Gobiernos van, gobiernos vienen, pero los grandes monopolistas mexicanos siguen ahí presentes haciéndose cada vez más ricos. Lo mismo se han acomodado con neoliberales que con estatistas. Siempre salen ganando.
En este espacio he citado en múltiples ocasiones un estudio de la consultora SAI de 2012 que utilizaba el Índice Herfindahl para calcular la apertura de mercados en Estados Unidos y en México. En nuestro vecino del norte, en ese entonces, la gran mayoría de los sectores económicos estaban caracterizados por una competencia económica real. En México, en cambio, seguíamos teniendo una concentración determinante en las industrias del petróleo, electricidad, telecomunicaciones, medios de comunicación y transporte terrestre.
Esto hace 12 años. Sospecho que, si se hiciera hoy un nuevo estudio, los resultados serían iguales o peores, es decir, con mayor concentración monopólica, ya sea del sector público o privado, en esas actividades y más.
Lo que esto significa es un modelo de Estado intervencionista, a través de monopolios u oligopolios públicos y, en lo privado, el llamado “capitalismo de cuates”, es decir, el contubernio del poder político con el económico para extraer mayores rentas a los consumidores.
Como defensor de la economía de mercado, me chocan ambos fenómenos. Por un lado, las empresas públicas que, al perder dinero a raudales, nos acaban costando a los contribuyentes y, por el otro, el hecho de que los “empresarios” amigos del gobierno sean los únicos con posibilidad de hacer buenos negocios en muchas actividades económicas.
Como parte del Pacto por México, el gobierno de Peña hizo una serie de reformas para combatir de manera más eficaz a los monopolios. Les dieron más dientes a dos órganos autónomos del Estado que ya existían, pero que habían tenido capacidades de regulación muy limitadas. Me refiero a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Al gobierno de Andrés Manuel López Obtador siempre le disgustó los organismos autónomos del Estado que sufrieron mucho por sobrevivir el sexenio pasado. Los grandes beneficiarios de este rechazo fueron los grandes monopolistas y oligopolistas, públicos y privados. Ya hacia el final de su periodo, López Obrador de plano propuso su desaparición, cosa que se está discutiendo estos días en el Congreso, ahora que Morena y aliados tienen los votos para reformar la Constitución.
En un principio se habló de que las facultades de la Cofece pasarían a la Secretaría de Economía y las del IFT a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, ya se dieron cuenta de que esto contravenía al Tratado México, Estados Unidos y Canadá de Libre Comercio (T-MEC). Obviamente, nuestros socios comerciales quieren instituciones gubernamentales que les aseguren que puedan competir en mercados que no estén controlados por monopolios u oligopolios, públicos o privados.
Es por ello, supongo, que el sábado se dio a conocer que Morena propondrá la creación de una agencia antimonopolios que sustituiría al IFT y la Cofece. La Jornada citó al vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien señaló que, “aunque la mencionada agencia no tendría autonomía, sí sería una entidad independiente y profesional, que no sea juez y parte en su especialidad, ya que ello podría ser penalizado en el contexto del T-MEC”.
Esta idea es muchísimo mejor que la anterior de dejar en manos del gobierno federal el combate a los monopolios.
Me gusta cómo lo justificó Ramírez Cuéllar: “La expropiación de rentas por parte de los grupos monopólicos es excesiva y está dañando a usuarios y consumidores. Se extraen volúmenes multimillonarios de rentas de los consumidores porque ellos (las empresas monopólicas) imponen precios al tener control absoluto o dominante en el mercado”.
Vaya, caray, hasta que la izquierda está tomando una postura más contundente en este tema, porque lo que vimos el sexenio pasado es la misma connivencia del gobierno con los grandes monopolistas y oligopolistas que las administraciones neoliberales no se atrevieron a tocar.
A ver cómo queda la reforma constitucional y leyes secundarias sobre la nueva agencia antimonopólica. Qué tantos dientes le darán para proteger los intereses de los consumidores. Y, sobre todo, si los grandes monopolios públicos en petróleo y electricidad estarán sujetos o no a regulaciones a favor de la competencia económica. Porque no se vale combatir sólo a monopolistas privados y proteger a los públicos.
