El exgobernador de Baja California busca que se revise la medida cautelar y solicita prisión domiciliaria; un juez federal concedió una suspensión provisional limitada que mantiene su reclusión en el Altiplano
El exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, promovió un juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso que le fue dictado el pasado 19 de julio, así como contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que enfrenta por su probable responsabilidad en los delitos de contrabando de combustible y delincuencia organizada.
La demanda fue presentada ante un Juzgado de Distrito en Materia Penal del Estado de México por el abogado Santiago Villareal Boullosa, quien representa al exmandatario.
Además de impugnar la vinculación a proceso, Ruffo Appel reclama la decisión de la jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, de mantenerlo en prisión preventiva y la negativa para que dicha medida se cumpliera en su domicilio.
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Como parte del juicio de amparo, la defensa solicitó una suspensión provisional de la prisión preventiva para que el exgobernador pudiera continuar el proceso bajo resguardo domiciliario.
El juez federal concedió parcialmente la medida, pero determinó que Ruffo Appel deberá permanecer recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez.
Ruffo Appel permanece recluido en el Cefereso 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez. REUTERS/Luis Cortes
La suspensión provisional fue concedida únicamente para que el exgobernador quede a disposición del juzgado de amparo respecto de su libertad personal, mientras continúa a disposición de la autoridad que lleva el procedimiento penal.
El juzgador consideró que en esta etapa no era posible ordenar directamente el cambio de la prisión preventiva a prisión domiciliaria, pues hacerlo implicaría otorgar a la suspensión efectos restitutorios, los cuales corresponden a una resolución definitiva sobre el fondo del juicio de amparo.
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El juez también señaló que la autoridad responsable no habría emitido un pronunciamiento expreso sobre la solicitud de prisión domiciliaria, por lo que ordenar desde ahora el cambio de medida cautelar implicaría sustituir las funciones de la jueza de Control.
Como parte de los argumentos para solicitar que el exgobernador continúe el proceso bajo resguardo domiciliario, su defensa presentó diversas pruebas relacionadas principalmente con su estado de salud.
Entre los documentos entregados se encuentra un informe médico denominado “Evaluación de Riesgo para la salud en Condición de Internamiento”, además de un expediente clínico relacionado con su seguimiento ortopédico.
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La defensa del exgobernador busca que la prisión preventiva sea sustituida por resguardo domiciliario. (Foto: Archivo/Infobae)
La defensa también presentó notas médicas, resúmenes de atención, radiografías e instrucciones postoperatorias emitidas por Scripps Clinic y Scripps Green Hospital, así como electrocardiogramas realizados durante valoraciones médicas y su seguimiento.
También fueron incorporadas recetas médicas fechadas el 17 de julio de 2026, suscritas por el cardiólogo tratante del exgobernador.
Entre las documentales entregadas aparecen además copias de las credenciales para votar de sus hijos y un recibo expedido por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, correspondiente al 31 de mayo de 2026.
El juzgado deberá determinar cuáles de estas pruebas serán admitidas y tomadas en cuenta durante la audiencia incidental, en la que se resolverá si concede o niega la suspensión definitiva relacionada con la solicitud de prisión domiciliaria.
Por ahora, la suspensión provisional no permite que Ruffo Appel salga del Altiplano. Su defensa busca que, mediante el juicio de amparo y con base en las pruebas presentadas, se modifique esta situación.
La resolución definitiva sobre la suspensión será independiente del análisis de fondo que corresponda respecto al auto de vinculación a proceso y las acusaciones por contrabando de combustible y delincuencia organizada.
