Washington echa el guante a dos de los exfuncionarios acusados de colaborar con el Cartel de Sinaloa. Su entrega voluntaria a la justicia da la vuelta a la exigencia de pruebas del Gobierno de Sheinbaum
Zedrik Raziel
El Gobierno de Estados Unidos ha dado un golpe sustantivo en su cruzada contra la narcopolítica de México con la captura de Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad y Finanzas de Sinaloa, respectivamente, que se entregaron voluntariamente a las autoridades del país norteamericano esta semana. Ambos son parte de la explosiva acusación de Washington contra el gobernador de Sinaloa (con licencia), Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el crimen organizado. Mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum exige pruebas una y otra vez a Washington para determinar si es procedente la captura y extradición de Rocha y los otros nueve señalados, como ha requerido EE UU, la Administración de Donald Trump sigue paralelamente su jugada en Sinaloa y ha superado las resistencias de México. La cuna del cartel de Joaquín El Chapo Guzmán podría ser el punto donde comience a destejerse la madeja de la política corrupta de la que se ha servido el narco por años.
La caída de Mérida y Díaz Vega representa un duro golpe para Rocha, que ve cada vez más disminuidos sus asideros, y para Morena, el partido en el poder, en el centro de la diana por tener en sus filas a presuntos narcopolíticos. Según la acusación de la Fiscalía estadounidense, Mérida, un general retirado que comandó la Policía Estatal entre 2023 y 2024, jugó un rol crucial en la red de corrupción —de la que el gobernador era presuntamente la cabeza— que facilitó el imperio del Cartel de Sinaloa. El expediente, radicado en una corte de Nueva York, afirma que Mérida filtraba información a Los Chapitos, facción liderada por los hijos del Chapo Guzmán, sobre operativos de las fuerzas de seguridad dirigidos contra narcolaboratorios, a fin de que los capos pudieran mover equipos y drogas con anticipación. A cambio, según la acusación, el exfuncionario recibió sobornos de más de 100.000 dólares mensuales en efectivo (sumando unos 1,7 millones de pesos).
Por su parte, Díaz Vega, un empresario convertido en servidor público en el Gobierno de Rocha, donde fungió como secretario de Finanzas entre 2021 y 2024, es acusado por Washington de ser el puente entre el mandatario y los líderes de Los Chapitos. El expediente señala que, en el marco de las elecciones de 2021 para la gubernatura, Díaz Vega entregó a Los Chapitos un listado con los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha para que fuesen a amenazarlos y obligarlos a retirarse de la contienda. Ya en el sexenio de Rocha, supuestamente, Díaz Vega colocó en el Gobierno a funcionarios al servicio del cartel. Aunque Mérida y Díaz Vega se han declarado no culpables de las acusaciones —que incluyen asociación delictuosa para traficar drogas y posesión de armas de grueso calibre—, su entrega voluntaria a las autoridades de EE UU implica que pueden colaborar con la Justicia aportando información sobre la trama, lo que podría oscurecer el horizonte de los otros ocho implicados, incluido Rocha.
Este viernes, la prensa de México publicó que fueron congeladas las cuentas bancarias el gobernador sinaloense y los otros nueve acusados por Washington de colaborar con el Cartel de Sinaloa. Funcionarios del Gobierno federal consultados por EL PAÍS precisaron que se trató de una “revisión” a las cuentas de los señalados, una diligencia necesaria en la integración de un expediente desde México, sin que eso implique bloquearlas. Las fuentes han dejado ver que la justicia mexicana está avanzando en una investigación propia sobre el caso Rocha, derivada del expediente de EE UU, aunque esto no se ha informado oficialmente.
Mientras el cerco se cerraba en Sinaloa, la mañana de este mismo viernes, Sheinbaum y Trump sostuvieron una llamada telefónica que la mandataria mexicana calificó de “cordial y excelente”. Fue el primer contacto directo que tuvieron los dos presidentes desde el bombazo del caso Rocha, que fue escalando al paso de los días, entre las amenazas de incursiones directas en México por parte de Trump y los señalamientos de injerencia extranjera y violación a la soberanía del lado de Sheinbaum. La presidenta ha comentado que en la llamada con su homólogo defendió el trabajo que está haciendo México en materia de seguridad. También conversaron sobre comercio bilateral, con las negociaciones en curso para la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC.
Horas después de esa conversación, The New York Times reportó que el Departamento de Justicia de EE UU instruyó a sus fiscales federales recurrir a leyes contra el terrorismo para perseguir a funcionarios mexicanos vinculados al narco. Supone un nuevo grado de expansión de la cruzada de Trump contra los carteles, a los que designó organizaciones terroristas transnacionales al inicio de su mandato. El martes, Terrance Cole, titular de la DEA, la agencia antidrogas de EE UU, advirtió de que la acusación contra Rocha es “solo el comienzo de lo que está por venir en México”, en alusión a otros posibles narcopolíticos. Estos anuncios o advertencias coinciden con que agentes de la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense, han participado en operativos de seguridad en suelo mexicano sin autorización del Gobierno federal, algo prohibido por la Constitución del país latinoamericano.
El oficialismo ha elevado la defensa de la soberanía a un asunto de la mayor prioridad. Sheinbaum no solo ha exigido a Washington la presentación de pruebas para procesar a un gobernador surgido de las filas de Morena, sino que ha apelado a la reciprocidad. En una conferencia este jueves, la presidenta ilustró que Estados Unidos ha negado a México la extradición de 36 personas, precisamente, por falta de evidencias. “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, dijo la mandataria en otra ocasión.
Sheinbaum tiene la convicción, según han confirmado a EL PAÍS funcionarios con acceso a Palacio Nacional, de que estas maniobras de Estados Unidos constituyen actos de injerencia extranjera y que, lejos de buscar combatir efectivamente al crimen organizado, forman parte del cálculo electoral de Trump con miras a los comicios de medio término que se celebrarán en noviembre. Hace una semana, en una reunión con cientos de legisladores federales del bloque gobernante —Morena, PT y PVEM—, la presidenta pidió una enorme movilización territorial y que todos visiten sus distritos para informar a la población de las amenazas a la soberanía nacional, como recogió entonces este diario.
En esa reunión, que fue a puerta cerrada, Sheinbaum sin embargo lanzó un aviso: su Gobierno no protegería a nadie. Los asistentes comprendieron que la firmeza de la presidenta y su condena a las transgresiones de EE UU no eran por cuidar a un puñado de funcionarios, por mucho que fuesen compañeros de partido. Era para marcar un límite a la intromisión de Washington en los asuntos internos de México y reivindicar la posición del país como un interlocutor en igualdad de condiciones. Para cooperar sin someterse.
