Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte, hace un autocrítico corte de caja sobre el papel que el Poder Judicial jugó en su batalla contra la reforma impulsada por López Obrador y explica, entre varios temas, los impactos negativos del presente proceso judicial.
El ministro Javier Laynez Potisek no tiene ninguna duda: la reforma judicial está diseñada para controlar a los juzgadores del país. Sólo espera que ese mando no quede en manos del ministro en retiro Arturo Zaldívar, a quien considera un “caballo de Troya” de Morena contra el Poder Judicial.
En su visión del “perjuicio del voto popular” para elegir a los jueces, asegura que ni siquiera el gobierno de Claudia Sheinbaum gana con la elección por la incertidumbre jurídica resultante, incluso en materia de inversión.
Ministro del Máximo Tribunal por casi una década, admite que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial de la Federación, se calló durante mucho tiempo ante los embates cotidianos desde la Presidencia de la República, que empezaron cuando el morenismo perdió la presidencia del máximo tribunal a manos de la ministra Norma Piña y meses después Zaldívar dejó de manera anticipada e “inconstitucional” su cargo de ministro de la Corte para sumarse al partido en el poder.
Aunque a los ojos del régimen sea un triunfo, la elección de la totalidad de jueces y magistrados –que se completará en 2027– “es un elemento distorsionante grave” de la impartición de justicia. “Lo que esta elección le garantiza es no tener verdaderos juzgadores independientes que, a sus ojos, representan un obstáculo para sus intereses. El esquema está hecho para tener el control”, dice el ministro Laynez en entrevista con Proceso.
Abogado fiscalista y doctor en Derecho Público, Laynez llegó a la SCJN en diciembre de 2015 sin haber hecho carrera en el Poder Judicial. Hasta entonces su trayectoria había sido parte de la Administración Pública, donde fue abogado del Estado mexicano tanto en la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía, FGR), como procurador fiscal de la federación, además de consejero jurídico adjunto de la Presidencia en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Fue, en todo momento, contrario a la contrarreforma judicial de Morena.
En 1994, con la llegada de Zedillo a la Presidencia de la República, el fin del régimen del PRI se veía venir y se necesitaba un Poder Judicial que fuera realmente un factor de equilibrio, un contrapeso, asegura.
“Los instrumentos que se crearon para ello fueron la acción de inconstitucionalidad, que era totalmente ajena a nuestro régimen, y la controversia constitucional, que existía en un párrafo de la Constitución pero nunca se aplicó. Esas modificaciones permitirían al tribunal constitucional, no electo, ser un “legislador negativo”; es decir, darle la facultad de exclusión de una disposición aprobada por la mayoría de los representantes populares”, explica.
