por Lindsay Freeman, fija una ruta de elementos doctrinarios y probatorios para abrir un “examen preliminar” por crímenes de lesa humanidad, pues establece que entre 2018 y 2024, el gobierno mexicano implementó una estrategia de hostigamiento que se reflejó en la identificación de dos mil 827 fragmentos (en las mil 437 mañaneras del presidente) en los que denostaba a periodistas con términos como “prensa fifí”, “chayoteros” y “hampa del periodismo”.
De acuerdo con la investigación, la persecución gubernamental en México tiene todos los elementos para que entre en acción la nueva Política sobre Delitos Facilitados por Medios Cibernéticos de la Oficina del Fiscal de la CPI. Dicha directriz reconoce que actos como la vigilancia intrusiva sin orden judicial, las campañas digitales de acoso y la estigmatización desde el poder público pueden encuadrarse bajo la figura del crimen de lesa humanidad de persecución.
El trabajo de la Universidad de California en Berkeley documenta que durante la administración anterior fueron asesinados 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos (337 víctimas en total). No obstante, el reporte subraya que el daño central no reside únicamente en la letalidad, sino en la sistematización de un ataque estatal articulado mediante cinco mecanismos:
- La estigmatización diaria desde las conferencias matutinas.
- El uso de redes de bots para acosar.
- La vigilancia ilegal con spyware militar (como Pegasus o Geomatrix).
- El uso del aparato judicial contra críticos (lawfare).
- Impunidad de entre el 93% y el 99%.
La investigación está respaldada en el Proyecto de Rendición de Cuentas por Crímenes en México del propio Centro de Berkeley, el cual puso a disposición pública una plataforma probatoria interactiva. Este repositorio incluye la base de datos verificada de agresiones, la trazabilidad de la compra de ciberarmas como Pegasus a NSO Group y Geomatrix a Rayzone por parte de las Fuerzas Armadas, así como el análisis sistematizado de las conferencias mañaneras. Todos estos elementos fueron alistados por la institución académica para presentarlos formalmente como un expediente ante la Fiscalía de La Haya, como también se conoce a la CPI.
El análisis resalta que la estigmatización verbal se tradujo en agresiones físicas directas, citando el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva —ocurrido un día después de ser atacado en la conferencia mañanera— y el homicidio de Fredid Román en Guerrero, quien fue intervenido con software malicioso tras publicar información sobre el caso Ayotzinapa y ejecutado al día siguiente.
Asimismo, la investigación sustenta la responsabilidad estatal en la evidencia técnica obtenida por las filtraciones de Guacamaya Leaks y los hallazgos de Ejército Espía (R3D y Citizen Lab), los cuales documentaron que un Centro de Inteligencia Militar secreto dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) operó los programas de espionaje para intervenir comunicaciones de comunicadores, activistas e incluso funcionarios civiles.
El informe del Centro de Berkeley concluye que el patrón ejercido durante el gobierno de López Obrador encuadra en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, el cual sanciona la privación intencional y grave de derechos fundamentales contra un grupo definido por su función de interés público.
Al haber sido catalogados como “opositores” al proyecto político de la administración federal, las agresiones cibernéticas y físicas articuladas por el Estado mexicano configuran la mayor prueba previa para que la CPI investigue por primera vez la represión digital como un crimen internacional.
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