Pascoe desarrolla la idea de que Morena construyó su ascenso político mediante una relación estructural con el narcotráfico y que las acusaciones judiciales (“indictments”) impulsadas desde Estados Unidos están comenzando a desestabilizar tanto al partido como al gobierno federal.
El autor parte de una pregunta central: ¿cómo logró Morena llegar tan rápidamente al máximo nivel de poder en México? Su respuesta es contundente: gracias a una alianza con el crimen organizado. Según Pascoe, López Obrador fue quien legitimó esa relación al permitir que estructuras municipales, estatales y nacionales de Morena establecieran acuerdos con distintos grupos criminales en cada región del país. Afirma que en las elecciones de 2021 esos pactos se fortalecieron mediante recursos económicos, control territorial y protección política, integrando de facto a organizaciones criminales dentro de las estructuras del Estado.
A partir de ello, el articulista sostiene que Morena dejó de funcionar como un partido político convencional y pasó a operar como una organización dependiente de redes criminales. Bajo esa lógica, considera que Claudia Sheinbaum heredó un sistema de poder que no puede desmontar sin poner en riesgo su presidencia. Según el texto, la mandataria conoce perfectamente “el lado oscuro” de su victoria electoral y entiende que romper con esas alianzas implicaría perder el soporte real que mantiene a Morena en el poder.
Pascoe cuestiona además la narrativa oficial de que Morena ganó las elecciones gracias al respaldo masivo de beneficiarios de programas sociales. Para sostener su argumento menciona dos ejercicios electorales: la revocación de mandato de López Obrador en 2022 y la elección judicial de 2025. Señala que en ambos casos la participación fue relativamente baja —15 millones y 13 millones de votos, respectivamente— y que esas cifras no bastan para explicar victorias electorales tan amplias. Desde su perspectiva, estos procesos evidencian que el verdadero aparato electoral de Morena no depende solamente de los programas sociales, sino de mecanismos paralelos asociados al crimen organizado.
La columna adquiere un tono más alarmista al abordar los “indictments” emitidos por autoridades estadounidenses contra figuras vinculadas con Morena, especialmente el caso de Sinaloa y del gobernador Rocha Moya. El autor considera que estas acusaciones marcaron un punto de quiebre en la percepción pública porque hicieron visible una supuesta relación entre el partido y el narcotráfico que antes muchos ciudadanos ignoraban o preferían no ver. Según Pascoe, la legitimidad política de Morena comienza a erosionarse precisamente cuando estas acusaciones internacionales ponen bajo sospecha a integrantes del gobierno y del partido.
Para respaldar esta idea, el texto cita una encuesta nacional realizada por Lorena Becerra. El sondeo, basado en entrevistas cara a cara y diseñado conforme a criterios del INE, muestra —según el articulista— un deterioro importante en la percepción pública sobre el gobierno. Destaca que el 68% de los encuestados cree que la presidenta ha perdido el control del país, mientras que solo el 28% piensa que conserva el control. También señala que la aprobación presidencial habría caído de 80% en marzo de 2025 a 59% en mayo de 2026, una disminución de 21 puntos. Además, el 60% de los participantes considera que el caso de Sinaloa refleja vínculos reales entre Morena y el crimen organizado.
El autor interpreta estos datos como prueba de que la información sobre presuntos nexos criminales está cambiando rápidamente la opinión pública. En su visión, el gobierno de Morena ha intentado ocultar información relevante sobre su gestión precisamente para evitar que la población conozca esas relaciones. Menciona como ejemplo el debilitamiento de mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, que —según él— tendrían el propósito de impedir que los ciudadanos conozcan detalles sobre la operación del gobierno y sus vínculos con estructuras criminales.
