El sustento de comunidades pesqueras y la comunidad indígena Comcáac está amenazado por un nuevo proyecto energético en el Golfo de California.
North American Congress on Latin America (NACLA)
En el Golfo de California, en México, las comunidades pesqueras y la comunidad indígena Comcáac se enfrentan a un posible proyecto de explotación de combustibles fósiles que podría intensificar el tráfico marítimo industrial a través de una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo. En Puerto Libertad, un pueblo ubicado a unas 125 millas al sur de la frontera entre Estados Unidos y México, la empresa Mexico Pacific Limited LLC (MPL), con sede en Texas, propone construir una terminal de exportación de gas natural licuado (GNL) y gasoductos transfronterizos que ponen en la mira tanto a las comunidades como a la vida marina. Justo al sur de Puerto Libertad, los indígenas Comcáac han resistido la colonización durante siglos; los líderes comunitarios advierten ahora que el proyecto podría poner en peligro sus vínculos con la tierra y el mar.
En Puerto Libertad, muchos de los 2,750 residentes forman parte de cooperativas pesqueras sostenibles y suministran pescado a algunos de los restaurantes más aclamados de México. De concretarse, el proyecto traería un flujo constante de buques a través de las aguas que albergan algunas de las concentraciones más altas de vida marina en la Tierra, amenazando directamente el sustento de los pescadores y el futuro de ballenas y delfines migratorios. Si bien las preocupaciones ambientales, como la degradación del ecosistema marino, han captado la atención pública, la resistencia local al proyecto se basa en la autodeterminación indígena y en sus relaciones con la tierra y el mar.
En 2018, MPL, una empresa sin antecedentes en el desarrollo de proyectos de este tipo, presentó una solicitud ante el Departamento de Energía de EE.UU. para utilizar los gasoductos transfronterizos existentes con el fin de llevar gas natural de EE.UU. a México. Tras solicitar ampliar la capacidad de transporte de gas natural, la empresa determinó que los gasoductos existentes serían insuficientes y propuso un nuevo gasoducto dedicado a este fin. Estos sistemas están separados solo por su nombre —el Gasoducto Conector Saguaro en Texas y el Gasoducto Sierra Madre en México— y atravesarían el oeste de Texas hasta el norte de México a lo largo de 800 kilómetros hasta la terminal de exportación de GNL propuesta en Puerto Libertad, también conocida como el proyecto Saguaro Energy. En Puerto Libertad, los buques navegarían a lo largo de la costa para cargar el gas natural licuado antes de dirigirse a puertos en Asia.
Durante décadas, el pueblo pesquero ha sido testigo de cómo los proyectos energéticos invaden sus límites. Entre ellos se encuentra una de las plantas fotovoltaicas más grandes de México, que abastece la Central Eléctrica de Puerto Libertad. Al igual que con la central eléctrica, que exporta energía desde la zona hacia ciudades más grandes de México y hacia la frontera con EE.UU., los residentes locales no esperan recibir ningún beneficio energético por albergar el proyecto Saguaro Energy. Además, a pesar de las victorias judiciales de los grupos ambientalistas que han frenado componentes clave del proyecto —incluida una medida cautelar de 2024 que detuvo la construcción de la terminal de exportación de GNL y un fallo de 2026 que bloqueó temporalmente el tránsito de buques metaneros de GNL por el Golfo de California—, el proyecto persiste.
El proyecto ha generado dos formas de oposición distintas, pero complementarias. Los líderes Comcáac han expresado su preocupación por la soberanía indígena, señalando la falta de comunicación por parte de MPL sobre las decisiones que afectan su territorio. Al mismo tiempo, miembros de varias comunidades Comcáac, pescadores locales y defensores ambientales se han movilizado en torno a los riesgos para el ecosistema marino del Golfo de California. Aunque ambas motivaciones pueden actuar en conjunto, están impulsadas por cuestiones diferentes: una se pregunta cómo se debe proteger el Golfo; la otra, quién tiene la autoridad para decidir su futuro.
Soberanía indígena y consentimiento
En los debates públicos sobre el proyecto, las preocupaciones se han centrado en el ecosistema marino del Golfo. Pero la lucha va más allá de la conservación; también se trata de la gobernanza indígena y la autodeterminación.
Pero la lucha va más allá de la conservación; también se trata de la gobernanza indígena y la autodeterminación.
La oposición de los Comcáac se basa en la protección del mar y en la autoridad territorial y la soberanía de los pueblos originarios. Los Comcáac continúan tradiciones milenarias en las comunidades al sur de Puerto Libertad, incluidas El Desemboque y Punta Chueca. Para Valentina Torres, directora del centro cultural Comcáac en Punta Chueca, la oposición al MPL se inscribe en su cosmología, en la que la tierra y sus habitantes son parientes. “Somos recolectores y pescadores; nos alimentamos del océano y del desierto”, explicó Torres y advirtió que la contaminación del proyecto destruiría su hogar. Para los Comcáac, proteger el Golfo es inseparable de defender su territorio y sus relaciones con sus parientes más que humanos.
