AGENCIA AP
PHOENIX (AP) — La lucha para mantener fuera de la boleta electoral de Arizona del 5 de noviembre una iniciativa de ley fronteriza aún no ha terminado.
Los defensores de los inmigrantes mantuvieron vivo el tema esta semana al notificar a la Corte Suprema de Arizona que apelarán el fallo del juez.
El 12 de julio, un juez de la Corte Superior del condado de Maricopa rechazó un intento de los activistas para que no se incluyera la iniciativa en la boleta. Dichos grupos argumentan que la propuesta es contraria a la ley porque agrupa varias disposiciones en una sola medida.
El abogado Andy Gaona, quien representa a algunos de los grupos proinmigrantes, estaba trabajando el viernes en oficios relacionados con el caso que presentó más tarde en la jornada. La legislatura tendrá hasta el 26 de julio para responder, dijo.
El escrito de Gaona afirma que agrupar disposiciones no relacionadas en una sola medida socava el proceso legislativo porque ahoga el debate, obligando a un legislador a firmar una disposición con la que podría no estar de acuerdo porque apoya otra que fue incluida en la misma propuesta.
“Creemos que se ha violado la obligatoriedad de presentar una sola disposición”, dijo Gaona. “Esperamos que la corte esté de acuerdo”.
Los partidarios de la iniciativa argumentan que aborda un solo tema: la frontera.
La legislatura, de mayoría republicana, votó a principios de junio a favor de que se incluyera la propuesta en la boleta electoral, para preguntar a los votantes si se debería permitir a la policía local detener a los inmigrantes que crucen sin permiso la frontera sur de Estados Unidos hacia Arizona. La medida también otorgaría a los jueces estatales la facultad de ordenar a las personas condenadas por este delito que regresen a sus países de origen.
Es similar a una ley de Texas que una corte federal de apelaciones ha suspendido mientras se impugna.
A diferencia de la ley de Texas, la propuesta de Arizona también tipificaría como delito grave punible con 10 años de prisión la venta de fentanilo que provoque la muerte de una persona.
Además, se incluye el requisito de que algunas agencias gubernamentales utilicen una base de datos federal para verificar la elegibilidad de un no ciudadano para recibir prestaciones.
La propuesta, respaldada por los republicanos, pasa por alto a la gobernadora demócrata Katie Hobbs, quien había vetado una medida similar a principios de marzo y ha criticado el plan para llevar el tema a las urnas.
Los partidarios del proyecto de ley dijeron que era necesario para garantizar la seguridad a lo largo de la frontera sur del estado, y que los votantes de Arizona deberían tener la oportunidad de decidir por sí mismos. Los detractores afirman que la legislación daría lugar a encasillamiento racial y elevaría el gasto en seguridad pública en millones de dólares que las ciudades, los condados y el estado de Arizona no pueden permitirse.
La medida se presentaría a los votantes en un estado que se prevé desempeñará un papel crucial a la hora de determinar qué partido controlará la presidencia y el Senado de Estados Unidos. Los republicanos esperan que la propuesta hará que la frontera se convierta en el principal tema de debate, y como parte de éste acusan al presidente Joe Biden de un mal manejo del tema migratorio. También esperan que se diluyan los beneficios políticos que los demócratas pretenden obtener de una iniciativa sobre derecho al aborto.
El manejo de la frontera es un tema electoral clave para muchos votantes republicanos, los cuales espera el expresidente Donald Trump que acudan masivamente a las urnas.
Biden desveló a principios de junio planes para restringir el número de migrantes que solicitan asilo en la frontera sur de Estados Unidos.
No es la primera vez que los legisladores republicanos de Arizona intentan criminalizar la inmigración.
Cuando aprobaron un proyecto de ley de inmigración muy debatido en 2010, la legislatura de Arizona consideró la posibilidad de ampliar la ley estatal de invasión de propiedad privada para tipificar como delito la presencia de inmigrantes e imponer sanciones penales. Sin embargo, se suprimió la mención de la invasión de propiedad privada y se sustituyó con el requisito de que los policías, al aplicar otras leyes, interrogaran a las personas sobre su situación migratoria si se creía que se encontraban en el país de manera ilegal.
El requisito de interrogar a las personas fue finalmente ratificado por la Corte Suprema federal a pesar de la preocupación de los críticos por el encasillamiento racial. Pero las cortes prohibieron la aplicación de otros artículos de la ley.
