Alejandro Leyva había denunciado amenazas de muerte hace un año ante instancias estatales y federales, que no tomaron medidas para protegerle. Es el séptimo periodista asesinado este año en el país
Zedrik Raziel
La imagen produce desamparo. El periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar estaba comiendo en la calle, en un negocio de quesadillas y tacos sobre la acera, cuando lo asesinaron a balazos unos sujetos a bordo de una moto. Quedó sentado, con el cuerpo echado hacia adelante y la cabeza apoyada en la mesa. Vestía unos pants, playera, tenis, ropa que uno llama de casa, nada formal, lo que alguien se pone para ir a un mandado y volver enseguida. Le colocaron una manta sobre la cabeza para atenuar las fotografías del crimen. Todo en la imagen indica vulnerabilidad. El acto de comer, el negocio austero, la vida y la muerte de Leyva, su trabajo de periodista, el séptimo que es asesinado este año en México. El crimen ocurrió en San Pablo Etla, a 40 minutos en auto de la capital de Oaxaca. Una vez más, en México, uno de los países más peligrosos para el desempeño de la profesión.
Leyva, de 60 años, era periodista independiente y un columnista muy crítico y directo con el Gobierno del Estado, encabezado por Salomón Jara, del oficialista partido Morena. “¿Me conocen? Me llamo Alejandro Leyva, pero muchos me dicen El Moscardón, el que le zumba los oídos al anodino gobernador, en minúsculas y entre comillas, las verdades que los oaxaqueños padecemos por su ineptitud y su enfermedad mental”, decía el periodista en uno de sus audaces videos, recuperados en redes sociales tras su asesinato este miércoles. Leyva solía decir que Jara “desgobernaba” el Estado sureño de México y lo acusaba de “denostar” y censurar a los periodistas críticos. “Por cada voz que apagues en los medios, Salomón, van a surgir 10 más”, advertía él.
Con tres décadas de carrera, el veterano periodista fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), la cadena estatal, y tenía una columna llamada El Zumbido del Moscardón. Allí, acusaba al mandatario de tener “al narco metido hasta las narices” en su Administración, lo que explicaba, decía, el aumento de la violencia en el Estado. En una de sus últimas publicaciones, denunció un esquema de despojo de tierras y blanqueo de dinero mediante inversiones en desarrollos hoteleros, un negocio que presuntamente involucra a narcos y funcionarios del oficialismo, a los que Leyva mencionaba por su nombre.
El gobernador Jara reconoció a Leyva como un periodista crítico de su Administración, “como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones”, según un mensaje divulgado tras el crimen. Jara dijo que aún no estaba claro el motivo del asesinato, pero adelantó un deslinde: que su Gobierno era “respetuoso de la crítica y de la libertad de expresión”. El mandatario encargó una investigación exhaustiva a la Fiscalía estatal, a la que pidió colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR). “No vamos a especular ni adelantar conclusiones sobre el móvil. Lo que corresponde es una investigación seria, profesional y transparente, que determine quiénes son los responsables y permita llevarlos ante la justicia”, pidió.
Desprotección institucional
Leyva denunció desde el año pasado que había sido víctima de amenazas de muerte, según recoge Reporteros Sin Fronteras (RSF). Leyva, detalla la organización, sostenía que los ataques derivaban de su exposición en un programa difundido durante las conferencias de prensa del gobernador. El programa, llamado Trapitos al Sol, “tenía como objetivo declarado desmentir informaciones que el Gobierno estatal consideraba falsas o engañosas”, dice RSF. Uno muy parecido al Quién es Quién en las Mentiras del exmandatario Andrés Manuel López Obrador y al Detector de Mentiras/Derecho de Réplica de la presidenta Claudia Sheinbaum, que el oficialismo defiende como canales de combate a la desinformación, pero que para organizaciones defensoras estigmatizan a los periodistas y los exponen a ataques.
De hecho, Leyva dijo que aquella exposición pública de la que fue objeto “fue seguida por una campaña de desprestigio impulsada por medios de comunicación y cuentas en línea, así como por amenazas de muerte realizadas por teléfono por personas no identificadas. Leyva atribuyó esa campaña al Gobierno estatal y responsabilizó públicamente al gobernador por cualquier daño que pudiera sufrir”. El periodista presentó denuncias en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante la FGR, que remitió el expediente a la Fiscalía estatal. RSF dice que ninguna de estas autoridades adoptó medidas de protección para Leyva, por lo que les ha exigido ahora una “explicación pública” por su inacción, cuando “conocían la situación de riesgo en la que se encontraba el periodista”.
Leyva también había denunciado ser objeto de acoso judicial, luego de que la Auditoría Estatal de Jara iniciara una indagatoria en su contra por supuestos malos manejos en Cortv casi seis años después de que el periodista había dejado el cargo de director. Una vez más, el mandatario estatal se deslindó de aquel asunto, en el que las organizaciones defensoras advertían actos de acoso judicial contra la prensa independiente.
Este caso deja otra muestra no ya solo la desprotección a los periodistas sino de la abierta agresión a la que ha estado expuestos en gobiernos de Morena, el partido oficialista, o de sus aliados del PVEM. De la criminalización de la prensa y los actos de acoso judicial en San Luis Potosí, Campeche o Puebla al extremo del asesinato de los periodistas y la impunidad de sus crímenes en varios puntos del país. En México, la prensa se ejerce en condiciones muy precarias en los Estados, lo que deja a los periodistas en mucha vulnerabilidad frente a las redes de política y crimen, que a nivel local suelen estar muy entrelazadas.
Leyva ha sido la séptima víctima. Antes de él, tan solo este año, fueron asesinados Carlos Castro (Poza Rica, Veracruz, 8 de enero), Juan David Gámez (Nuevo León, 18 de marzo), Roxana Guzmán (Veracruz, secuestrada el 2 de junio y hallada muerta a finales del mes), Luis Ángel López (Poza Rica, 11 de junio), Alex Serna (Zihuatanejo, Guerrero, 3 de julio) y Josué Martínez (Puebla, 16 de julio). Algunos de ellos estaban inscritos en mecanismos de protección institucional; a otros, se les negó el acceso pese al riesgo que enfrentaban. Cada muerte expone las grandes fallas del Estado mexicano y su indolencia ante un problema que tiene enfrente y no hace más que empeorar.