En la isla Tiburón, al este del pueblo de Punta Chueca, Torres contó la historia de un antepasado que regresó en forma de tortuga laúd para consolar a su hermano. Estos lazos con parientes más que humanos, junto con las historias de origen de los Comcáac relacionadas con el cactus saguaro gigante, destacan sus conexiones territoriales y espirituales centenarias con el Golfo de California. Cuando le preguntamos si alguien de su comunidad había sido informado sobre el proyecto de GNL, Torres respondió que no contaba con mucha información. Aunque Torres señaló divisiones internas y posiciones divergentes entre las autoridades y la comunidad, destacó que la mayor parte de la comunidad Comcáac de Punta Chueca se opone al proyecto. Por su parte, varios jóvenes Comcáac especularon que algunos adultos podrían mostrarse menos dispuestos a participar en demostraciones contra el proyecto debido a las experiencias históricas de violencia del Estado y el genocidio contra sus antepasados.
Aunque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha comprometido a fortalecer los derechos indígenas, miembros de la comunidad Comcáac de Punta Chueca y de El Desemboque señalaron que ni los representantes de MPL ni el Estado mexicano han intentado dialogar con ellos. A pesar de que la Corte Interamericana, un órgano judicial vinculante para México, dictaminó en 2007 que los Estados miembros deben garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas en cualquier plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción dentro de su territorio, dicha participación no alcanza a garantizar la soberanía y la autodeterminación. El Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), un principio de las Naciones Unidas destinado a proteger la participación indígena en las decisiones que afectan sus tierras, tiene como objetivo garantizar que las comunidades sean informadas y consultadas antes de que los proyectos avancen. Sin embargo, expertos sostienen que la consulta por sí sola no garantiza la soberanía indígena sobre esas decisiones. El investigador en energía Alexander Dunlap sostiene que, en la práctica, el CLPI puede funcionar como un sustituto burocrático de la autonomía indígena, canalizando la autoridad territorial hacia procesos de consulta que dejan intactas las decisiones extractivas. En el caso del proyecto de Saguaro Energy, una futura consulta con los Comcáac corre el riesgo de legitimar un proyecto que ya lleva años en marcha.
Evaluaciones ambientales y disputas legales
El Golfo de California alberga el 39 por ciento de las especies de animales marinos del mundo, incluidas las siete especies de ballenas que llegan al golfo para reproducirse. La terminal de exportación de GNL propuesta por MPL aumentaría drásticamente la actividad industrial en esta zona. Los conservacionistas advierten que el aumento del tráfico de buques de GNL incrementará el riesgo de colisiones con ballenas, mientras que la contaminación acústica submarina podría alterar la comunicación, la migración y la reproducción de los mamíferos marinos. Otras preocupaciones incluyen la contaminación derivada de las operaciones industriales y la falta de evaluaciones exhaustivas de los impactos ambientales a largo plazo.
En 2023, científicos del Centro Kino Bay del Prescott College, ubicado en el Golfo de California, revelaron que el equipo de cumplimiento ambiental de MPL se había puesto en contacto con ellos para solicitar una evaluación ambiental general, en lugar de la Declaración Regional de Impacto Ambiental y el Estudio de Riesgo Ambiental completos que exige la legislación mexicana. Aun así, los científicos locales señalaron que el estudio proporcionó una visión detallada de la biodiversidad del Golfo y reforzó las preocupaciones de que el tráfico de buques metaneros afectaría gravemente a los ecosistemas locales y al sustento de los pescadores. Después de que el equipo de investigación presentara sus hallazgos, que resaltaban estos riesgos, MPL despidió a su equipo de cumplimiento ambiental, dejando a los investigadores sin pago.
MPL tiene un historial de tomar atajos en las evaluaciones ambientales. El 18 de junio de 2025, la empresa solicitó al Departamento de Energía de EE.UU. una prórroga de siete años de su autorización de exportación de GNL para el proyecto Saguaro Energy hasta 2032. En respuesta, varias organizaciones ambientales, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), argumentaron que MPL no había revelado que tenía procesos legales en curso en México y que estos generan una incertidumbre significativa sobre el futuro del proyecto. En particular, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) aprobó las modificaciones de MPL a un permiso otorgado en 2006 para un proyecto diferente, lo que le permitió a la empresa evitar realizar una nueva evaluación de impacto ambiental.
