Redacción
Ciudad de México. Al prever que en los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fallará en su contra respecto a los múltiples adeudos fiscales que tiene con el Estado, algunos ya por 17 años, Grupo Salinas amagó con interponer una demanda en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Informamos que estamos evaluando interponer una demanda contra el SAT y quienes resulten responsables por su doloso silencio administrativo al habernos negado el derecho constitucional de petición”, señala el consorcio en un comunicado.
La semana pasada, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, rechazó aplazar la resolución de siete juicios fiscales de Tv Azteca y Elektra, que Grupo Salinas pidió posponer al alegar que había solicitado al gobierno federal “ajustar” el monto de los adeudos.
Esa fue la segunda vez en las dos semanas recientes que las empresas de Salinas Pliego intentan frenar sus juicios. En total, en la Corte hay al menos ocho casos pendientes del Grupo Salinas (entre ellos, cinco de Elektra y dos de Azteca) por créditos fiscales que, según autoridades hacendarias, suman 48 mil 393 millones 975 mil 821 pesos, incluyendo multas, recargos y actualizaciones.
Grupo Salinas —que anticipa una resolución contraria a sus intereses en la SCJN— acusó la falta de garantías de audiencia. Esto pese a que parte de sus adeudos le fue impuesta desde cuatro sexenios atrás y desde entonces ha podido alargar sus reclamos en tribunales.
Parte de las deudas que el SAT reclama a Grupo Salinas datan de 2008; al menos una década antes de que Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado, se posicionara como empresario afín a la administración entrante del presidente, Andrés Manuel López Obrador, con la que buscó llegar a un acuerdo fiscal que no prosperó.
En el comunicado difundido este domingo, Grupo Salinas recuperó que el viernes se presentaron sus asuntos en la lista oficial de la SCJN y en ellos ya se puede ver el sentido de la resoluciones que el conglomerado considera contrarias a sus intereses empresariales.
Según el consorcio, estas resoluciones de la SCJN “no son definitivas”, por lo que sus empresas llevarán el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; al tiempo que pidió de nuevo al SAT que calcule su carga de impuestos para que la pueda liquidar, cifra que en múltiples ocasiones se ha reiterado que asciende a 74 mil millones de pesos.
