Cuando el doctor Alfonso Durazo asumió la gubernatura del estado de Sonora las expectativas en diversos sectores eran más que elocuentes; entre ellas el delicado asunto de la vivienda.
Quienes debieron involucrarse para impulsar el plan de vivienda se dedicaron a demostrar que eran funcionales al nuevo gobierno con más poses que con conocimiento y voluntad a los propósitos del gobernador.
Ahora, con el nuevo Programa de Vivienda del Bienestar, se pretende construir 33 mil viviendas en Sonora, en el marco del millón de viviendas que se plantea la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se abre de nuevo el debate.
Lo cierto es que el gobernador se propuso darle certeza a más de 80 mil viviendas en el estado y solo tres conflictos menores ya se llevaron más de tres años sin resolver: el caso de Urbi en Cajeme, el de la colonia de Coves en Huatabampo y las luces esperanzadoras, por fin, se asoma en Mirabal.
¿Si estos tres conflictos pequeños se perdieron en tres años, que podemos esperar del resto que le queda a este sexenio?
Debemos reconocer que en Mirabal las cosas van caminando y la intromisión de varios funcionarios, lo único que ocasionaron es conflictuar ese sector, y hay la venta de lotes y la violencia no ha cesado, y a pesar de los pesares está caminando.
En el caso de Urbi de Cajeme la situación fue catastrófica, al extremo que los moradores de ese sector reniegan de la intervención del gobierno del estado, pero no solo ellos, sino los mismos empresarios inmobiliarios que llegaron a la conclusión que no era funcional la intervención del gobierno estatal, en ningún sentido, ni como con mediador ni como inversionista en la regularización de las viviendas; lo cierto es que después de tres años solo se logró comprar 10 viviendas, cuatro para la síndico de Cajeme, cuatro para un ex comandante de policía de municipio y dos para una líder.
En Huatabampo el ingeniero Pedro Fontes ya no sabe qué inventar con los dueños de los lotes adquiridos ha Coves y se ha dedicado a tratar solo con una persona que se dedicado a vender, revender y despojar de lotes a los legítimos dueños; tiene un año y medio diciéndoles mentiras y ahora su último recurso es acusar, ante los legítimos dueños, al secretario de gobierno, de no resolver este asunto.
Pues bien, lo de certeza jurídica todo parece que pasó a mejor vida, lo de Urbi y de Huatabampo se fue al abismo del fracaso, pero lo más importante y lamentable fue desdeñar la voluntad del gobernador de afrontar el problema de vivienda, y no solo se fijó metas en la certeza jurídica, sino que se vio interesado a ver el asunto de fondo, es decir conceptualizar el fenómeno e impulsar estrategias, cuyas variantes, entre ellas, las modificaciones de ley, la defensa de posesionarios con ciertos derechos adquiridos y la disputa franca contra especuladores del suelo y de inmuebles, lo que podría ver terminando con un posible paradigma como alternativa a la ciudad expansiva y el sistema de crédito hipotecarios neoliberales, van en dirección inversa.
Algunos estamos plenamente convencidos de la invalidez de construir un millón de viviendas en el nuevo sexenio; uno, porque hay 8 millones de viviendas en la incertidumbre jurídica y dos porque hay una apreciación general que solo es un pretexto para apropiarse de los billones que están en la subcuenta del Infonavit.
Por tanto, es muy probable que solo se impulse unos miles de viviendas en el estado, y si se construye 2 o 3 mil viviendas, no serviría de mucho para resolver la no certeza jurídica de más de 90 mil viviendas que se encuentran en posesión irregular, ya sea por invasión o por limitaciones en el dominio, o bien, bienes vacantes o que se encuentren en cartera vencida.
En este escenario lo recomendable es que se retome la iniciativa del gobernador; hay tiempo. Lo otro es que se movilicen todos los olvidados y exijan la atención que es por ley. Ojalá la salida sea retomar el pendiente social.
