Orlando Samaniego
El gobierno federal decidió poner fin en 2026 al programa de regularización de los llamados “autos chocolate”, con lo que se cierra el esquema que permitió legalizar vehículos usados ingresados de manera irregular desde Estados Unidos y Canadá. La medida fue formalizada mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y abroga el acuerdo vigente desde 2022, con el que se autorizaban importaciones excepcionales bajo condiciones especiales.
La administración encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo argumenta que el objetivo social del programa ya fue cubierto y que, a partir de ahora, las importaciones vehiculares deberán ajustarse de manera estricta al marco comercial internacional, en particular a las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya revisión regional se encuentra en curso.
Fin del programa y cambio de enfoque comercial
El programa de regularización fue impulsado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como una medida extraordinaria para permitir que miles de familias accedieran a un vehículo propio.
Del impulso de AMLO al cierre de Sheinbaum: El fin de una era para los “carros chocolate” en México. | Cuartoscuro
Durante su vigencia, el esquema se aplicó en 16 entidades federativas, entre ellas Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán, regiones con alta presencia de vehículos de procedencia extranjera.
Con la cancelación del decreto, el Ejecutivo federal da por concluida esta etapa y retoma las reglas de importación definitivas vigentes desde 2011, lo que implica el pago completo de impuestos, mayores controles aduaneros y una revisión más estricta de la procedencia de las unidades que ingresen al país.
Reacciones del sector automotriz y efectos en el mercado
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) respaldó la decisión y sostuvo que la regularización masiva generó distorsiones en el mercado interno.
De acuerdo con el organismo, cerca de tres millones de vehículos fueron incorporados bajo este esquema, muchos de ellos con altos niveles de emisiones contaminantes, historial incierto y condiciones que afectaban la seguridad vial.
Desde la óptica del sector formal, el cierre del programa permite restablecer condiciones de competencia más claras, fortalecer la recaudación fiscal y brindar mayor certeza jurídica a los consumidores.
Además, se considera que la medida reduce incentivos al contrabando y limita la entrada de unidades que no cumplen con estándares ambientales y de seguridad.
Registro vehicular y transición hacia un parque más moderno
Otro de los efectos esperados es el fortalecimiento del Registro Público Vehicular (Repuve), ya que la eliminación de esquemas excepcionales facilitará la construcción de una base de datos más confiable.
A mediano plazo, el gobierno prevé avanzar hacia programas de renovación del parque vehicular, con énfasis en unidades más seguras y menos contaminantes.
Con esta decisión, la política automotriz federal transita de un mecanismo temporal de regularización hacia un modelo alineado con los compromisos comerciales y ambientales del país, marcando el cierre de una etapa que tuvo impacto social, económico y fiscal en buena parte del territorio nacional.
