A casi ocho años del inicio del proyecto político de la llamada Cuarta Transformación, y a dos de la presente administración federal, el panorama de la salud pública en México revela una realidad diametralmente opuesta a las promesas oficiales. El anhelado sueño del acceso universal a la salud se desvanece ante el aumento exponencial de ciudadanos que reclaman, a viva voz, el incumplimiento de una de las agendas más sensibles para la población. Las inconformidades sociales no son aisladas; representan el síntoma de un sistema que insiste en avanzar hacia una utopía mientras sus cimientos se resquebrajan.
Enfermarse en México es hoy más caro. El acceso a los servicios públicos se ha deteriorado de tal forma que millones de familias se han visto obligadas a costear su atención médica con recursos propios ante la flagrante insuficiencia del aparato estatal.
Los datos del más reciente análisis de la organización México Evalúa son contundentes y deberían encender las alarmas en el Congreso de la Unión. En unos meses comenzará la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2027. Es ahí donde los legisladores tendrán que confrontar una dura realidad: el gasto de bolsillo destinado a la salud incrementó un 41 por ciento, al pasar de 1,135 pesos trimestrales por persona a 1,605 pesos. Detrás de esta fría estadística subyace una tragedia cotidiana: las familias mexicanas destinan una porción cada vez mayor de sus ingresos para cubrir consultas, medicamentos, estudios clínicos y hospitalizaciones porque el sistema público simplemente no responde.
Cuando un hogar debe pagar por aquello que el Estado está constitucionalmente obligado a garantizar, el problema trasciende lo financiero. Se transforma en un fracaso de política pública y en un profundo factor de exclusión social.
En toda crisis existen ganadores y perdedores. En este escenario, el saldo social es devastador: más de 40 millones de mexicanos carecen actualmente de un acceso efectivo a servicios de salud; una cifra que duplica la registrada hace ocho años. Lejos de consolidar la cobertura, el país ha retrocedido gravemente en el ejercicio de un derecho fundamental.
Este retroceso no es casualidad. La desaparición del Seguro Popular —que otorgaba certeza a millones de personas sin seguridad social— dejó un vacío institucional que ni el fallido INSABI primero, ni el IMSS-Bienestar después, han logrado llenar plenamente. Esta transición estuvo marcada por la improvisación, el cambio constante de reglas de operación, la insuficiencia presupuestal y la alarmante falta de coordinación entre la Federación y los estados. A esto debe sumarse, de forma ineludible, una severa dosis de ineficiencia administrativa corrupción y opacidad.
El desencanto ciudadano es medible. México Evalúa revela que siete de cada diez mexicanos prefieren atenderse fuera del sector público. Optan por consultorios adyacentes a farmacias, clínicas particulares o médicos privados, aun cuando esto signifique un sacrificio económico severo. La causa es evidente: listas de espera interminables, desabasto crónico de medicamentos, déficit de especialistas, falta de equipamiento y citas postergadas por meses.
Las propias cifras oficiales confirman que los pacientes esperan semanas para una consulta de especialidad o un procedimiento quirúrgico. Quienes poseen recursos económicos absorben el impacto en el sector privado; quienes no, simplemente posponen su tratamiento o renuncian a recibirlo. Una enfermedad inesperada se ha convertido en una amenaza directa al patrimonio familiar. El fenómeno del “gasto catastrófico en salud” —donde las familias contraen deudas, venden sus bienes o recortan gastos esenciales— es hoy una dolorosa constante en millones de hogares.
Mientras las organizaciones civiles, la academia, las universidades y los organismos nacionales documentan este deterioro, el discurso gubernamental insiste en sostener una narrativa de transformación exitosa. Sin embargo, la realidad no se sostiene con retórica: los hospitales carecen de mantenimiento preventivo, las farmacias públicas están vacías, no se contrata al personal especializado necesario ni se mitigan los tiempos de espera.
La política pública en materia de salud exige planeación a largo plazo, inversiones sostenidas y decisiones basadas en evidencia científica, no ocurrencias administrativas ni reinvenciones sistémicas cada sexenio. México requiere fortalecer con urgencia la atención primaria, modernizar la infraestructura hospitalaria, garantizar el abasto permanente de insumos y consolidar un sistema nacional verdaderamente articulado entre el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y los servicios estatales.
Por ello, la asignación de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 será una prueba de fuego. El Congreso no puede mantenerse complaciente aprobando techos financieros insuficientes mientras los ciudadanos pagan el costo con su propia vida. Los datos son irrefutables: enfermarse cuesta más, la cobertura cayó, el gasto familiar subió y la confianza institucional se desploma.
Ante este vacío del Estado, queda una interrogante en el aire: ¿qué está ocurriendo con el auge del negocio de los hospitales particulares y las farmacias privadas con consultorio? Ustedes ya conocen la respuesta. En nuestra próxima entrega analizaremos a fondo este fenómeno de privatización de facto.
MACISO vs. PRD: Entre la ideología y el pragmatismo sonorense
En la más reciente sesión del grupo de análisis Libre Expresión, contamos con la presencia del licenciado Joel Ramírez, dirigente del nuevo partido político estatal Movimiento de Acción Cívica Sonorense (MACISO). Abogado originario de Guaymas, Ramírez formó su carrera política en las brigadas juveniles del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Tras la pérdida del registro nacional del sol azteca y su posterior transición a partido local debido a los resultados electorales, asumió la presidencia del nuevo comité con la encomienda de redefinir el rumbo de la organización junto al Congreso Estatal del partido.
El liderazgo de Ramírez comenzó con una propuesta de reorganización de fondo, que incluyó dejar atrás la marca del PRD al considerarla desgastada. Bajo su iniciativa, el órgano partidista aprobó —con el voto de las dos terceras partes de los consejeros— el cambio de nombre a MACISO. No obstante, la transición provocó fracturas internas. La facción restante, encabezada por el ingeniero Carlos Navarro (representante ante el Instituto Estatal Electoral), votó en contra argumentando que el cambio significaba un alejamiento de los principios fundacionales del partido.
Este choque expone el clásico desencuentro de la política contemporánea: el dilema entre mantener la pureza ideológica o abrazar el pragmatismo de los nuevos tiempos, donde las doctrinas suelen subordinarse a los intereses estratégicos de supervivencia y competencia.
Actualmente, las facciones se encuentran a la espera del fallo definitivo del Tribunal Electoral, que emitirá su veredicto en los próximos días. De confirmarse la legalidad del cambio, MACISO continuará con su reestructuración interna, la cual, según las propias definiciones de su dirigencia, se perfila por lo pronto para respaldar las aspiraciones políticas de Antonio “Toño” Astiazarán con miras a los próximos procesos electorales en la entidad.
Al final, queda abierta la premisa que debe guiar todo ejercicio político de cara a los ciudadanos: “¿Qué criticas, qué propones y en qué te comprometes?”
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