El expresidente cierra filas con Sheinbaum ante la escalada de presión política y judicial de Trump contra la narcopolítica
David Marcial
Andrés Manuel López Obrador ha decidido volver a escena en el momento más delicado para Claudia Sheinbaum. Ante la escalada de presión política y judicial desde Estados Unidos, el expresidente y factótum de la izquierda mexicana publicó la noche de este miércoles una carta en sus redes sociales cerrando filas con la presidenta. La estrategia defensiva del Gobierno mexicano, acostumbrado a manejar los embates de Donald Trump, ha ido subiendo de tono hasta abrazar abiertamente la tesis injerencista. La denuncia del Departamento de Justicia contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve altos funcionarios por narcotráfico ha tensado sobremanera la relación bilateral, provocando además un terremoto político que amenaza con nuevas y devastadoras réplicas a base de más denuncias por narcopolítica contra otros gobernadores mexicanos de Morena, el partido oficialista.
El fundador y líder indiscutible de Morena dio un paso a un lado hace justo dos años, tras ceder el poder con la arrolladora victoria de Sheinbaum en las urnas. Un relevo que el propio López Obrador había diseñado al detalle para, además de dar espacio a la nueva presidenta, evitar grietas y guerras dentro de un partido heterogéneo, una gran familia no siempre bien avenida, que en apenas 10 años ha logrado controlar casi todos los resortes del poder en el país. Desde su retiro en su rancho de La Chingada, en el sur de Chiapas, el expresidente no había dado apenas señales de vida pública. Solo la publicación de algún libro de historia, su gran pasión tras la política, una foto reciente con su hijo Andrés López para apoyar su candidatura electoral en medio de la polémica, o mensajes muy esporádicos en redes, como en el que criticaba el golpe militar de Trump en Venezuela que acabó con el presidente Nicolás Maduro llevado en helicóptero hasta una cárcel en Nueva York.
Su reaparición ha sido esta vez más extensa, por medio de una carta donde se pregunta “¿por qué cambió tanto el presidente Trump?”, con quien él mismo tuvo que lidiar durante su primera etapa en la Casa Blanca (2017-2021). Con un tono entre medido y paternalista, López Obrador acusa al entorno del presidente estadounidense -“falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras”- de utilizar “prácticas intervencionistas con el pretexto del combate al narcotráfico y la migración”. Una tesis en la que profundiza al denunciar que “algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas”.
El Gobierno mexicano ha entrado definitivamente en una nueva fase en su estrategia de contención. Un patrón, las acusaciones de injerencismo, que están siguiendo otros gobiernos progresistas latinoamericanos, como el presidente brasileño Lula da Silva o el colombiano Gustavo Petro, ante la campaña política y militar desplegada por Trump sobre la región, a la que ha vuelto a considerar “su patio trasero”, esta vez, con la justificación en gran medida del combate al narcotráfico. Antes de la carta de López Obrador, la presidenta Sheinbaum ya había subido ese mismo escalón. “¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada o acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país?”, se preguntó retóricamente durante un acto masivo celebrado este domingo para celebrar los dos años de su victoria electoral.
México, que afronta el año que viene unas elecciones donde Morena se juega mantener su mayoría parlamentaria, está levantando nuevos muros defensivos más allá del discurso. La semana pasada, la mayoría oficialista aprobó una reforma a la Constitución para permitir que las elecciones se puedan anular invocando una “injerencia extranjera”. Mientras tanto, varios de los políticos, entre ellos el gobernador Rubén Moya, acusados de facilitar los negocios de una facción del Cartel de Sinaloa a cambio de sobornos, se han presentado ya ante la Fiscalía General de la República (FGR). La Justicia estadounidense pide su captura y extradición, a lo que México ha respondido abriendo una investigación interna. En principio, todos comparecieron como testigos en una investigación con la que México busca, además de apuntalar su defensa de la soberanía, un cierto control de daños ante el escándalo, aunque la presión cada vez es más grande y los plazos se estrechan. Uno de los acusados, el exsecretario de Seguridad, se entregó hace unas semanas al otro lado de la frontera y su juicio amenaza con ser una grieta explosiva para la estrategia del Gobierno.
El terremoto político tiene además una importante derivada económica. Estados Unidos está aprovechando la presión para apretar en las negociaciones ya abiertas para renovar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TMEC), el salvavidas mexicano ante la guerra comercial y la palanca para reanimar una economía estancada. Con este panorama, el horizonte no es muy alentador. Estados Unidos ha dado ya señales de que continuará con una campaña más agresiva contra la narcopolítica. Los siguientes nombres que aparecen en la palestra, según las filtraciones a la prensa que han sido la norma en otros casos, son los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de Sonora, Alfonso Durazo. De consumarse el nuevo golpe, el impacto sería aún mayor. Durazo fue secretario de Seguridad Pública de López Obrador en los primeros años de su sexenio.
En su carta, el expresidente ha comparado las concesiones que, a su juicio, hizo el primer Trump con México, como la firma del primer TMEC o la no inclusión de los carteles del narco como organizaciones terroristas, una de las primeras medidas que tomó tras su segunda llegada al poder. López Obrador evita mencionar, en todo caso, cómo el magnate republicano le torció la mano obligándole a militarizar la frontera para contener la migración bajo amenazas arancelarias. Para rematar, en su carta rescata un caso con evidentes ecos a la situación actual. La detención en suelo estadounidense en 2020 de Salvador Cienfuegos, jefe del Ejército durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto (2012-2018), bajo acusaciones también de vínculos con el narcotráfico.
“Solicité al presidente Trump que nos permitiera revisar las pruebas, porque dudábamos de la autenticidad de las mismas, a lo cual accedió, ordenando que se radicara el caso en México; aquí, en efecto, se demostró que se trataba de una represalia política”, apunta el expresidente. En aquella ocasión, con toda la maquinaria diplomática en marcha, México logró capear el temporal con una investigación propia que terminó por exculpar al general. La tormenta esta vez amenaza con ser más potente y parte de los focos están puestos en los avances de la investigación de la fiscalía mexicana, sobre la que se extienden la sombra de la impunidad y las presiones políticas.
