El periodista aseguró que la fuerza de tarea estadounidense opera activamente y considera el caso del gobernador con licencia de Sinaloa como una prioridad dentro de las investigaciones vinculadas al combate contra el narcotráfico.
Redacción AN / MDS
El periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga afirmó que autoridades de EE.UU. mantienen una fuerza de tarea integrada por al menos 10 agencias federales que desde hace varios años recopilan información sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros integrantes de su entorno político y de gobierno.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el director de Xpectro FM sostuvo que el caso entra en una etapa particularmente relevante debido a la cercanía de la audiencia de Ismael “El Mayo” Zambada, programada para el 20 de julio, y a versiones que circulan en Sinaloa sobre un eventual regreso de Rocha Moya a la gubernatura.
“El caso se vuelve muy interesante en estas semanas que vienen, en estos días siguientes”, señaló Arteaga, quien vinculó ambos acontecimientos con el desarrollo de las investigaciones que, según dijo, realizan autoridades estadounidenses.
El periodista sostuvo que la estructura encargada de investigar el caso está integrada por agencias como la DEA, el FBI, la división criminal del Departamento de Justicia y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), entre otras. “Existe y ha existido una fuerza de tarea de al menos diez dependencias”, afirmó.
De acuerdo con Arteaga, el seguimiento comenzó en 2020, cuando autoridades estadounidenses habrían detectado las aspiraciones políticas de Rocha Moya rumbo a la elección de gobernador de Sinaloa. Según explicó, dichas agencias realizaron un proceso de recopilación de información sobre el perfil político del mandatario y sus presuntos vínculos con grupos criminales que operan en la entidad.
Arteaga aseguró que las dependencias estadounidenses reunieron información financiera, de inteligencia, seguridad y operación política, además de testimonios de personas detenidas o procesadas en EE.UU. vinculadas al Cártel de Sinaloa.
“‘El Mayo’ Zambada, ‘El Chapo’ Guzmán, los hijos de ‘El Mayo Zambada’, los sicarios, todos coinciden en un eje en el tema de Rubén Rocha Moya”, afirmó.
El periodista sostuvo que las autoridades estadounidenses construyeron un expediente a partir de miles de documentos y declaraciones recopiladas durante varios años. “Las autoridades de Estados Unidos tienen información, no de dichos, no de narrativas creadas; ellos tienen información perfectamente perfilada financiera, de inteligencia, de seguridad y de operación política”, señaló.
Según Arteaga, las investigaciones del grupo no se limitan al gobernador con licencia, sino que también alcanzan a otros integrantes de su gobierno. Mencionó específicamente al senador morenista Enrique Inzunza, al exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y al exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, estos últimos quienes se entregaron a la justicia estadounidense.
Sobre Díaz Vega, aseguró que tendría relevancia para las indagatorias por su acceso a información financiera y por sus presuntos vínculos empresariales con los familiares del mandatario sinaloense. Asimismo, afirmó que la fuerza de tarea amplió su revisión a integrantes del gabinete estatal desde el inicio de la administración.
Uno de los puntos que, según explicó, ha despertado interés entre las autoridades estadounidenses es la operación del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES). Señaló que los investigadores han puesto atención en el transporte ferroviario que cruza la entidad y en los mecanismos de supervisión gubernamental relacionados con esas operaciones.
Según dijo, las autoridades estadounidenses buscan determinar si existieron omisiones que facilitaron el traslado de cargamentos de fentanilo hacia territorio estadounidense.
Aseguró que el volumen de información reunido es considerable: “Pruebas hay miles”. Agregó que los expedientes habrían sido alimentados durante años por distintas instancias federales estadounidenses.
Se refirió a la acusación de Estados Unidos sobre la presunta colaboración del gobernador con licencia con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, a la que habría brindado protección institucional a cambio de que influyera en el proceso electoral de 2021 en Sinaloa.
Arteaga señaló que también se investigan los supuestos encuentros con operadores del grupo criminal y la presunta red de funcionarios infiltrados en la administración estatal.
Respecto de la elección de 2021, aseguró que autoridades estadounidenses analizan la información relacionada con las presuntas acciones de intimidación contra adversarios políticos durante la campaña. Según dijo, entrevistas e interrogatorios realizados a personas detenidas en Estados Unidos condujeron a líneas de investigación vinculadas con ese proceso electoral.
“La desaparición temporal de alrededor de entre 1,200 y 1,500 personas operadoras de la alianza opositora contra Rocha Moya. Eso no es un secreto”, afirmó.
Apuntó que las autoridades estadounidenses también examinan los presuntos mecanismos de financiamiento ilícito de campañas mediante recursos provenientes del narcotráfico o mediante el uso de empresas fantasma para desviar recursos públicos.
Arteaga aseguró además que la investigación tiene una relevancia especial para EE.UU. dentro de su estrategia de combate contra organizaciones criminales catalogadas como terroristas. “Es el objetivo prioritario número uno”, dijo sobre Rocha Moya.
En ese sentido, explicó que la estrategia estadounidense ya no se limita a perseguir a líderes criminales, sino que busca actuar también contra quienes presuntamente facilitaron o protegieron sus operaciones. De esta forma, el caso de Rocha Moya representaría un expediente emblemático dentro de la ofensiva de Washington contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Sobre la detención provisional con fines de extradición solicitada por las autoridades estadounidenses, aseguró que Washington no está exigiendo una entrega inmediata del gobernador con licencia, sino su captura para activar los mecanismos previstos en el tratado bilateral. “Deténlo, por favor, para que yo te pueda presentar las pruebas”, afirmó al describir lo que, según él, ha planteado Estados Unidos a México.
Sostuvo que el tratado establece un plazo para que las autoridades estadounidenses entreguen formalmente la documentación correspondiente una vez realizada la detención.
Consideró que una eventual reinstalación de Rocha Moya en el gobierno estatal sería interpretada negativamente por autoridades estadounidenses. “Si ya eso le sumas que lo quieren reinstalar en la gubernatura, ¿qué van a pensar las autoridades de Estados Unidos?”, cuestionó.
El periodista insistió en que el asunto es visto por Washington como un tema de seguridad nacional y no como una disputa política. “No es un tema político, es un tema judicial, es un tema penal, es un tema de seguridad”, sostuvo.
Afirmó que las investigaciones continúan avanzando y que la fuerza de tarea ya no sólo recopila información sino que “ya opera y ahora ejecuta”, por lo que las autoridades estadounidenses disponen ahora de la información proporcionada por los exfuncionarios de seguridad y finanzas de la administración sinaloense.
“Estados Unidos no se olvida de estas cosas”, concluyó.
