Carlos Fernández-Vega
Doce años y tres gobiernos al hilo después y no pasa absolutamente nada, ni la acción trasciende el discurso: Grupo México y el tóxico Germán Larrea se mantienen tan campantes, no obstante ser responsables del “mayor desastre ambiental en la historia de la minería en México” –que no el último, dada la permanente condescendencia de la autoridad–, es decir, el derrame de la minera Buenavista del Cobre (6 de agosto de 2014) de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi, que contaminaron 270 kilómetros cuadrados de territorio y afectaron –afectan– ocho municipios sonorenses con alrededor de 25 mil pobladores.
Desde aquella fecha (sin dejar de lado que el corporativo y su dueño mantienen pendientes la remediación por los derrames en el Mar de Cortés y Naco, Sonora, más el homicidio industrial en Pasta de Conchos, en donde murieron 65 mineros), los directamente afectados no han dejado de denunciar el elevado nivel de contaminantes en la zona afectada y el corporativo, junto con el barón, no han hecho mayor cosa por solucionar “el mayor desastre ambiental” por ellos causado.
El pasado miércoles, en Ures, Sonora, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, reconoció que, de acuerdo con los recientes estudios realizados en la cuenca de la zona afectada por el citado derrame, “persisten concentraciones de metales por encima de los límites establecidos para suelos de uso agrícola” y anunció “la segunda etapa de remediación en la zona, que incluirá acciones para vigilar la calidad del agua, recuperar suelos y atender las afectaciones que persisten en las comunidades” ( La Jornada, Cristina Gómez Lima, corresponsal). Y lo informa 12 años después del ecocidio, periodo en el que todos los gobiernos involucrados en el citado periodo notificaron… lo mismo.
La funcionaria detalló que “los primeros muestreos del área permitieron detectar concentraciones superiores a los parámetros permitidos de arsénico, cadmio, plomo y vanadio; en un segundo análisis también fueron encontrados niveles elevados de cadmio, cromo y vanadio. ‘Ustedes nos lo dijeron, pero ya está comprobado’, señaló Bárcena al presentar los resultados de los estudios realizados como parte del diagnóstico antes de comenzar la nueva etapa de remediación, y dijo que ‘no puede haber justicia social sin justicia ambiental’” (ídem). Bien, pero el “ustedes nos lo dijeron” (es decir, la denuncia de los afectados) ha sido permanente desde el momento mismo del derrame del 6 de agosto de 2014 y es la fecha de que la “remediación” se mantiene como asignatura pendiente.
En septiembre de 2014, el entonces inquilino de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, anunció la creación del Fideicomiso Río Sonora, para lo cual Grupo México y el tóxico Larrea se “comprometieron” a aportar 2 mil millones de pesos (en entregas de 500 millones cada una; el monto “aumentaría si la situación lo amerita”) para la “remediación”. Dos años y cinco meses después, sin resolver nada, fue “extinguido” anticipadamente, pues las partes afirmaron que “la limpieza concluyó”. Y colorín colorado, el ecocidio ha terminado, según ellos.
Nada más falso, pues en el gobierno de López Obrador se documentó que de los 2 mil millones “comprometidos” sólo aportaron la mitad y de ella la mayor parte se utilizó en propaganda para intentar lavar la imagen del barón y su corporativo, algo que, desde luego, no lograron. Así, el tiradero tóxico y el daño económico, social y sanitario de los afectados quedó irresuelto y 12 años después se mantiene, pero nadie osa tocar, ni por aproximación, a los responsables del desastre ecológico.
En septiembre de 2014, funcionaros del gobierno de Peña Nieto (Ildefonso Guajardo, Humberto Castillejos y Eduardo Sánchez) “celebraron” la “aportación” de Grupo México y Larrea, por lo cual, anunciaron, “ya no se fincará una demanda en su contra en el marco de la Ley de Responsabilidad Ambiental; ya no es necesario”, al tiempo que se negaron a cancelar la concesión a Buenavista del Cobre (antes Minera de Cananea).
Ello, a pesar de que la comisión especial de la Cámara de Diputados para investigar el derrame de tóxicos –creada en 2014– se pronunció por aplicar “una sanción ejemplar, tanto penal como administrativa, en contra de Grupo México”, pues “mintió desde un primer momento, fue indolente, dejó que se siguieran contaminando las aguas y después, falsamente, señaló que el derrame fue a causa de las lluvias; incurrió en delitos en materia ambiental”.
Pero 12 años después, nada ha cambiado.
Las rebanadas del pastel
Pues nada, que Alito Moreno es la nueva Lilly Téllez y de los dos no se hace ni uno por ciento de un legislador.
X: @cafevega
