Al caso de Camino Rojo, en Zacatecas, se suman otros de empresas mineras (internacionales y nacionales) en los que está involucrado el crimen organizado, tanto para agredir a los trabajadores como para intervenir en la vida sindical, denunció el líder del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia.
En conferencia de prensa, indicó que hay varias minas que están replicando el modelo de la empresa canadiense Orla Mining que consiste en recurrir a grupos armados para que intervengan en las asambleas, obligan a los trabajadores a votar por determinado grupo y con ello deserten al Sindicato Nacional Minero. Algunas de ellas son Plata Panamericana, en Zacatecas; Américas Gold and Silver, en Cosalá, Sinaloa, y Torex Gold, en Guerrero.
“Hay varias minas, por lo pronto desafortunadamente de Canadá, (porque) es el país que tiene casi 70 por ciento de las inversiones extranjeras en minería, y hay otras tres empresas más que están actuando totalmente en la impunidad”, advirtió, en el marco de la 44 Convención del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.
Desde el gremio minero, precisó, se está pidiendo que se cancele la concesión a estas empresas y se le quite el registro a los sindicatos patronales para que dejen a los trabajadores operar de forma normal y con seguridad, para que no haya ningún riesgo para ellos ni sus familias, puesto que, lamentó, hay casos donde los han amenazado de muerte.
Sobre el caso de Camino Rojo, Gómez Urrutia indicó que la empresa Orla Mining denegó los derechos de los trabajadores para ejercer su libertad, su democracia y estaban en riesgo porque recurrieron a “organizaciones ligadas a sindicatos blancos, hechos casi narcosindicatos, como se podrían llamar, utilizados por el crimen organizado, que es una violación total no sólo a los derechos humanos, sino a toda la legislación laboral”.
Informó que el gremio al que representa solicitó a la Secretaría del Trabajo que le retire la concesión a la empresa canadiense debido a las violaciones laborales en las que ha incurrido, así como el retiro del registro del sindicato patronal.
El también diputado federal con licencia consideró que sería un precedente “muy negativo” que continúe la práctica de las empresas mineras de recurrir a la delincuencia organizada o sindicatos blancos para agredir a los trabajadores.
