La fundadora de Madres Buscadoras señala que las familias financian con recursos propios las jornadas de rastreo y, además, deben enfrentar la criminalización y la falta de empatía hacia las víctimas
Ubaldo Robles / NOROESTE
Además del dolor por la desaparición de sus seres queridos, las madres buscadoras en México enfrentan carencias económicas y la revictimización social y de las propias autoridades, denunció Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora de los colectivos Madres Buscadoras en Sinaloa, Sonora y Jalisco.
La activista señaló que, pese a que las autoridades aseguran destinar recursos para la localización de personas desaparecidas, las familias continúan costeando las búsquedas con apoyo de la sociedad civil y esfuerzos propios.
“El gobierno siempre dice que tiene millones de recursos para la búsqueda de personas desaparecidas, pero no sabemos a quién se los dan”, reclamó.
La madre buscadora explicó que entre las principales necesidades se encuentran vuelos, hospedaje, alimentos, bebidas hidratantes y gasolina para los vehículos que las trasladan a los puntos de búsqueda, ya que los colectivos no cuentan con transporte propio.
Para obtener recursos, dijo, las madres organizan rifas y realizan solicitudes de apoyo a través de redes sociales.
Flores Armenta compartió que durante las recientes jornadas de búsqueda en Jalisco quedó en evidencia la magnitud de la crisis humanitaria que vive el País.
Recordó que el domingo 17 de mayo, tras recibir reportes anónimos, el colectivo acudió a Lagos de Moreno, donde localizaron 17 crematorios clandestinos durante el primer día de trabajos.
Agregó que, de acuerdo con información anónima recibida por las buscadoras, en ese sitio podrían haber sido cremadas más de 150 personas.
A estos hallazgos se suman las labores realizadas en Tlajomulco de Zúñiga, cerca del aeropuerto de Guadalajara, donde el colectivo participó en la localización de más de 100 cuerpos tras un mes de trabajos.
La activista explicó que la función de las madres buscadoras consiste en atender los llamados ciudadanos, ubicar los puntos señalados y posteriormente entregar las escenas a las autoridades para que continúen con el procesamiento correspondiente.
Pese a que el movimiento agrupa a más de 5 mil madres en distintas regiones del País, sostuvo que las familias operan en condiciones de abandono institucional.
Asimismo, lamentó que además de la falta de recursos deban enfrentar señalamientos y la criminalización de las víctimas.
“Nadie merece tener un desaparecido y nadie merece desaparecer”, señaló.
La activista recordó que su lucha comenzó el 30 de octubre de 2015, cuando su hijo Alejandro Guadalupe desapareció en Los Mochis, Sinaloa; y años después, en 2019, también desaparecieron sus hijos Marco Antonio y Jesús Adrián en Sonora.
Aunque logró recuperar a Jesús Adrián con vida, un hecho que calificó como su regalo del Día de las Madres; y a Marco Antonio ya fallecido, la búsqueda de Alejandro continúa.
Finalmente, Flores Armenta advirtió que las labores de rastreo representan un riesgo para madres y padres buscadores, pues ya existen registros de familiares que han sido amenazados por intentar localizar a sus seres queridos.
La activista hizo un llamado a la empatía y sensibilidad de la ciudadanía para no dejar solas a las familias que continúan buscando a quienes fueron arrebatados de sus hogares.
