La crisis del INE, las disputas internas y la sucesión gubernamental comienzan a modificar las expectativas electorales de Morena en Sonora.
La declaración del gobernador Alfonso Durazo Montaño, en el sentido de que Adolfo Salazar, Paloma Terán, Fernando Rojo y Paulina Ocaña permanecerán en su administración hasta el final de su mandato, merece una lectura que vaya más allá de la explicación administrativa ofrecida públicamente.
¿Estamos ante una decisión voluntaria de los funcionarios o frente a un reacomodo anticipado de las fuerzas políticas de Morena rumbo a 2027?
Hay, por lo menos, tres elementos que deben considerarse.
PRIMERO. EL COSTO POLÍTICO DE LA CRISIS DEL INE.
Los recientes acontecimientos y señalamientos que han colocado al Instituto Nacional Electoral en una situación de vulnerabilidad institucional pueden alterar los cálculos electorales de Morena.
En ese contexto, algunos integrantes de la nueva clase política sonorense podrían estar reconsiderando sus posibilidades de competir por cargos de elección popular.
No obstante, sería prematuro afirmar que su permanencia obedece directamente a la crisis del INE: no existe, por ahora, evidencia pública suficiente para establecer esa relación causal.
SEGUNDO. LA DISPUTA POR LOS ESPACIOS DE PODER.
El segundo elemento tiene que ver con la correlación de fuerzas dentro de Morena. La selección de candidaturas no depende exclusivamente de la popularidad, la trayectoria administrativa o el potencial electoral de los aspirantes. También intervienen los grupos políticos, las alianzas, las lealtades y la capacidad de construir acuerdos.
En este escenario, resulta inevitable observar la influencia del poderoso grupo político de Lorenia Valles , a nivel nacional de Rene Bejarano y Dolores Padierna, y preguntarse qué espacios tendrá la nueva generación de funcionarios vinculados al gobernador Durazo.
La interrogante es relevante: ¿quién tendrá la capacidad de definir las candidaturas y distribuir las posiciones de poder en 2027?
TERCERO. LA SUCESIÓN Y EL FUTURO DEL GRUPO DURAZO.
La permanencia de estos funcionarios puede interpretarse también como un mecanismo para conservar cohesión política y capacidad de operación durante la última etapa del gobierno.
Pero hay una contradicción que no debe perderse de vista: permanecer en el gabinete puede fortalecer la continuidad administrativa, aunque también puede reducir las oportunidades de posicionamiento electoral de quienes aspiraban a convertirse en candidatos.
En consecuencia, la decisión de Durazo no solamente tiene implicaciones administrativas; también proyecta señales sobre la reorganización de su grupo político frente a la sucesión.
En política, las candidaturas no se pierden únicamente en las urnas; también pueden quedar fuera de la competencia antes de que comience formalmente el proceso electoral.
Adolfo Salazar, Paloma Terán, Fernando Rojo y Paulina Ocaña permanecerán, según lo anunciado por el gobernador, en el gobierno estatal. Falta saber si se trata de una decisión de responsabilidad institucional, de disciplina política o de un reacomodo en la correlación interna de Morena.
La verdadera incógnita rumbo a 2027 no es solamente quién aparecerá en la boleta electoral, sino quién tendrá el poder político para decidir quiénes pueden aparecer en ella.
Porque una cosa es tener presencia en el gobierno y otra muy distinta tener capacidad para disputar el poder en Morena Sonora.
