Hay discursos institucionales que, a fuerza de repetirse durante décadas, terminan por asentarse en el imaginario colectivo como verdades incontestables. En Hermosillo, esa narrativa oficial cabe en tres palabras: “no hay agua”. Se ha acostumbrado a la ciudadanía a la pedagogía de la escasez —a aceptar los tandeos, la baja presión en los grifos y la incertidumbre diaria— como si se tratara de un castigo divino impagable o de un inevitable destino geográfico. Sin embargo, cuando la conversación pública contrasta los datos técnicos de disponibilidad con las dinámicas urbanas y los privilegios de unos cuantos, la narrativa oficial se desmorona: el problema de Hermosillo no es de sequía estricta, sino de distribución, gestión y concentración del poder.
Recientemente, el debate ha cobrado una dimensión inédita en el entorno digital. Miles de visualizaciones en un lapso de una semana sobre el caso del desarrollo inmobiliario Las Riberas y el manejo del recurso hídrico demuestra que no estamos ante una queja vecinal aislada, sino ante una masa crítica de ciudadanos que ha comenzado a conectar los puntos entre el estrés hídrico de su colonia y las grandes decisiones de la política local.
La matemática del agua en la capital sonorense expone una paradoja inaceptable: mientras en miles de hogares populares el flujo es administrado con gotero, existen sectores donde la abundancia permite la irrigación de campos de polo, lagos artificiales y extensos desarrollos inmobiliarios. Esto obliga a replantear la interrogante de fondo: ¿no hay agua o está capturada por un entramado de intereses empresariales y políticos?
La relación entre recurso hídrico, capital e influencia política forma un círculo vicioso bien conocido en la sociología urbana. El agua genera riqueza; la riqueza se traduce en capacidad de cabildeo e injerencia; y la injerencia garantiza que las reglas de juego —el otorgamiento de concesiones, la ubicación de pozos y la modificación de cauces naturales— sigan beneficiando a los mismos actores.
Es en esta coyuntura donde la rendición de cuentas se vuelve imperativa para los servidores públicos y los integrantes de los órganos deliberativos. Directivos de la paramunicipal, como Renato Ulloa en Agua de Hermosillo, así como perfiles empresariales que ostentan o han ostentado representación en consejos ciudadanos y organismos del agua —como Jorge Cons—, tienen la obligación ética e institucional de actuar con absoluta transparencia. Un funcionario de un organismo operador responde ante un millón de habitantes cuya calidad de vida depende del suministro hídrico, no ante las agendas de los desarrolladores ni de los grupos económicos dominantes.
El expediente de Las Riberas —con señalamientos de modificación de cauces, desplazamiento de ríos y reubicación de obras hidráulicas para amoldarse al diseño inmobiliario— no debe juzgarse a priori como una ilegalidad, pero sí representa un foco rojo de opacidad estructural. Cuando la infraestructura pública o los permisos ambientales parecen ceder con flexibilidad ante proyectos de gran escala, mientras al ciudadano de a pie se le exige resignación ante la escasez, la legitimidad de la autoridad hídrica queda gravemente fracturada.
Administrar la escasez para la mayoría mientras se garantiza la abundancia para una minoría no solo es insostenible: es una forma de control que instrumentaliza la incertidumbre. Hermosillo no puede seguir gobernada por el miedo a la sed mientras persista el secreto sobre la cartografía real del agua.
Es hora de abrir las cartas sobre la mesa: la ciudad necesita saber con precisión quiénes poseen las concesiones, qué volúmenes manejan, para qué actividades se destinan, qué rendimientos económicos generan y qué peso real tienen en las decisiones técnicas del municipio. El reclamo ciudadano de esta semana no es un arrebato pasajero en redes sociales; es la exigencia madura de una comunidad que exige que el agua deje de ser un privilegio de mesa reducida para volver a ser lo que legal y constitucionalmente es: un bien público al servicio del interés general.