Otro eje importante de la columna es la preocupación por las futuras candidaturas de Morena rumbo a las elecciones de 2027. Pascoe señala que el partido planeaba definir rápidamente a sus candidatos a gobernador para evitar conflictos internos y garantizar continuidad política. Sin embargo, las investigaciones estadounidenses han generado incertidumbre: ahora existe el temor de que varios aspirantes puedan aparecer en futuras acusaciones judiciales. El articulista menciona estados como Sonora, Baja California, Zacatecas, Michoacán y otros donde, según rumores políticos, podrían surgir nuevos casos similares al de Sinaloa.
En el caso específico de Sonora, el texto incluso especula con que Alfonso Durazo o figuras cercanas podrían estar bajo observación de autoridades estadounidenses. El autor plantea preguntas sobre cuántos políticos morenistas han perdido ya sus visas estadounidenses o podrían verse afectados por futuras investigaciones. También critica movilizaciones organizadas por Morena contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, insinuando que algunos participantes tendrían vínculos con redes criminales relacionadas con el tráfico de fentanilo.
Hacia el final, Pascoe describe un escenario donde Morena y el narcotráfico habrían construido una estructura de colaboración política de largo plazo. Según su análisis, operadores políticos ligados a acuerdos criminales de 2021 estaban destinados a convertirse en futuros gobernadores para garantizar continuidad a esos pactos dentro de áreas clave como seguridad, justicia y finanzas públicas. La elección de 2027 sería, desde esta óptica, el momento en que esa integración entre partido, gobierno y crimen organizado se consolidaría plenamente.
Sin embargo, el autor considera que los “indictments” estadounidenses alteraron por completo ese plan. Las acusaciones generan incertidumbre, dificultan la selección de candidatos y amenazan la estabilidad interna del partido. Su conclusión es que un “indictment” tiene la capacidad de destruir políticamente a una persona porque invalida candidaturas, rompe alianzas y deteriora la confianza pública. Y si las acusaciones continúan expandiéndose a otros estados y funcionarios, advierte, podrían terminar afectando no solo a ciertos políticos, sino a la estabilidad completa del gobierno federal encabezado por Morena.
Respetable Ricardo Pascoe, Sonora no es Sinaloa, y Alfonso Durazo no es un CORRUPTO.
La columna de Ricardo Pascoe Pierce (El Heraldo) plantea una serie de ALUSIONES sin fundamento contra el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y el Partido Morena.
1.- Es importante destacar que las alusiones de Pascoe Pierce carecen de pruebas concretas y se basan en especulaciones y rumores. No existe ninguna ACUSACIÓN, MENOS CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ni se ha exhibido en MEDIOS, alguna evidencia concreta, objetiva que vincule al gobernador Durazo Montaño o a algún Funcionario o Líder de Morena en Sonora con el crimen organizado.
2.- Es elemental recordar que el gobernador Durazo Montaño y su gabinete legal y ampliado son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La presunción de inocencia es un derecho fundamental que debe ser respetado.
3.- Es importante que se realicen investigaciones transparentes y exhaustivas para determinar si existen vínculos entre Morena en México y Sonora y el crimen organizado. Sin embargo, estas investigaciones deben ser justas y no basadas en prejuicios o agendas políticas sesgadas.
4.- No hay ninguna evidencia creíble que sugiera que el gobernador Durazo Montaño o Morena en Sonora hayan establecido acuerdos con grupos criminales. La política de seguridad del gobierno de Sonora se basa en la coordinación con las autoridades federales y la protección de los derechos humanos.
5.- Es importante que el gobierno de Sonora y Morena en Sonora sean transparentes en su gestión y rindan cuentas a la ciudadanía. Sin embargo, esto no significa que deban ser objeto de alusiones infundadas y difamatorias.
6.- El gobernador Durazo Montaño es un político experimentado con una limpia trayectoria de servicio público. Ha ocupado cargos importantes en el gobierno federal y estatal, y ha demostrado su compromiso con la seguridad y el desarrollo de Sonora.
Conclusión. – La columna de Ricardo Pascoe Pierce, todo indica que es un ejemplo más de periodismo interesado, sensacionalista y, no aporta mucho a la discusión pública.
