El informe de la Coordinadora Estatal de Protección Civil (CEPC) sobre el Hospital “Dr. Fernando Ocaranza” del ISSSTE en Hermosillo no representa una simple falta administrativa; es la radiografía de un deterioro sistemático. Reprobar la totalidad de los 30 puntos evaluados y acumular 42 observaciones de riesgo crítico —que abarcan desde deficiencias electromecánicas y estructurales hasta la ausencia de un plan de evacuación e incluso de un seguro de responsabilidad civil— revela una omisión institucional que expone de forma directa la integridad del personal y de los pacientes.
El contexto estructural explica, aunque no justifica, la gravedad de la situación. Con aproximadamente seis décadas de operación continua, el hospital “Dr. Fernando Ocaranza” es la principal columna vertebral de atención médica para la derechohabiencia del ISSSTE en la capital sonorense y zonas conurbadas. Aunque la unidad ha recibido asignaciones presupuestales recientes para mantenimientos por fases y remodelaciones en áreas clave —como la asignación de 45 millones de pesos orientados a urgencias, quirófanos y climatización—, las intervenciones parciales han resultado insuficientes para corregir fallas de origen en un edificio con severo desgaste acumulado. fallas reconocidas por el gobierno estatal y las autoridades federales encargadas del nosocomio.
Sin embargo, el abordaje de esta crisis exige superar la inmediatez del discurso político. La exigencia de la diputada Gabriela Félix para cerrar el inmueble resulta comprensible desde la perspectiva de la gestión de riesgos: mantener operativo un espacio con fallas críticas documentadas es asumir un peligro inminente. No obstante, clausurar un hospital regional no equivale a bajar la cortina de un establecimiento comercial.
La encrucijada medular radica en las consecuencias operativas de un eventual cierre. Suspender las actividades del “Dr. Fernando Ocaranza” sin haber ejecutado con anterioridad un plan integral de reubicación, con presupuesto asignado e infraestructura receptora lista, solo desplazaría el riesgo de la estructura física a la salud del paciente. En un sistema público de salud caracterizado por la saturación de servicios, la interrupción sin alternativas inmediatas se traduce en diferimiento de cirugías, retraso en tratamientos críticos y colapso de las unidades médicas secundarias a las que se pretenda derivar a la población derechohabiente.
El aspecto más crítico de este expediente no es la falta de diagnóstico —las inspecciones de la CEPC y el uso de las herramientas de transparencia cumplieron su cometido técnico—, sino la inercia de las autoridades del ISSSTE. El hecho de que venciera el plazo otorgado por Protección Civil sin que se subsanaran las anomalías evidencia una parálisis burocrática ante advertencias formales.
La fiscalización de los representantes populares es indispensable para visibilizar estas fallas, pero el rigor de la exigencia debe acompañarse de viabilidad logística. El ISSSTE requiere una intervención federal urgente que atienda el problema de forma dual: garantizando la seguridad física del inmueble sin comprometer, en ningún momento, el derecho a la atención médica. Presionar por el cierre sin exigir de manera paralela la infraestructura de reemplazo deja la solución a medias y a los usuarios en la indefensión.
