Se busca tener condenas más severas y ampliar la presión judicial sobre presuntas redes de corrupción ligadas al narcotráfico
El gobierno de Estados Unidos endureció su estrategia contra el narcotráfico al ordenar a fiscales federales utilizar leyes antiterrorismo para procesar a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con cárteles de la droga, especialmente con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) instruyó a las fiscalías federales del país a intensificar las investigaciones contra políticos, mandos de seguridad y servidores públicos mexicanos señalados de colaborar con organizaciones criminales.
DOJ busca castigos más severos contra redes del narcotráfico
La nueva directriz representa uno de los movimientos más agresivos impulsados por el presidente Donald Trump en materia de combate al crimen organizado transnacional, ya que abre la posibilidad de imponer penas mucho más severas, incluida la cadena perpetua.
Según el reportaje, la instrucción fue comunicada durante una reunión interna encabezada por Aakash Singh, procurador general adjunto asociado del Departamento de Justicia, quien coordina prioridades para los 93 fiscales federales de Estados Unidos.
Durante la conferencia, Singh habría solicitado “triplicar” las acusaciones contra funcionarios mexicanos que, presuntamente, utilizan sus cargos para beneficiar a grupos del narcotráfico.
La estrategia jurídica se apoya en la orden ejecutiva firmada por Trump el año pasado, mediante la cual varios cárteles latinoamericanos fueron catalogados como organizaciones terroristas. Con esa clasificación, los fiscales estadounidenses ahora pueden presentar cargos no solo por narcotráfico o lavado de dinero, sino también por proporcionar “apoyo material a organizaciones terroristas”.
Especialistas consideran que esta medida podría modificar radicalmente la relación judicial entre México y Estados Unidos, debido a que amplía el alcance de las investigaciones y endurece las sanciones contra quienes colaboren con estructuras criminales.
Caso Rubén Rocha Moya intensifica presión de Estados Unidos
La ofensiva tomó fuerza luego de la acusación formal presentada en Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios presuntamente ligados a su administración.
De acuerdo con el expediente judicial citado por el diario estadounidense, políticos y mandos de seguridad habrían recibido sobornos millonarios y respaldo electoral del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción conocida como “Los Chapitos”.
Las investigaciones señalan que, a cambio de dichos beneficios, algunos servidores públicos habrían ofrecido protección institucional, facilitado operaciones del narcotráfico y permitido el funcionamiento de redes criminales con presunta impunidad.
El caso ya generó tensión política debido al alcance de las imputaciones y a la posibilidad de que Estados Unidos solicite nuevas órdenes de captura o procesos de extradición, a pesar que dos exfuncionarios se entregaron ya a las autoridades estadounidenses.
Crece preocupación por impacto diplomático entre México y EU
Analistas advierten que el uso de leyes antiterrorismo contra funcionarios mexicanos podría provocar un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países, especialmente si las investigaciones avanzan hacia figuras políticas de mayor relevancia.
El endurecimiento de las acciones judiciales también refleja la presión del gobierno estadounidense para frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas que han provocado una crisis de salud pública en territorio norteamericano.
Mientras tanto, la decisión del DOJ podría marcar un precedente histórico en la cooperación bilateral contra el narcotráfico, al incorporar mecanismos legales reservados tradicionalmente para casos de terrorismo internacional.
