En 2021 el gobierno de López Obrador demandó a los fabricantes de armas estadunidenses exponiendo que la Ley Sobre Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), no los hacía inmunes a responsabilidad de la violencia a mexicanos por el arsenal que venden a los cárteles del narcotráfico mexicano.
J. Jesús Esquivel
WASHINGTON (apro).-Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos determinó improcedente a la demanda civil del gobierno de México, en contra de los fabricantes de armas estadunidenses a quienes en la querella considera coadyuvantes de la violencia.
“La demanda de México no tiene un alegato plausible respecto a los fabricantes y vendedores de armas que las venden de manera ilegal a los traficantes mexicanos”, escribió la jueza Elena Kagan, a nombre de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
Fue en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), demandó a los fabricantes de armas estadunidenses ante una Corte Federal en Boston, Massachussets y posteriormente a los vendedores de armas en Arizona.
El argumento legal del gobierno mexicano, ahora anulado por la Corte Suprema estadunidense, era que los fabricantes de armamento de ese país eran cómplices en la violencia que priva en todo México, generada por las armas que utiliza el crimen organizado y los cárteles del narcotráfico.
“Los esfuerzos del gobierno de México, deben de continuar para que los fabricantes de armas estadunidenses contribuyan o hagan su parte en prevenir el trasiego de sus productos, el contenido de la decisión de la Corte Suprema les puede seri útil para más claridad sobre los efectos de su comercio negligente”, comentó en reacción a Proceso, Alejandro Celorio, exconsejero jurídico de la Cancillería de México.
“La discusión sobre el trasiego de armas desde Estados Unidos toma mayor relevancia cuando algunos cárteles han sido designados como grupos terroristas, los fabricantes ahora deberían tener mucho más cuidado en saber a quién le venden”, agregó Celorio, quien fue el arquitecto de las demandas ahora anuladas por unanimidad en Washington por la Corte Suprema de Justicia.
En 2021 el gobierno de López Obrador demandó a los fabricantes de armas estadunidenses exponiendo que la Ley Sobre Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), no los hacía inmunes a responsabilidad por la violencia a mexicanos respecto al arsenal que venden a los cárteles del narcotráfico.
Incluso, en los argumentos legales del gobierno mexicano, se detalló en la demanda el hecho de que en varios casos, los fabricantes de armas diseñan rifles semiautomáticos y pistolas de alto poder al gusto de capos del narcotráfico y líderes del crimen organizado.
Los nueva jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, se adhirieron al argumento legal de las empresas y vendedores de armas demandados, de que conexión de daño criminal que sostiene el gobierno de México es débil y carente de pruebas fehacientes.
“México no presentó las evidencias de la conexión que argumenta entre las armas fabricadas en Estados Unidos, los vendedores de estas y los cárteles del narcotráfico”, agregó la jueza Kagan en la decisión.
La demanda civil del Estado Mexicano era contra los manufactureros de armas: Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A., Beretta Holding S.P.A., Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock, Glock GES.M.B.H., Strum, Ruger & Co., y Witmer Public Safety Group e Interstate Arms.
