Las investigaciones de la Fiscalía General de la República señalan directamente a altos mandos del Ejército mexicano de presuntamente facilitar operaciones de contrabando de combustible mientras dirigían ese recinto fronterizo
Carlos Carabaña
Las importaciones de solución de cloruro de calcio, uno de los mantos con los que los contrabandistas esconden el combustible que introducen en México desde Estados Unidos, crecieron un 100.000% entre 2024 y 2025, pasando de menos de un millón de kilos -750.000- a 804 millones de kilos al año. Las nuevas importaciones se concentraron en una sola aduana, la de Matamoros, que es justamente donde la Fiscalía General de la República sitúa una red de huachicol fiscal que contaba con la colaboración de tres miembros de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional, encargados de dirigir este recinto comercial. Las operaciones sospechosas se concentraron de enero a julio de 2025, deteniéndose, justamente, cuando una denuncia anónima llevó a un cateo inicial de 17 vagones de carga con 1,6 millones de litros de combustible que habían entrado a México como cloruro de calcio. Tras este decomiso, los ingresos de esta mercancía cayeron a niveles de los años anteriores.
La solución de cloruro de calcio se usa en medicina para tratar la falta de calcio y la toxicidad por magnesio, también para que los quesos y vegetales enlatados se queden firmes y, en el caso de la industria petrolera, es uno de los múltiples recursos que ayudan en la perforación de pozos. México tenía, desde 2019, unas importaciones constantes de entre 650.000 y 850.000 kilos anuales, con entre 100 y 400 trámites aduaneros. Pero en 2025, a través de Matamoros, comenzaron a entrar cada día más cargamentos de solución de cloruro de calcio que el resto del año en todo México. Entre enero y julio de 2025, esta aduana recibió 804 millones en 14.000 trámites.
Este mismo julio, 10 meses después de la detención de los integrantes de una red de corrupción liderada por marinos de alto rango, se hizo público que la Fiscalía General de la República quiere detener a tres miembros del ejército por su papel como cabezas de la aduana de Matamoros. Con esto, el gran escándalo de corrupción que creció durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador salpica a la Secretaría de la Defensa Nacional además de a la Armada. Las fuerzas militares tienen el control de las aduanas desde mediados de 2020, cuando López Obrador, alegando su honestidad y eficacia, entregó a los marinos los puertos y a los soldados las terrestres.
Los tres soldados prófugos son los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, titulares de la aduana de Matamoros entre 2024 y 2026, y el teniente de policía militar Jorge García García, exsubdirector de operación aduanera en el mismo espacio. Están acusados de permitir la entrada de 144 millones de litros de hidrocarburos entre el 1 de junio de 2024 y el 22 de julio de 2025. Hay otros 10 civiles, entre empresarios y funcionarios, en la orden de captura. La trama estaba presuntamente encabezada por Armando III Riestra Fernández, dueño de la compañía Servicios Aduanales JR, y preso desde enero de 2026 en el penal del Altiplano. Riestra Fernández también es uno de los acusados en el caso contra el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel.
La aduana de Matamoros es uno de los epicentros del contrabando de combustible entre Estados Unidos y México. Una investigación reciente de EL PAÍS, realizada con informes confidenciales y bases de datos de comercio exterior, reveló que este crimen se multiplicó en este recinto desde que la Secretaría de la Defensa Nacional se hizo cargo. El pasado junio, el Gobierno de Estados Unidos deportó al subdirector de esta aduana de Matamoros, acusado junto a los militares y el empresario Riestra Fernández.
