Asunto: Las imputaciones formuladas contra Alfonso Durazo por el diario Los Ángeles Times
Estimado Jorge Morales Borbón: Resulta particularmente interesante e ilustrativa tu opinión sobre el tema en comento, lo que me ha motivado a formular algunas observaciones breves y circunstanciadas que, espero, contribuyan a enriquecer el análisis público respecto de las imputaciones que el diario Los Ángeles Times ha realizado en contra del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.
Coincido contigo en un aspecto fundamental: todas las personas que ejercen funciones públicas están sujetas al escrutinio, la investigación y la crítica por parte de los medios de comunicación. Frente a ello, les asiste el derecho —y en muchos casos la obligación— de solicitar aclaraciones, precisiones, ejercer el derecho de réplica y, en su caso, acudir ante las autoridades y tribunales competentes para la defensa de su honor, privacidad e imagen pública.
En un Estado de Derecho, nadie se encuentra por encima de la ley. Los cargos públicos no confieren inmunidad moral ni política frente al cuestionamiento ciudadano. Por ello, no todo puede resolverse mediante declaraciones mediáticas o discursos políticos; con frecuencia es necesario acudir a las instancias jurídicas correspondientes.
En consecuencia, no basta con negar los señalamientos o descalificar a quienes los formulan. Tanto quien acusa como quien niega debe aportar elementos de prueba. Cuando las circunstancias lo ameritan, los asuntos deben litigarse. Así ocurre incluso en las mejores familias.
Las fallas de la estrategia actual.
Prima facie, y refiriéndome tanto al apreciable amigo Alfonso Durazo como al exgobernador y actual senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, encuentro diferencias relevantes en la manera de enfrentar este tipo de controversias.
Recuerdo que Beltrones contó con un sólido equipo de juristas y asesores especializados, circunstancia que parece no observarse con la misma intensidad en la actual administración estatal.
Según declaró el propio Beltrones en una entrevista concedida a Proyecto Puente en 2024, cuando fue candidato al Senado, durante su gobierno (1991-1997) se implementaron acciones específicas contra el crimen organizado y sus operadores en Sonora. Asimismo, destacó la creación de un Comité Ciudadano encabezado por doña Josefina Del Grande, que dio seguimiento permanente a esta problemática y cuyos resultados, según afirmó, contribuyeron a evitar que Sonora recorriera el lamentable camino que siguieron otras entidades federativas.
Más allá de la valoración política que pueda hacerse de tales afirmaciones, existe un antecedente relevante: cuando fue objeto de señalamientos publicados por el New York Times, Beltrones ejerció mecanismos institucionales de defensa, solicitó aclaraciones y promovió las acciones legales que consideró pertinentes.
Eso es precisamente lo que, en términos jurídicos, cabría esperar en una situación similar.
La expresión popular “el que nada debe, nada teme” puede resultar útil en el terreno discursivo, pero es insuficiente en el ámbito legal. La inocencia no sólo se proclama; también se acredita mediante los procedimientos establecidos por la ley.
Los antecedentes del caso Beltrones.
Es de conocimiento público que Beltrones presentó denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. La autoridad abrió las investigaciones correspondientes y, posteriormente, se documentó oficialmente que en México ni en los Estados Unidos , existía acusación, proceso penal o investigación alguna en su contra relacionada con los hechos difundidos.
Por otra parte, desconocía —como tú lo señalas— la existencia de eventuales acciones promovidas en los Estados Unidos contra el New York Times, contra los reporteros involucrados o incluso contra alguna agencia gubernamental estadounidense. Ignoro si tales procedimientos llegaron a existir y, en su caso, si fueron de naturaleza civil o penal.
Lo que sí trascendió públicamente fue la intervención diplomática del Estado mexicano. En aquel entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores remitió una nota diplomática al Departamento de Estado de los Estados Unidos, solicitando que se evitaran filtraciones o declaraciones anónimas respecto de funcionarios mexicanos y que, en caso de existir procedimientos legales, éstos se condujeran conforme a derecho y por las vías institucionales correspondientes.
La diferencia con el caso actual
Hasta donde es posible advertir, una actuación semejante no se ha observado en el caso que hoy involucra al gobernador Alfonso Durazo.
No se conoce, al menos públicamente, una acción diplomática similar por parte del Gobierno de México o de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desconozco las razones de esta omisión, pero resulta evidente que la ausencia de una respuesta institucional ha permitido que los señalamientos continúen circulando y afectando la imagen pública no sólo de gobernadores y alcaldes, sino particularmente de diversos funcionarios vinculados al partido Morena.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, parecería que el asunto no ha sido atendido de manera adecuada. En lugar de privilegiar los mecanismos legales e institucionales, se ha optado principalmente por la respuesta política y retórica.
Una reflexión final.
Lo anterior me lleva a suponer —y subrayo que se trata únicamente de una hipótesis— que actualmente no existiría una acción penal formal en los Estados Unidos contra el gobernador Alfonso Durazo.
Es posible que los reporteros de Los Ángeles Times hayan construido sus afirmaciones a partir de indicios, testimonios indirectos o presunciones derivadas de procesos judiciales seguidos contra narcotraficantes extraditados. En términos jurídicos, estaríamos hablando de elementos indiciarios o presunciones juris tantum, es decir, susceptibles de ser desvirtuadas mediante prueba en contrario.
Sin embargo, también es cierto que, hasta ahora, la respuesta jurídica del gobernador ha sido limitada. Más allá de negar categóricamente los hechos y sostener un discurso de carácter moral o político, no se conocen acciones legales de fondo orientadas a desmontar formalmente las imputaciones.
Esa ausencia de una estrategia jurídica integral ha permitido que se consolide una narrativa adversa a su imagen pública. Lo preocupante es que dicha narrativa comienza a adquirir las características de una auténtica leyenda negra y, de manera particularmente lamentable, ha terminado por alcanzar incluso a miembros de su familia, quienes no tendrían por qué verse involucrados en este tipo de controversias públicas.
En cualquier caso, más allá de simpatías o diferencias políticas, los hechos aconsejan privilegiar siempre el camino institucional: aclarar, documentar, probar y, cuando sea necesario, litigar.