Los derechos de la naturaleza
Las preocupaciones de que el aumento del tráfico de buques pudiera afectar significativamente a las zonas marinas de reproducción de especies motivaron una reciente acción legal contra el proyecto de Saguaro Energy. Nuestro Derecho al Futuro A.C., una organización no gubernamental, demandó al gobierno federal por autorizar el proyecto sin completar los estudios de riesgo ambiental requeridos. Utilizando a las ballenas como demandantes ante el tribunal, la organización exigió que el Estado mexicano designara el Golfo como un “hábitat crítico”, basándose en la Constitución mexicana y el derecho internacional.
La estrategia legal va más allá de la regulación ambiental para cambiar el paradigma jurídico subyacente, de modo que se reconozca que los ecosistemas y toda la vida silvestre tienen derechos.
“[Es] este nuevo paradigma de amor, donde la naturaleza es el centro de todo”, dijo Elena López, abogada de Nuestro Futuro A.C. Camila Campillo, otra abogada del mismo equipo, describió el caso como un esfuerzo estratégico de litigio climático basado en los “derechos de la naturaleza”, con el objetivo de impugnar el proyecto al presentar a las ballenas como un sujeto de derechos para la protección del ecosistema. Su demanda posiciona a las ballenas como una especie paraguas y un sustituto legal del Golfo, y busca establecer la protección de toda la zona.
Este enfoque, novedoso en México, se inscribe en la tradición latinoamericana de los derechos de la naturaleza. La estrategia legal va más allá de la regulación ambiental para cambiar el paradigma jurídico subyacente, de modo que se reconozca que los ecosistemas y toda la vida silvestre tienen derechos. López y Campillo señalaron que la administración de la presidenta Sheinbaum impulsó recientemente cambios en la ley de amparo del país, lo que dificulta aún más que las organizaciones ambientales demuestren legitimación y obtengan suspensiones de proyectos potencialmente dañinos. A pesar de las crecientes dificultades, en abril de 2026, Nuestro Futuro A.C. logró una victoria temporal que prohíbe el tránsito de buques metaneros de más de 300 metros de eslora y conectados a la propuesta terminal de exportación de GNL de Saguaro por el Golfo de California, en espera del fallo definitivo del tribunal.
Guardianes del mar
Aunque lo hacen desde tradiciones diferentes, los pescadores locales y los Comcáac comparten el compromiso de proteger el Golfo. Para el pescador local y capitán Cosme Becerra, fundador del Grupo Tortuguero de Bahía de Kino, “la niñez es estar en el mar”. Comenzó a pescar con su padrastro cuando tenía unos siete años y, con el paso de los años, pasó a ser ayudante de barco y, finalmente, capitán. Gracias a la pesca, Becerra construyó su hogar y ahora administra un restaurante local, lo que le permite garantizar una vida estable para su familia.
Becerra explica cómo salvar a una tortuga herida y sentirse profundamente conmovido por sus llantos lo transformó de un “depredador del mar” en un conservacionista de tortugas. Su documental El Llanto de las Tortugas relata su camino hacia convertirse en guardián marino y muestra la vida cotidiana de las comunidades pesqueras. Ahora, su hijo, Cosme “Cono” Becerra Jr. sigue sus pasos como capitán de barco y buzo.
De manera similar, en El Desemboque, Mayra “Mila” Estrellas, una líder Comcáac en la conservación de las tortugas, trabaja desde una cosmología en la que las tortugas marinas y los ecosistemas frágiles se cuidan como si fueran familiares. “Estamos muy orgullosos porque somos nuestro propio grupo étnico”, dijo Estrellas, “y además nos dedicamos a la conservación”. Los datos ecológicos que recopilan contribuyen a los informes nacionales y al registro propio de los Comcáac, con el cual siguen a las especies en peligro de extinción y el tamaño de las poblaciones.
Aunque parten de relaciones distintas con sus aguas y costas, los pescadores locales y los Comcáac están unidos por su compromiso con los ecosistemas marinos del Golfo. Al hacer frente a las presiones ecológicas y de infraestructura, las comunidades pesqueras incorporaron la protección y el cuidado de las especies a su trabajo cotidiano, contribuyendo a las prácticas de conservación de los Comcáac, que se basan en relaciones territoriales con el mar y la tierra desde tiempos inmemoriales. Para los Comcáac, la custodia es inseparable de la soberanía; cuidar el Golfo también es conservar la autoridad para determinar su futuro. Su gobernanza contrasta fuertemente con la de los desarrolladores de combustibles fósiles y los líderes estatales, que se encuentran lejos de las aguas cuyo destino pende de un hilo.
Rachel Herring es miembro de la Nación Choctaw de Oklahoma. Es escritora e investigadora y actualmente cursa su doctorado en Soberanía Energética en la Universidad de Stanford.
Arantza Caudillo-Álvarez es originaria de Puebla, México. Está terminando su maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Stanford.
