A raíz de divulgarse en las redes unos documentos que señalan pagos con o sin factura de por medio que son otorgados a medios de comunicación, columnistas, periodistas y advenedizos, resurge la pregunta, de hace años, ¿El gobierno en este caso de Sonora esta facultado para dispersar recursos que son de lo ciudadanos, los cuales fueron sustraídos mediante impuestos para responder a las necesidades fundamentales de la comunidad como lo son los servicios de infraestructura, agua, bacheo limpieza y seguridad entre otros, y que son desviados al pago de imagen del gobierno sin el consentimiento de los ciudadanos, o en su caso del Congreso del Estado, cuyos miembros dígase diputados jamás han consultado al respecto?
Obviamente dicha reflexión en forma de pregunta mas bien parece una ingenuidad de mi parte, pero creo que vale la pena analizarlo, mas ahora que hablamos de un Gobierno que se pronuncia de cero corrupción y está volcado totalmente al servicio de los ciudadanos.
No estoy seguro que los nombres y empresas que aparecen en el listado en cuestión, que según dicen que es falso corresponde a los montos señalados, pero coincide perfectamente con los comunicadores que ahí se describen y que si reciben “apoyos” para sus labores de comunicación. Aclaro que no tengo nada personal con los involucrados, pero creo que es una buena oportunidad de hacer algunas precisiones sobre la actividad del periodismo en nuestro Estado.
En Sonora y en el mundo el que paga manda………..
En términos generales no hay mayor desafío para la comunicación que esa línea invisible que separa el deber de informar de la obligación de agradar a quien sostiene el negocio. Cuando un medio o un periodista ajusta su voz según quién le paga sea un anunciante, un patrocinador, un gobierno o un grupo de poder deja de ser un puente entre la realidad y la gente, y se convierte en un instrumento al servicio de intereses particulares.
Esta dependencia no solo distorsiona la noticia: cambia lo que se cuenta y, sobre todo, lo que se decide callar. Se eligen los temas que no molestan, se suavizan las críticas a quienes generan ingresos, y se exagera o se inventa lo que beneficia a quien paga. El público, que confía en recibir la verdad, termina recibiendo una versión maquillada de la realidad, construida no por los hechos, sino por las cuentas por cobrar.
Para las empresas de comunicación, esta lógica es una trampa a largo plazo: la credibilidad se construye años y se pierde en un instante. Cuando la gente percibe que lo que lee o escucha responde a quién paga y no a la verdad, deja de creer en todo lo que dicen, incluso en aquello que sí es honesto.
Al final, la comunicación tiene un valor que va más allá de cualquier factura: ser el espejo donde la sociedad se ve tal como es, no como otros quieren que parezca. Mientras el cuidado por quien paga esté por encima del respeto a la verdad, la información dejará de ser luz y se convertirá en una sombra al servicio de unos pocos.
“Cuando el sueldo viene del palacio: la voz deja de ser propia.”
Hay una forma especialmente delicada de perder la libertad de informar: cuando el sustento del periodista o del medio depende directamente de los apoyos, contratos o publicidad que entrega el gobierno en turno. Muchos creen que solo reciben un pago por difundir obras o anuncios oficiales, pero en realidad se están comprometiendo a algo mucho más pesado: convertirse en guardianes de la imagen del gobernador, no en testigos de la realidad.
Bajo esta lógica, la labor cambia por completo: ya no se trata de contar lo que pasa, sino de cuidar que nada dañe al poder. Se destacan hasta el mínimo detalle las acciones buenas, se maquillan las obras incompletas y, lo más grave, se guardan silencio cómplice sobre los errores, los abusos, los casos de corrupción o las promesas incumplidas. Lo que debería ser una voz que vigila se convierte en un escudo que protege.
El problema no es solo que se oculte la verdad hoy: es que se engaña a toda la sociedad mañana. La gente no sabe si lo que lee o escucha viene de lo que realmente ocurrió, o viene de lo que al gobernador o el presidente municipal le gustaría que supieran. Y cuando el periodismo se vuelve una extensión de la propaganda oficial, deja de cumplir su función más importante: ser el contrapeso que el poder siempre necesita.
Al final, el precio de esos apoyos es muy alto: el periodista deja de ser un servidor de la información y se convierte en empleado de quien manda. Y un periodismo que no puede decir lo que piensa por miedo a perder el apoyo, no es periodismo: es solo publicidad disfrazada.
“El que este libre de pecado que tire la primera piedra.”
